Acogen reclamo de comunidades Mapuches Williches contra obras de hidroeléctrica en el río Pilmaiken

La Superintendencia de Medio Ambiente acogió el reclamo interpuesto por las comunidades opositoras a la central Osorno tras una serie de irregularidades en el desarrollo del proyecto que pretende emplazarse entre las regiones de Los Ríos y de Los Lagos.

En 2009 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Central Hidroeléctrica Osorno” fue calificado favorablemente mediante la Resolución Exenta N°3744, de la Dirección Ejecutiva de la entonces Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). Sin embargo,  en la oportunidad no se aplicó el cumplimiento del Convenio N°169 de la OIT, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, dado que éste entró en vigencia en Chile en septiembre del año 2009, es decir, con posterioridad a la calificación del proyecto presentado por la eléctrica Pilmaiquén S.A.

El requisito para la ejecución del proyecto eran las actas de reunión de las 3 comunidades indígenas asociadas al sitio de significación cultural Kintuante, las cuales fueron presentadas por la empresa el año 2014. Posteriormente, las comunidades opositoras al proyecto junto a la Asociación del Consejo de Comunidades Indígenas de Río Bueno y sus autoridades ancestrales efectuaron la denuncia y el cuestionamiento de la legalidad de tales documentos ante la Superintendencia de Medio Ambiente,  institución que acogió esta acción tras considerar que las actas emitidas no estarían acordes a los estándares básicos del mencionado convenio internacional.

El Senador Alfonso De Urresti, manifestó que “esta decisión contribuye a reivindicar los derechos de las comunidades, ya que es una señal clara y precisa para inversionistas que deben cumplir con el espíritu y el fondo del Convenio 169, de salvaguardar los derechos y contribuir a un desarrollo realmente sustentable y respetuoso en el ámbito ambiental, social, cultural”.

El parlamentario de la Región de Los Ríos reiteró que  “en el caso de este proyecto , queda claro que no se ha cumplido con el estándar internacional en materia de consentimiento indígena y esperamos que la empresa a cargo , la noruega Statkraft , cumpla con este estándar tal como lo haría en su propio país”.

José Araya, coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, relató a El Ciudadano que «desde el punto de vista administrativo, la empresa no puede ejecutar este proyecto y desde el punto de vista de los derechos de las comunidades indígenas de Pilmaiquén, este es un avance bien importante para la reivindicación de sus derechos y por cuanto un servicio del Estado reconoce de que hubo irregularidades y no se están cumpliendo los estándares ante el deber del gobierno en materia indígena».