Decisión de no insistir en caso Víctor Jara y estudio cuestionan compromiso del Gobierno con Derechos Humanos

La decisión de no insistir en la detención de los asesinos del cantautor Víctor Jara por parte del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, volvió a poner dudas sobre la política de DDHH llevada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Las críticas de abogados y organismos de defensa de Derechos Humanos apuntaron –como en otras ocasiones – a la actual directora del Programa de Derechos Humanos, la ex fiscal Rossy Lamas, lo que ha generado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), exija su renuncia inmediata.

El caso del crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973 en el ex estadio Chile, pasó a un siguiente trámite cuando en 2010, el entonces abogado querellante del Programa de DDHH, Cristián Cruz, decidió pedir la prisión preventiva en contra de de algunos oficiales (R), como Erdwin Dimte, Hugo Sánchez, Raúl Jofré y Rolando Melo, ex fiscal militar. No obstante, el recurso fue rechazado y éste apeló a la Corte de Apelaciones. Fue en ese momento, sin embargo, que el abogado Cristián Cruz fue despedido del Programa. La razón que Rossy Lamas (en la foto) dio a la prensa fue que “no reunía los requisitos de las nuevas políticas de trabajo”.

De esa forma, el trámite por el crimen de Víctor Jara siguió un curso normal en la Justicia y el organismo de Gobierno decidió no apelar en busca de los culpables.

IMPUNIDAD «INSTITUCIONAL»

La decisión de no apelar ha provocado fuertes críticas entre diversos sectores vinculados a la defensa de DDHH. Uno de ellos, Cristián Cruz, ex abogado miembro del Programa del Ministerio del Interior, ignora exactamente las razones del por qué de esta decisión. Sin embargo, tanto Cruz en sus declaraciones a la prensa, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), coinciden en la “existencia de una política de impunidad”.

Para Cruz “aquí claramente hay una política de impunidad que ella (Rossy Lamas) ha venido desarrollando en el programa y no sólo en este caso, sino en otros. Prueba de ello, es la serie de querellas que realizaron diversos abogados y que han sido retenidas en la oficina del Subsecretario o del Ministro del Interior”.

Por su parte, la AFDD agrega que la autoridad viene teniendo una actitud conciliadora con los violadores de derechos humanos, así como una lentitud al momento de presentar los casos ante la justicia. “Se agrega el desistimiento de la apelación para que se detuviera a militares imputados en el brutal homicidio de Víctor Jara, hecho que sorprendió incluso a los Magistrados que veían la causa” afirmaron.

“Es todo lo contrario, la verdad que la voluntad del Gobierno en materia de DDHH es avanzar en materias de investigación. Se han formado equipos de trabajo, se ha creado una forma de trabajar distinta”, señaló en entrevista con ADN Radio la aludida Directora del Programa de Derechos Humanos.

En cuanto a la reducción de abogados y personal, Lamas afirmó que “el primero de enero se han incorporado cuatro abogados nuevos, todos ellos con diversas especializaciones en materias de Derechos Humanos, han trabajado en la Corte Interamericana, han trabajado en la Comisión Valech”.

Finalmente, en relación a casos emblemáticos, Lamas afirmó que “precisamente se están evitando este tipo de situaciones que lo que hacen es dilatar causas que tienen que irse a la Corte de Apelaciones para que sean vistas.” Respecto al caso específico de Víctor Jara, Lamas afirmó que se están realizando todos los esfuerzos para encontrar a los homicidas.

MÁS CUESTIONAMIENTOS

A estos cuestionamientos se suma un estudio hecho por el Observatorio Parlamentario que concluye que los partidos de Gobierno no mantienen un alto compromiso con los temas de DDHH. “Muchos compromisos y discursos, pero al final se cumple muy poco”, señalan en el Observatorio.

Esa es la inferencia que ellos hacen a partir de dicho estudio realizado por el Observatorio a los legisladores de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y que devela un escaso compromiso con los temas relacionados de DDHH y profundización de la democracia.

Según el Observatorio, los parlamentarios oficialistas muestran un mayor compromiso con iniciativas tales como el proyecto de ley que propone medidas contra la Discriminación, con casi un 94% de apoyo, y la ley que establece el reconocimiento de los Pueblos Indígenas, que cuenta con un apoyo declarado del 91%. En el otro extremo, el proyecto de ley sobre el establecimiento de cuotas de presencia mínima de mujeres en el Parlamento, resultó con el menor respaldo, al igual que la propuesta sobre la Iniciativa Ciudadana de Ley, que tampoco cuenta con el respaldo de los legisladores UDI y RN.

Otro dato importante es que el cuestionario –entregado entre julio y diciembre de 2010– fue respondido sólo por el 65% de los parlamentarios, de los cuales, los de la Concertación respondieron más que los del oficialismo.

Al respecto, Camila Maturana, coordinadora del Observatorio indicó que lo negativo de esto es la baja disposición de los parlamentarios UDI y RN para dar a conocer sus opiniones o posturas a la ciudadanía, respecto los DDHH y Democracia, lo que entorpece la adecuada comunicación que debe existir entre los legisladores y sus electores, así como la rendición de cuentas de los primeros.

Por Christian Armaza Benavides

El Ciudadano