Para muchos opositores a la mina, que se encuentra en su última etapa de evaluación ambiental, la aprobación es de facto, ya que el Gobierno ya le habría dado su beneplácito, incluso antes de finalizar el trámite ambiental correspondiente.
Convencidos están en Punta Arenas, los detractores del proyecto Mina Invierno, de que éste se encuentra a un paso de ser aprobado. Su inclusión en el llamado “Plan Magallanes”, un conjunto de medidas desarrolladas por el Gobierno para impulsar la región y donde se lee textual “Incentivar el desarrollo de proyectos carboníferos en Isla Riesco”, sumado a declaraciones favorables de las autoridades nacionales y regionales al desarrollo de dicha explotación, los han llevado a dicho parecer.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Mario Pascual, concejal por Punta Arenas y miembro del Frente de Defensa Ecológico Austral, FDEA, dijo que siente que las minas están aprobadas “cuando el Presidente viene y dice con una liviandad tremenda que está OK”. Una opinión similar a la de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) –incluso cuando aún no se había respondido a todas las observaciones hechas al proyecto– a quienes les corresponde tomar la decisión final. “Los niveles de presión que ha habido son importantes.”
Pascual afirma que a los miembros de esta comisión “se les ha presionado, se ha llamado a los medios de comunicación. Se los ha invitado a cenas, almuerzos, a recorrer las instalaciones con cócteles apoteósicos”, a lo que agrega que “los Seremis y jefes de servicio que tienen que votar u opinar, también estaban invitados y asistieron a este tipo de manifestaciones”. Pascual reitera que el Gobierno busca sacar adelante el proyecto rápidamente.
Al respecto, Ana Stipicic, de la agrupación Alerta Isla Riesco es más cauta, y dice que “no es que haya sido aprobado de facto” explicando que, según la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), todo se ha hecho de acuerdo a lo que estipula la ley ambiental. Pero critica que “con estas declaraciones (del Gobierno) se afectó mucho el proceso de evaluación ambiental”. También coincide con Pascual, en relación a las presiones ejercidas por la empresa: “El lobby allá, durante todo el año pasado fue muy intenso”, involucrando a otros grupos e instituciones de la región, como la propia Universidad de Magallanes, pieza clave en conflictos ambientales anteriores, o la Municipalidad de Río Verde.
“Nosotros creemos que va a ser una decisión política más que técnica, porque el proyecto está lleno de errores, cosas que no se han hecho bien, y lleno de impactos”, señala Ana Stipicic.
Por su parte, la intendenta de Magallanes, Liliana Kusanovic, quien forma parte de la comisión que debe tomar la decisión final sobre el proyecto Mina Invierno, se ha mostrado partidaria del proyecto. En declaraciones a la prensa mencionó: “Es un proyecto de importancia por la inversión que significa para la zona, por el trabajo que puede aportar en mano de obra y porque además implica desarrollo para la región”. Si bien, reconoció su preocupación por el tema medioambiental, recalcó la importancia estratégica del yacimiento de Isla Riesco para alimentar la matriz energética chilena.
Estas actitudes y declaraciones, motivaron a los miembros del Frente de Defensa Ecológico Austral (FDEA) a recurrir a la Contraloría General de la República para denunciar estas prácticas favorables del Gobierno regional con el proyecto, pero la acusación no fue acogida. Al respecto, Ana Stipicic reconoce que la lucha “está súper difícil” por enfrentarse a dos grandes conglomerados empresariales con mucho poder (Angelini –Copec– y Von Appen –Ultramar-), pero también por oponerse al mismo Gobierno que permitió esta situación. No obstante “vamos a hacer todo lo que podamos”, asegura.
“Podemos dar una pelea importante todavía”, coincide Pascual. “Aunque la decisión está tomada, podemos revertirla con la unidad de los magallánicos”, señaló.
Por último, Gregor Stipicic, del FDEA, en declaraciones a radio Pingüino, convocó al segundo “Eco Fest” el viernes 28 de enero, en la Plaza Muñoz Gamero, de Punta Arenas, para manifestarse pacíficamente en contra del megaproyecto de la Minera Isla Riesco.
EL PROYECTO
Impulsado por Minera Isla Riesco, empresa formada por el grupo Empresas Copec, de propiedad de la familia Angelini, y Ultramar perteneciente a la familia Von Appen, el yacimiento Mina Invierno pretende ser la primera de cinco explotaciones carboníferas que se desarrollen en la Isla Riesco, en la comuna de Río Verde, Región de Magallanes.
La empresa espera invertir USD$ 480 millones en dicho emprendimiento, que incluye además, toda una serie de instalaciones industriales y depósitos de material, los cuales sumados a la emanación de sustancias tóxicas desde el mineral –agravados por los fuertes vientos del lugar- , alterarían seriamente la riqueza natural y paisajística de la zona, tanto en la misma isla –la cuarta más grande de Chile- como en el Seno Otway, brazo de mar ubicado entre la isla Riesco y la península de Brunswick.
En cuanto al uso del carbón, las miles de toneladas extraídas del yacimiento, estarán destinadas a abastecer las centrales termoeléctricas construidas –y/o que se pretenden construir– en el resto de Chile, con el fin de entregar electricidad, preferentemente, al sector minero e industrial.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
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