Marco Kremerman: Ratificación del TPP empeña posibilidad de pasar de las AFPs a un sistema de reparto

Foto Coordinadora NO+AFP

El economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, afirmó que si el Parlamento chileno ratifica el TPP no se podría cambiar la normativa operacional para las AFPs. Esto, debido a que los capitales estadounidenses que controlan las aseguradoras podrán exigir que el Estado chileno no realice modificaciones al sector donde invierten.

El economista recordó que actualmente las empresas Principal (Cuprum), Metlife (ProVida) y Prudential (Habitat), de nacionalidad estadounidense, controlan el 75% de los activos de todos los chilenos, con un total de más de 120 mil millones de dólares. De este modo, la movilización social para tener un nuevo sistema de pensiones y cambiar las actuales reglas del juego no podría llevarse a cabo, si el parlamento osara ratificar el TPP.

En su consideración, en general los tratados de libre comercio y los tratados multilaterales, incluyendo el TPP, intentan lograr -en términos comerciales- la desregulación en los países suscriptores. Esto, bajo la promesa teórica de que en esas circunstancias habrá más crecimiento, más empleo y mejores condiciones de vida.

Pero en realidad, y como señala la experiencia histórica, los países que actualmente son potencia sólo llegaron a serlo con proteccionismo y sin libre comercio, pero ahora le imponen esta forma de relación económica a los países más pequeños, para favorecerse. “Así ha sido la historia de las relaciones comerciales, los momentos en que más han crecido los países, sobre todo en América Latina, es cuando los sindicatos han sido fuertes, donde no ha habido tanto tratado de libre comercio, tanta relación económica con países grandes, porque ahí los chicos siempre pierden” afirmó Kremernan.

Con tratados comerciales como el TPP se busca principalmente que las empresas transnacionales tengan certeza jurídica y económica, vale decir, que en los lugares donde operan no les cambien las reglas del juego, de que si el negocio opera de tal manera en 2016, en el 2030 vaya a ser de la misma forma.

“Así pasará si queremos migrar a un sistema de reparto. Esas empresas podrán ir a un tribunal internacional y decir que les están cambiando las reglas del juego. Por lo tanto, habrá ahí un poder mayor que el propio Estado y los chilenos perderán soberanía al no poder definir la seguridad social que quisieran, debido a que hay empresas que controlan sus fondos y que no van a permitir modificaciones” sentenció Kremerman.

Lo mismo sucedería, afirmó, si eventualmente se quisiera crear un Sistema Nacional de Educación Pública. En el caso de la Educación Superior donde la matrícula es eminentemente privada (73%), las empresas educativas como el grupo Laureate International Universities, dueños de la Universidad Andrés Bello, Universidad de las Américas, Universidad Viña del Mar y el Centro de Formación Técnica AIEP, que entre 2006 y 2015 recibió $588.725.000.000 vía Crédito Aval del Estado; podrían demandar al Estado por dejar de financiar su negocio de forma indirecta y redistribuir recursos fiscales a los planteles públicos.