Un informe reciente del Servicio Médico Legal que fue entregado al diputado René Saffirio, quien presidente la comisión investigadora del Sename 2, revela detalles sobre las razones que habrían provocado la muerte de 185 niños internados en centros del Servicio Nacional de Menores entre 2005 y 2016.
Algunas de las causas apuntan a homicidios, suicidios por ahorcamientos y más de cinco intoxicaciones por monóxido en incendios, lo que ha reforzado la preocupación sobre la situación de niños, niñas y adolescentes que son protegidos por el organismo.
Ante la delicada situación del Sename, la bancada independiente de la Cámara de Diputados incluso busca interpelar a la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Los trabajadores del Servicio, en tanto, agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename (AFUSE), también quisieron dar a conocer su perspectiva acerca de la crisis que enfrenta la institución.
Alicia del Basto, presidenta del AFUSE recalcó que «los niños y las niñas que nosotros atendemos son los más vulnerados de esta sociedad. Son los niños que nadie quiere, ni sus propias familias muchas veces lo pueden tener. Hay debilidades en las leyes y tenemos niños con enfermedades graves, niños desahuciados».
Según la dirigenta, hay casos de salud graves que hoy no pueden ser resueltos por los profesionales en servicio en el Sename. En este sentido, los funcionarios hacen hincapié en la subvención de 180 mil pesos por niño que el Estado otorga, asegurando que insuficiente para resolver la situación de los menores, especialmente de aquellos que tienen enfermedades crónicas.
Además, el personal no está del todo capacitado para resolver las complicaciones, viviendo su propia crisis estructural con cerca de mil licencias médicas en un total de 4 mil funcionarios, y una preocupante ausencia de políticas de cuidado respecto de los propios trabajadores, que a veces reciben maltratos de parte de los niños, niñas y adolescentes.
«Aquí vienen a trabajar personas que muchas veces no tienen las condiciones para trabajar en esto, les pagan el mínimo y hay mucha rotación de personal. Todo eso vulnera el sistema. Hoy para nosotros esto no es nada nuevo y para los parlamentarios tampoco debería serlo», recalcó la presidenta de los funcionarios.
LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Las negligencias evidenciadas por el propio sistema se han acumulado a lo largo de los años como un historial negro al que nadie quiere prestar atención. En 2007, por ejemplo, cuando 8 niños murieron en un incendio, también se realizó una comisión para investigar lo ocurrido, aunque finalmente no se tomaron decisiones de fondo.
En este escenario, la desconfianza con la gestión de la clase política aumenta. Recientemente, la presidenta Bachelet señaló que el gobierno ya se encuentra trabajando en el tema y que se está coordinando con el «conjunto de ministros con respecto a identificar a cada uno de los niños con diagnóstico complejo que puedan no estar siendo atendidos y se está haciendo todas las medidas posibles”.
Para los especialistas que llevan años trabajando en estos temas, la respuesta de la Mandataria es insuficiente y pone en evidencia que no se ha entendido del todo la gravedad de la crisis del Sename.
«Las razones por la cuales la institución está en crisis son de distinto orden y todas las evidencias que hay señalan que el Estado violó sistemáticamente los derechos de los niños que están, particularmente, en el Sistema de Protección Residencial, conocidos como los hogares de menores», detalla la psicóloga clínica infanto-juvenil y directora de la Corporación SOFINI, dedicada al Desarrollo y Promoción de la Niñez, Adolescencia y las Familias Vulnerables.
Especialistas y funcionarios recuerdan que la promesa de una nueva institucionalidad para el Sename estaba entre los compromisos adquiridos por la presidenta Bachelet, aunque finalmente «con el tema presupuestario nos bajaron de las prioridades», sentencia Alicia del Basto. Y agrega: «Nadie puede decir que los niños son prioridad».
Aunque el propio escándalo del tema ha motivado la instalación de la crisis del Sename en la agenda política, es claro que aún no se ha convertido en una prioridad a resolver por el Estado, que además ha abandonado a los niños desde el punto de vista de los recursos y la garantía de sus derechos más básicos, como la salud, una vivienda digna y la reunificación familiar.
En el corto plazo, aseguran los especialistas, es importante hacerse cargo de lo urgente, en paralelo a las definiciones más estructurales que se puedan realizar respecto al futuro del Sename. Actualmente, hay cerca de 14 mil 500 niños y niñas que están en residencias de colabores o administración directa del organismo.
LA MUERTE DE JAMES, DE 3 AÑOS
Durante la semana pasada, el pequeño James Gaete (3 años) murió al cuidado de uno de los centros del Sename en Ñuñoa. El menor fue internado por una neumonía, derivada de una patología hepática por la que fue transplantado en junio pasado, y tras su muerte los paramédicos de una expresa externa denunciaron negligencia de parte del recinto.
«Cuando un niño, como en el caso de James, se le vulnera el derecho a la salud física, la prioridad de los esfuerzos y de la intervención del Estado es atender ese aspecto«, recuerda la psicóloga Iris Morales.
Durante esta jornada, la Corporación SOFINI presentó una querella por el caso de James, asegurando que al pequeño se le negó desde su nacimiento el acceso a la salud. «Su muerte hace una semana refleja la indolencia y negligencia más brutal de una sociedad indolente que sólo por el hecho de ser un niño pobre, excluido, con padres que tuvieron en algún momento adicciones pero ya están recuperados, el niño fallece en condiciones de negligencia».
Por ello, en adelante, recalcan, las propuestas para la solución de la crisis del Sename tienen que ser serias y para ello deben estar apegadas a un criterio fundamental que la clase política pareció olvidar hace años en este tema: la urgencia.