El Gobierno venezolano ha expulsado al director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, horas después de la presentación en Caracas de un informe de la ONG con críticas al presidente Hugo Chávez. También ha sido expulsado el subdirector de HRW, Daniel Wilkinson, según un comunicado oficial de la Cancillería venezolana. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, ha informado que ambos han abandonado ya el país.
La nota del ministerio señala que el Gobierno ha decidido expulsar al director de la ONG, con presencia en más de 70 países, tras evaluar las declaraciones públicas hechas por Vivanco y establecer que con ellas «ha violentado la Constitución y las Leyes» de Venezuela «agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana». Señala asimismo que se ha inmiscuido «ilegalmente en los asuntos internos» del país.
«Es política del Estado venezolano, apegado a los valores de las más avanzada y democrática constitución que haya tenido nuestro país en su historia, hacer respetar la soberanía nacional y garantizarle a las instituciones y al pueblo su defensa frente a agresiones de factores internacionales», indica la nota.
La Cancillería agrega que las agresiones de la ONG responden «a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de los Derechos Humanos despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo». En el comunicado, el Gobierno dice que ha notificado a ambos «la obligación de abandonar de manera inmediata la patria del Libertador Simón Bolívar».
Tom Porteous, el director de HRW en Londres, ha lamentado la expulsión de Vivanco y Wilkinson. «Es muy desafortunado que el Gobierno de Venezuela haya tomado esta decisión», señaló Porteus. En su opinión éste «es un ejemplo de lo que critica HRW en su informe: que Venezuela tiene un Gobierno que no tolera las discrepancias».
El portavoz considera que la cancillería venezolana ha hecho «acusaciones difamatorias» al señalar que el informe del organismo obedecía a intereses estadounidenses. «[Los diplomáticos] deberían de revisar el trabajo de HRW, y ver todas las críticas que hacemos al Gobierno de EE UU, especialmente en materia de lucha contra el terrorismo», ha puntualizado. Finalmente, ha asegurado que no amedrentarán con la expulsión y que «se abrirán caminos y sortearan obstáculos» para seguir exponiendo las carencias en materia de derechos humanos en Venezuela y todo el mundo.
Informe sobre el control judicial
La organización no gubernamental presentó ayer en Caracas un informe de 267 páginas en el que criticó el «desprecio» del presidente Chávez por «derechos fundamentales», bajo el título Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.
La ONG denuncia la supuesta falta de independencia del Poder Judicial, las actuaciones contra medios de comunicación opositores, la ausencia de elecciones sindicales libres, o la «actitud de confrontación agresiva frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil». La falta más grave, según el estudio, fue la ley que reformó el Tribunal Supremo en mayo de 2004, al incorporar Chávez 12 jueces chavistas y convertir el tribunal en un apéndice del Ejecutivo.
José Miguel Vivanco, con pasaporte chileno, y Daniel Wilkinson, con nacionalidad estadounidense, han sido los responsables del informe que denuncia que la falta del control de los jueces venezolanos y critica que el máximo tribunal del país se ha convertido en un títere del Gobierno de Chávez. En la rueda de prensa de presentación del informe, Vivanco señaló que «particularmente serio es el debilitamiento sistemático, y creemos, deliberado, de las instituciones democráticas».
Vivanco, como máximo responsable de la organización en América, había criticado previamente a Estados Unidos por su gestión en Guantánamo y al de Colombia por el proceso de inserción de los paramilitares. Pero ahora Vivanco ha reconocido los abusos y violaciones del Ejecutivo de Chávez contra los derechos fundamentales.
El propio Wilkinson, responsable del equipo de cuatro personas que desde 2006 trabajó en el informe sobre 10 años de Chávez, dijo que intentaron ponerse en contacto con el Gobierno venezolano en todos los temas tratados en el documento. «Pero desde hace tres o cuatro años es más difícil hacer ese trabajo en Venezuela por la actitud de confrontación de Chávez. A consecuencia de esa actitud el Gobierno se ha vuelto más cerrado si lo comparamos con otros países de la región», indicó Wilkinson.
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