Luego de 6 meses de trabajo, los integrantes de la comisión investigadora sobre las irregularidades cometidas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) buscan un consenso. Esta instancia se creó para analizar diversas denuncias contra la gestión de Junaeb durante 2014 y 2015 por el presunto sobreprecio de 5 mil millones de pesos en licitaciones del programa de alimentación escolar.

Alejandra Sepúlveda, diputada independiente e integrante de la instancia, priorizó cuatro temas en esta etapa final luego de escuchar a numerosos invitados. Aseguró que es urgente lograr una mayor transparencia en el proceso de licitaciones y de los factores que permiten decidir entre una empresa u otra.

La legisladora advirtió que la institución maneja muchos recursos, pero no tiene la capacidad para fiscalizar estos temas.

“Se planteó de forma reiterada que había una captura de la Junaeb, en términos políticos, que era preocupante. Que determinado partido tenía a los directores nacionales y posteriormente, que este mismo partido estaba permanentemente rondando y con la mayoría de los lobby. La idea es cómo profesionalizar la Junaeb”, comentó.

La legisladora agregó que es necesaria una mirada más integral de la institución en su relación con el Ministerio de Educación. Además, llamó a fortalecer el sistema para que las manipuladoras de alimentos  puedan tener derechos garantizados y no dependan de la oferta de cada compañía.

En febrero pasado, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al Fisco contra dos ex funcionarios. Entre ellos, el ex director José Miguel Serrano (DC). La investigación comenzó con el antecedente que vinculaba a las empresas Hendaya y Verfrutti con un millonario trato directo durante 2015.

Mientras en la comisión investigadora, Manuel Guerra, el fiscal que lidera las indagatorias, aseguró que “hay que ver si existe una estructura destinada a favorecer permanentemente a determinados oferentes”.

Marta Albornoz, presidenta de la Federación Nacional de Manipuladores de Alimentos (Fenama), espera que Junaeb vuelva al espíritu por la que fue fundada: alimentar con calidad a los niños vulnerables del país.

“Esperamos que las conclusiones se puedan ver y sean vinculantes para esclarecer esta situación. Las personas que se han beneficiado son actores políticos que están identificados, pero también algunos privados. Los más afectados: los niños y las propias manipuladoras”, lamentó.

Para los legisladores las declaraciones del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en marzo pasado fueron claves. El titular del organismo reveló que las causas de los problemas detectados: “se deben a la insuficiencia del servicio para llevar a cabo procesos complejos y su debilidad en el control de conflictos de intereses”.

Mientras la nueva dirección asume que “Junaeb tiene que volver a ganarse la credibilidad nacional”. La actual autoridad, Cristóbal Acevedo, aseguró que ante estos casos no existía la rigurosidad jurídica y administrativa que requiere este servicio.

Vía UdeChile