Conclusiones de la primera mesa ciudadana sobre el sistema penitenciario son entregadas a la Presidenta

Organizaciones sociales de diversos sectores, Gendarmería, el Ministerio Público y otros, participaron durante el año 2015 en esta mesa ciudadana, que culminó en un protocolo de acuerdo con diagnósticos y propuestas para mejorar el sistema penitenciario.

Es la primera instancia de este tipo que se realiza en el país, que tuvo por objetivo unir a distintas organizaciones relacionadas y preocupadas por la situación penitenciaria en Chile, primero para generar un diagnóstico conjunto de la realidad actual y posteriormente para desarrollar propuestas orientadas a mejorar el conjunto de problemas que aquejan al sistema.

“La convocatoria de las organizaciones relacionadas al trabajo penitenciario, incluyendo a Gendarmería, el Ministerio Público y múltiples ONG’s, es uno de los éxitos más importantes de la Mesa, aunque no todos hayan podido suscribir al protocolo final, por diversos motivos, este si recoge la reflexión, el conocimiento y las miradas de todos quienes participaron, asimismo, la gran cantidad de temas que se pudieron exponer, la realización de un gran diagnóstico del sistema penitenciario, producto de muy diversos puntos de vista, y las soluciones otorgadas por cada partícipe son también grandes logros de esta primera Mesa Ciudadana sobre el Sistema Penitenciario”, señala Alicia Alonso, directora de Leasur ONG.

Dentro del diagnóstico conjunto que se realizó se encontró un creciente desinterés en los derechos fundamentales de los privados de libertad, la omisión del Derecho Internacional respecto de lo mismo y que hay un serio déficit en el diseño e implementación de regímenes de reinserción.

Por otro lado, se concluyó que existe una insuficiente especialización y capacitación de los actores del sistema, que hay falencias en los mecanismos de protección de los derechos al interior de las unidades penales y que el funcionamiento militar de Gendarmería se puede considerar un factor que incentiva la represión dentro del sistema penitenciario. Asimismo, los problemas en la infraestructura penitenciaria y su impacto en los derechos de los privados de libertad también fueron un tema relevante, junto con la compleja situación de los grupos vulnerables dentro de las prisiones.

Respecto a las propuestas el énfasis estuvo en la falta de una Ley de Ejecución Penal y de un Juez de Ejecución, lo que es fuente de innumerables problemas respecto de los privados de libertad, desde los traslados pasivos o «peloteos» arbitrarios como se les llama, hasta la poca investigación de los delitos que ocurren intramuros por presos entre sí o por gendarmes contra presos.

Alonso agrega que “también varias propuestas están orientadas de forma importante a las dificultades de la reinserción, a la falta de recursos, de talleres para acceder a beneficios, un prácticamente nulo seguimiento post penitenciario, etc. y a responsabilizarse activamente sobre la situación especial de vulnerabilidad de mujeres y extranjeros privados de libertad, y de los adolescentes como sector no abordado en los temas penitenciarios, lo que a fin de cuentas, hace de las propuestas de este protocolo de acuerdo algo muy contingente y necesario de ser escuchado por el Gobierno hoy en día».

Quienes suscribieron el protocolo de acuerdo entregado a la Presidenta Michelle Bachelet fueron ONG 81 Razones para Luchar, ONG CONFAPRECO, Corporación Abriendo Puertas, Fundación Pro Bono Chile, Libertades públicas, Comisión DD.HH. Revolución Democrática, Movilh Chile, Fundación Mujer Levántate, ONG Nuevos Horizontes, Fundación Paternitas, Adiptgen, Proyecto B, Red Social Inserta y ONG Leasur.