Frente a las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien calificó como “un montaje” el caso de Claudia Pizarro, mujer quien demandaba un aborto terapéutico por gestar un feto anencefálico, numerosas organizaciones sociales de mujeres y derechos humanos realizarán hoy 7 de enero, a las 13.30 horas, una manifestación frente al Ministerio de Salud, repudiando la postura de la autoridad.
La convocatoria apunta al hecho de que el aborto terapéutico en Chile, derogado por la dictadura militar de Pinochet el año 1989, es una deuda histórica de todos los gobiernos desde el regreso de la democracia, y que la legislación punitiva no ha significado una disminución del número de abortos en el país, que alcanzan a aproximadamente 160 mil cada año, todos ellos clandestinos.
Asimismo, son las mujeres pobres quienes sufren las consecuencias más graves, tanto en términos sanitarios como legales, pues frecuentemente son denunciadas en los hospitales que atienden las complicaciones de abortos inseguros. Esto convierte al aborto en un problema de derechos humanos y justicia social, al mismo tiempo que de salud pública.
Más aún, las organizaciones convocantes enfatizan el hecho de que toda mujer tiene el derecho a tomar decisiones libres sobre su salud sexual y reproductiva, y que en el caso de mujeres cuyas vidas están en riesgo por el embarazo, que han sido violadas, o que gestan fetos con gravísimas malformaciones incompatibles con la vida, deben tener acceso garantizado a la interrupción legal y seguro del embarazo. En el caso de Claudia Pizarro, la alteración de su examen de Papanicolau obligaba a hacer un diagnóstico certero dentro de 40 días por el peligro de cáncer, por lo que la espera hasta el término del embarazo representaba indiferencia por su vida y una tortura psicológica por la obligación de llevar en su vientre un feto sin cerebro, inviable.
La movilización ciudadana continuará con otras acciones dirigidas a interpelar a otros poderes públicos, en especial el mundo parlamentario, para que se mantenga abierto el debate y se generen cambios legales.
Santiago, 6 de enero, 2011.
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