Asociación Indígena Lafkence presentará recurso de protección por proyecto Octopus

La Asociación Indígena Lafkenche de Penco presentará este viernes un recurso de protección amparado por los alcaldes de Penco y Tomé porque durante la tramitación del proyecto del terminal marítimo -en 2015-, el SEA había resuelto proceder a un proceso de consulta indígena. (Esto según todos los parámetros del código 169), pero finalmente el mes pasado aquel criterio fue modificado y resuelto en suspender la consulta indígena porque lo que opinaba ahora el servicio de evaluación era que el proyecto no tenía ningún impacto significativo a la comunidad indígena, sin dejarle la posibilidad de expresar su opiniones.

Álvaro Toro, abogado defensor del caso, señaló a El Ciudadano que «en el cambio de criterio entre diciembre del 2015 y ahora junio del 2016 el único antecedente nuevo son una cantidad importante de informes que entregó el titular del proyecto (BiobioGenera), el cual ingresó varios informes elaborados por profesionales pagados por la misma empresa en donde reconocieron que se habían equivocado en su primer informe y ahora se dieron cuenta, por el espíritu santo, que no se producía ningún impacto. Esto bajo la mirada de las organizaciones indígenas y los políticos regionales, es una clara ilegalidad y una arbitrariedad que afecta la obligación del estado de tratar a las comunidades indígenas como corresponde».

El jurista también explicó que si la corte de apelaciones acoge el argumento, significaría la caída o la nulidad de todas las otras resoluciones que vienen con posterioridad, incluido la aprobación del proyecto. «Implicaría que el proyecto fue mal aprobado y lo que tendría que pasar es volver a la etapa de consulta indígena y terminar con ese procedimiento».

Andrés Parada, vocero del Comité Bulnes Sin Termoeléctricas, manifestó a este medio que el recurso de protección es presentado porque la ciudadanía sabe que es un proyecto mal planteado, que se subdividió irregularmente y que principalmente le faltó el respeto a las personas que no fueron consideradas en las consultas indígenas. Además de señalar que hay argumentos técnicos que no han sido manifestadas, por ejemplo que somos un país sísmico, con riesgos de explosión -considerando la terminal gasífera-. «En Estados Unidos hay una norma que dice que tiene que haber un radio superior a 5 kilómetros para la construcción o la instalación de estos puertos flotantes y en cambio acá están a 1.8 kilómetros, afectando directamente la pesca y el turismo. En general la ciudadanía lo ha demostrado con todas las manifestaciones pacíficas que devienen en actividades que armamos y a través de eso se rechaza el proyecto y en la voz de un grupo mayoritario de personas».