La Ministra de Justicia, Javiera Blanco ha protagonizado la polémica nacional de los últimos días y no parece querer salir del foco. En medio de la problemática de Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores, la representante de la cartera tomó la guadaña para cortar por lo sano y desvinculó a 123 funcionarios de gendarmería.
La titular declaró a la prensa que este es el resultado de una investigación por “uso abusivo” de licencias médicas, y que de un de un total de 596 casos de permisos médicos extendidos por más de seis meses en dos años, solo en 61 se logró justificar la licencia .
Abusos de licencias denunciadas hace meses
“Tenemos 412 casos en que la comisión médica se está abocando a la revisión de los mismos para determinar el cauce final. Y la determinación final de la desvinculación de 123 funcionarios que corresponden a usos abusivos de licencias médicas”, afirmó Blanco.
Sin embargo el foco por parte de la asociaciones de funcionarios sigue puesto en la Ministra que, aunque en sus declaraciones busca salvaguardar la integridad de la institución, sus acciones no logran cubrir la mala administración a los ojos de los dirigentes, quienes reclaman que esta información estaba en manos de la Ministra hace mucho tiempo y no tomó acciones
“Le dijimos lo que estaba pasando, y no nos hizo caso. No nos escucha y no atiende a los funcionarios. Pensamos que ella tiene que irse. No ha hecho buena gestión”, señala la presidenta de los funcionarios de Gendarmería, Viviana Camilo.
Tal como informa la dirigente, a principios de mayo de este año, se envió la Ministra de Justicia una carta redactada por la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y auxiliares de Gendarmería, Adiptgen, donde denuncian el proceso indiscriminado de mejoras de grados y nuevas contrataciones con grados por sobre el promedio de los funcionarios que llevan años de servicio, así también reclamaron por la continuación de la mala práctica de contrataciones directas, que en 2015 fueron el 81% y que contaba con se recontrataciones a funcionarios en retiro con jubilaciones Dipreca.
Entran y salen Directivos
Con el escandalo de las pensiones y licencias en gendarmería se gatillo la renuncia del director nacional de gendarmería Tulio Arce, anunció su renuncia, después de 30 años de servicio, acción que fue aplaudida por el presidente de la asociación de suboficiales, Joe Gonzalez pero que calificó como insuficiente «hay una sensación de que se avanza, pero que es insuficiente la medida. Hemos esperado que se anunciara también la renuncia de la ministra, porque tiene bastante responsabilidad en estas situaciones».
Así se anunció que el nuevo director de la institución sería Jaime Rojas, y el nombramiento lejos de calmar las aguas, generó más tensión. Si bien secretaria de Estado, indicó que “la decisión ha sido en base al mejor perfil para llevar los desafíos que se vienen. Lo que tenemos es a la persona más idónea en base a sus perfiles”, el secretario general de la asociación de suboficiales , Carlos Fernandez manifestó que no estaban satisfechos con la asignación de Jaime Rojas, «No estamos conformes. Esperábamos a uno de los nuestros. Hay personas capacitadas. Hay muchos suboficiales que tienen posgrados que podrían asumir».
Otra del SENAME
También en medio de la polémica por las muertes infanto-juveniles de los niños participantes del programas SENAME, y la salida de la Ministra cuando se refirió a los niños del como «STOCK», golpea nuevamente la noticia de que este viernes en el centro de SENAME Arica, se fugaron 14 menores de edad. Ante el hecho la Ministra inmediatamente sentenció «Vamos a hacer denuncias ante el Ministerio Público” agregando «no quiero adelantar responsabilidades». Aún falta que regresen 4 de los jóvenes que salieron del recinto dependiente de la cartera de Blanco y lejos de contar identificar las causas que motivaron el hecho la Ministra a enfocado sus últimas declaraciones a pesquisar los culpables.
La amenaza del destape
“Voy a destapar todas las ollas que no se han destapado en 20 años”, esa fue la última afirmación de la titular de justicia, dichas declaraciones pueden referirse, entre otras, a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal que generó otra de las crisis de la institución, con la nueva norma la población penal aumentó sustancialmente, llevando a la Cámara de Diputados a crear una comisión investigadora, que concluyó que la implementación de un manual de procedimientos para la contratación a honorarios recomendado por contraloría. La investigación arrojó que, durante 2003, se extendieron cheques a 25 personas fallecidas o que no prestaban servicios en la institución. Ese mismo año se hizo público un informe sobre las millonarias asesorías realizadas por altos funcionarios políticos de la Concertación entre 1990 y 2006. En ella se incluyen más de $7 millones, entre los para el actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez; cerca de $25 millones para el diputado Osvaldo Andrade; $15 millones para el entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado; $40 millones para la ex embajadora en Alemania y también ex ministra de Bachelet, Marigen Hornkohl; y $20 millones para Osvaldo Puccio.