En torno a la decisión adoptada el 21 de abril de este año por el gobierno del presidente yemenita, Abd Rabbo Mansour Hadi, y los representantes del movimiento insurgente Ansar Allah y del Congreso General del Pueblo (CGP) se apostaron desde el inicio demasiadas cartas, y no todas bienintencionadas.
Transcurridos apenas cuatro meses de negociaciones sin ningún logro tangible, la delegación gubernamental anunció el 29 de julio que las abandonaba al considerar un «nuevo golpe» el anuncio de los sublevados houthis y sus aliados del CGP de formar un Consejo Político Supremo (CPS).
Aunque la ONU y el país sede movieron fichas y presionaron para rescatar un diálogo al borde del precipicio, el plazo concedido por Kuwait a ambas partes hasta el 7 de agosto para que sellen un arreglo tampoco garantiza los frutos deseados, ni en contenido, ni en forma ni en tiempo.
Con anterioridad, el gobierno amenazó con boicotear al menos dos veces las pláticas y los sublevados se mostraron reticentes a acatar la controversial hoja de ruta para la paz basada en la resolución 2216 de la ONU, lo que ya hacía presagiar un éxito limitado o tardío de las conversaciones.
Último tropiezo
«No puede haber más conversaciones después del nuevo golpe», comentó el 29 de julio el portavoz de la comitiva oficialista, Mohammad Al-Emrani, en alusión al CPS que conformaron Ansar Allah y los militares leales al CGP, el partido que lidera el expresidente Alí Abdulah Saleh.
Culpó a «la alianza houthi-Saleh» de hacer fracasar el diálogo de Kuwait y de no haber mostrado seriedad, mientras el vicedirector de la oficina del presidente yemenita y miembro de la delegación negociadora, Abdullah Al-Olaimi, declaró que «las conversaciones habían terminado completamente».
Sin embargo, dos días después seguían los cabildeos diplomáticos en la capital kuwaití, más que para discutir puntos concretos, para garantizar la continuidad de las pláticas y, con suerte, hacer que lleguen a buen puerto.
A solicitud del mediador de la ONU, Kuwait, que el 20 de julio dio un ultimátum de 15 días a los yemenitas para anunciar un acuerdo de paz, aceptó mantenerse como anfitrión hasta el 7 de agosto, un paso que también le evitaría el sinsabor de ser recordado como sede fallida.
Por su lado, Cheikh Ahmed analizó con los beligerantes las visiones para solucionar la crisis en la nación más pobre del mundo árabe y enfocó las conversaciones con los insurgentes en el CPS.
Igualmente, entregó a ambas partes un borrador sobre las «visiones para el próximo período» con la prioridad puesta en una solución «integrada y abarcadora» de la crisis y una propuesta para extender las pláticas «por un corto período de tiempo».
La última manzana de la discordia fue el flamante Consejo Político Supremo integrado por 10 miembros y cuya misión será «regir los asuntos del Estado en los ámbitos político, militar, económico, administrativo, social y de seguridad», según anunciaron sus dirigentes el 28 de julio.
Dicha estructura se supone que reemplaza al Consejo Revolucionario Supremo establecido por Ansar Allah en febrero de 2015 para gobernar el país luego de la disolución del gabinete de Hadi y del parlamento.
Los rebeldes tomaron Sanaa, la capital, en septiembre de 2014 y desde entonces expandieron su dominio a otras regiones yemenitas donde cuentan con amplia base popular que les ha permitido sobrevivir a bloqueos y bombardeos aéreos, terrestres y navales de Arabia Saudita y sus aliados.
Riad, que inició el 26 de marzo de 2015 bombardeos aéreos unilaterales contra Yemen en la que llamó operación Tormenta Decisiva, concertó después una coalición de 10 naciones árabes-islámicas que mantiene la ofensiva como parte de la rebautizada como operación Restauración de la Esperanza.
De hecho, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Abdullatif Al-Zayani, dijo estar «profundamente preocupado» por el acuerdo entre los insurgentes chiitas y sus aliados leales a Saleh para crear el CPS que definió como «flagrante violación de la resolución 2216».
Sin dudas, los buenos oficios de Cheikh Ahmed y de los embajadores de los 18 países acompañantes del proceso no disiparon suspicacias, en particular de los rebeldes que discuten y manosean, pero no acatan, la resolución adoptada en abril de 2015 por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El país anfitrión -que integra la coalición pro-saudita- junto a los demás miembros del CCG exhorta a las partes a hacer más concesiones y aplicar el texto de la ONU, la Iniciativa del Golfo (2011), su Mecanismo de Implementación y el resultado del Diálogo Nacional inter-yemenita.
Ansar Allah y el CGP ven como una capitulación la aceptación de la resolución 2216 y de los postulados del plan de paz que subrayan que «cualquier asociación política en el futuro debe ser entre partidos políticos y grupos que no tengan milicias».
No por casualidad, el canciller yemenita y jefe de la delegación del gobierno, Abdulmalek al-Mikhlafi, confirmó que Hadi aceptaba el acuerdo de paz propuesto por la ONU para poner fin al conflicto armado, apenas un día después de haber anunciado el abandono de las pláticas.
En una reunión con su gabinete en Riad, el presidente yemenita aprobó el borrador del previsible Acuerdo de Kuwait que llama a «la retirada (de los rebeldes) de Sanaa y de las ciudades de Taez y Al-Hudaydah».
Al-Mikhlafi indicó que fue autorizado a firmar el pacto, siempre que los alzados lo suscriban antes del 7 de agosto, pero el portavoz del liderazgo insurgente Mohammed Abdulsalam insistió en un arreglo «completo e integral», y rechazó lo que llamó «medias soluciones».
Bajo el entendimiento que sugiere la ONU, todas las decisiones de los rebeldes desde que tomaron Sanaa se anularían y se aboliría el polémico CPS.
Según fuentes diplomáticas, un diálogo político entre varias facciones empezará 45 días después del repliegue de los insubordinados de las ciudades que dominan y de la entrega de las armas pesadas a un comité militar que será formado por Hadi. Además, todos los prisioneros de guerra serán liberados.
Pero continúan sin definir escollos que ya se vislumbraban desde finales de junio en el sentido de que los rebeldes condicionaron un acuerdo con el gobierno a decidir un presidente de consenso para dirigir la transición.
La demanda de la insurgencia chiita se conoció después de que Cheikh Ahmed presentó a la ONU una hoja de ruta y la visión discrepante del ejecutivo de Hadi, que insiste en que como legítimo presidente debe liderar la transición.
Para los houthis, el jefe de Estado del período post-conflicto debe ser otra persona y, además, reiteraron su interés de que prevalezca el consenso respecto a todo lo que tiene que ver con la transición, incluidos el gobierno de unidad nacional y los comités supremos militar y de seguridad.
Beligerantes sin armas
Casi desde el mismo comienzo de la crisis, la ONU comprendió que el alzamiento de Ansar Allah era más que una revuelta de tintes sectarios, confesionales o tribales.
Que en Yemen se instalara un gobierno básicamente chiita en un espacio geopolítico como el que abarca el CCG, formado por seis monarquías árabes sunnitas, fue y será inaceptable para ese bloque regional y sus aliados occidentales, en particular Estados Unidos.
Ello explica la respuesta militar abierta e inmediata que recibió el pedido de Hadi en Riad y en cuatro de sus cinco socios del golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar y Kuwait), pues Omán no se adhirió a la coalición, aunque avala y/o acepta todas las acciones.
La campaña contra los insurgentes de Yemen recibió el visto bueno de Washington y de otras potencias occidentales, convencidas de que detrás del alzamiento estaba un enemigo jurado: Irán.
Incluso, círculos diplomáticos llegaron a aseverar que durante la cumbre de mandatarios de Estados Unidos y del CCG en Camp David, en mayo de 2015, Washington dio luz verde a la ofensiva saudita en Yemen para aquietar el malestar del bloque por el entonces inminente acuerdo nuclear con Teherán.
La nación persa niega tener presencia militar en suelo yemenita, pero informaciones divulgadas por sus adversarios refieren que envió estrategas para orientar a los rebeldes a los que, además de afinidad ideológica, les une un fuerte sentimiento religioso y espiritual.
Por ello la república islámica intentó desafiar el bloqueo marítimo impuesto por la coalición con el argumento de hacer llegar ayuda humanitaria, y recurrió a una diplomacia muy activa en busca de soluciones al conflicto, llegando a proponer a la ONU un plan de paz que fue desestimado por el CCG.
Dentro de la vieja rivalidad político-confesional, a nivel de Medio Oriente se insertan como actores indirectos el movimiento de Resistencia libanés Hizbulah e Iraq, cuyo gobierno simpatiza con el alzamiento houthi, aunque las tribulaciones con el Estado Islámico le impiden implicarse más.
Las encendidas denuncias del secretario general de Hizbulah, jeque Hassan Nasrallah, por los que califica de crímenes atroces de los sauditas y sus aliados en Yemen desencadenaron fricciones entre el reino y El Líbano, que sufrió sanciones económicas y militares como represalia.
Hizbulah es aliado de Irán y su ala militar combate en Siria, Iraq y -según algunas fuentes- también en Yemen, pero tiene representación en el gobierno y el parlamento, de ahí que incida en ciertas posiciones de Beirut.
Su parcialidad a favor de Teherán cuando Riad rompió relaciones diplomáticas en enero exacerbó tensiones y alentó al reino saudita a acusarlo de desestabilizar países del área y catalogarlo de terrorista, cruzada a la que sumó a la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y el CCG.
A título individual, el gabinete saudita reiteró en junio su voluntad de que la coalición árabe-islámica continúe su misión para «traer seguridad, estabilidad y garantías a los civiles, incluidos los niños», lo cual se asumió como continuación de acciones contra los rebeldes.
Observadores sostienen que la alusión a los infantes respondió a la inclusión de la alianza en la lista de grupos que violan derechos de los menores, de la que fue sacada casi de inmediato tras un escandaloso chantaje de dejar de financiar otros programas de la ONU, según admitió su secretario general, Ban Ki-moon.
Unos con letales arsenales y sobre el terreno, otros con ponderosos instrumentos monetarios y significativo respaldo logístico, a cierta distancia, interactúan en un conflicto que carece de arreglo a la vista mientras se mantenga como rehenes a la política y la diplomacia.
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