El informe de la comisión investigadora señala a los empresarios como principales responsables del derrumbe y propone crear un Fondo de Seguridad Minera; aumento de multas, sanción penal para los infractores y establecimiento de una Superintendecia que fiscalice el rubro.
Tras cinco meses, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, convertida en Investigadora sobre Faenas Mineras a raíz del derrumbe de la mina San José, en Atacama, concluyó su labor concordando un informe único, basado en testimonios de los involucrados así como en expertos del sector minero.
El presidente de la Comisión, diputado Alejandro García-Huidobro (UDI), sostuvo que las propuestas van en el sentido de lo que el país está esperando, esto es, pedir que se priorice en cualquier faena el derecho a la vida y a la salud de los trabajadores y entender que este tipo de operaciones económicas no pueden pasar por encima de la seguridad de las personas.
Para el diputado Lautaro Carmona (PC), el trabajo se realizó con una transversalidad muy grande para concordar criterios respecto de quiénes fueron responsables del accidente, así como en muchas de las conclusiones expresadas. Sostuvo que las sugerencias propuestas buscan dar garantías a los trabajadores que su necesidad de tener ingresos a través de un trabajo en minería, no significará poner en alto riesgo sus vidas.
El informe contiene tres capítulos: La consignación de los hechos, la asignación de las responsabilidades y las propuestas. Respecto a lo segundo, fueron definidos como principales responsables del accidente los empresarios Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, dueños de la mina San José.
“Es la síntesis de las denuncias consecutivas de quienes asistieron a la Comisión, incluyendo la última delegación de cinco de los 33 mineros”, precisó Carmona. “Hay una gran responsabilidad de los dueños de la empresa San Esteban, por la forma en que llevaron adelante este proyecto sin escatimar en todos los riesgos que esto significó”, agregó Carlos Vilches (UDI).
Los antecedentes sobre el actuar negligente de los empresarios serán entregados al fiscal del Ministerio Público. Por otro lado, la responsabilidad política recayó en el personal del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), tanto desde una perspectiva administrativa, por la comisión de una serie de errores en las autorizaciones, como fiscalizadora.
Además, se responsabiliza en menor medida al Servicio de Salud de Atacama y a la Dirección del Trabajo. El primero, por haber autorizado la reapertura de la mina San José el 31 de julio (después del accidente de Gino Cortez), sin contar con el informe geotécnico necesario; y la segunda, por no verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en materia laboral.
Respecto de las propuestas, se plantea una profunda transformación del Sernageomin y la rigidización y modernización de las entidades fiscalizadoras.
La Comisión también propuso trasparentar el historial de las empresas mineras y se plantea disminuir de cien a cincuenta la cantidad de trabajadores de una mina, para que ésta cuente obligadamente con un prevencionista de riesgo.
En materia de incentivos, se considera la creación de un Fondo de Seguridad Minera, sustentado con recursos del Estado, que beneficiaría principalmente a los pequeños productores. En cuanto a desincentivos, se establece un sistema de multas y de responsabilidad penal para quienes cometan infracciones, como podría ser ocultar información sobre accidentes laborales.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
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