El día que la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, jugó su última carta antes del inicio del juicio político en su contra, la justicia abrió una nueva investigación sobre ella.
El martes, a través de una carta «al pueblo brasileño», la mandataria planteo un referendo para adelantar las elecciones presidenciales programadas para 2018.
La presidenta suspendida planteó que un adelanto de los comicios podría ayudar a Brasil a superar las divisiones y afrontar la crisis económica existente.
Sin embargo, la iniciativa de Rousseff se dio en medio de la apertura de un proceso autorizado desde la Suprema Corte Federal de Brasil por presunta obstrucción de justicia.
Un juez autorizó la apertura de una investigación a la presidenta Dilma Rousseff y a su predecesor, Luis Inácio «Lula» Da Silva.
Según informó este martes la prensa brasileña, Teori Zavascki le dio permiso al fiscal general Rodrigo Janot para realizar la investigación en donde hay otras cinco figuras de renombre implicadas.
En concreto, el fiscal verá si la designación de Lula da Silva como ministro de la Casa Civil en marzo pasado fue un intento de obstruir la justicia en el marco del caso de corrupción bautizado Operación Lava Jato.
A través de un comunicado, Rousseff negó las acusaciones y agregó que la investigación va a permitir que «la verdad prevalezca».
Por su parte, los abogados de Lula da Silva enviaron un correo a los medios alegando que el expresidente «no participó en ningún acto que pudiera configurar una obstrucción de la justicia».
Esta es la primera vez que la Suprema Corte autoriza una investigación a Rouseff, quien será sometida a un juicio político en el Senado el 25 de agosto bajo cargos de manipular las cuentas públicas.
Desde el 12 de mayo que su cargo es ocupado como presidente interino por Michel Temer.