De la unión sexual del hombre y la mujer, que ocurre libremente a propósito del placer, la pasión y/o el amor, y cada vez menos tras convenciones católicas, puede nacer vida humana. Para algunos deseada y esperada, para otros un error o algo que simplemente no querían para su proyecto presente o futuro.
Existen embarazos producto de actos de violencia sexual, otros por falta de una educación sexual clara y oportuna, muchísimas mujeres son abandonadas por los progenitores y terminan con la barriga en creciente, muchas veces abrumadas tras un cobarde “si te he visto no me acuerdo”. Otros embarazos ocurren por un mal uso o falla en métodos anticonceptivos, cualquiera sea el que se escoja, y otros porque simplemente no existió prevención del embarazo alguna. Sea por el motivo que sea, miles de mujeres en Chile llegan a la decisión personal y declaran: Yo decido abortar.
Pero la cacería de brujas no cesa contra ellas, atrapados aún por el fundamentalismo de una religión que parece olvidar que con la Constitución de 1925 se separó al Estado de la Iglesia, y dejó a Chile como un país laico, pero…, la Iglesia sigue inmiscuyéndose en “griales” ajenos. Hoy, en Chile, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se practican cerca de 160 mil abortos al año, muchos de ellos sin las condiciones apropiadas, asistencia médica y con riesgo de vida para la madre e incluso a riesgo de enfrentar penas carcelarias.
Este país no se caracteriza por tener una política clara y directa en materia de educación sexual. Además, suma la carencia de garantías de igualdad de oportunidades brindadas al momento del parto y el desarrollo del infante -situación que sin duda mejoró la doctora Bachelet, aunque no le puso remedio-, y mucho menos ofrece garantías para que las mujeres tengan condiciones laborales que favorezcan los múltiples roles que deben asumir en la vida familiar. Ante ese panorama, los factores que influyen al tomar una decisión de paternidad-maternidad, objetivamente afectan en mayor medida al mundo femenino que al masculino.
Detrás del tema de un aborto y más allá de los primeros responsables, hombre y mujer, se encuentra siempre el Estado y su política pública de salud, la Iglesia, la medicina y últimamente, más presente, la industria farmacológica, cuyos intereses afectan mucho más que la mera salud de la ciudadanía, pero abre las puertas al uso de mecanismos que pueden evitar mayores sufrimientos para la mujer, como puede ser el llegar a un aborto mediante intervención clínica, actuando como inductores abortivos.
Pero el debate moral de la vida, habiendo aún tantas armas asesinas sobre la Tierra y toda una industria que sustenta la muerte, se traslada hipócritamente al nacimiento de un ser que no les incumbe, violándose el derecho al plan de la propia vida de quien decide un aborto.
Sabemos que este es un tema complejo y de posiciones encontradas, desde El Ciudadano simplemente hemos decidido abrir en nuestras páginas el debate en pro de que existan las garantías públicas necesarias para una educación sexual sin tabúes, que permita llegar a un embarazo que sea idealmente planificado; que sea una alegría y no un tormento, y donde la voluntad de los progenitores, si se inclina por la interrupción del nacimiento, pueda ser realizada con la mayor seguridad y el menor dolor para la paciente -tanto físico como emocional-. Y mucho menos con penas de cárcel.
Chile es uno de los cinco países en el Mundo que no han legislado respecto del aborto y, sin embargo, autoriza la “inducción del parto” después de las 24 semanas de gestación, que en un alto porcentaje termina con un bebé que nace muerto o fallece a las pocas horas de agonía. Un recurso que se utiliza para legalizar con otro nombre lo que se elude en normar, dando cuenta de una clase política de doble estándar y que se jacta de ser representante de un Estado moderno y ad portas del desarrollo en lo económico, pero que se queda estancado y es retrógrado en materias como la aludida que claramente afecta la calidad de vida de sus habitantes.
Finalmente, y en ese orden de cosas, instamos a los legisladores nacionales, a los senadores Fulvio Rossi (PS), quien junto a su ex par de la UDI y hoy ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, en acto de política transversal presentaron el proyecto de Ley de aborto terapéutico e ir más allá, a seguir adelante y no dejar que los sectores conservadores y criminalizadores de lo absurdo, levanten una cortina de humo para desviar la atención respecto de tan importante debate y trámite legislativo de un proyecto que sólo busca evitar sufrimiento a los reales interesados. Cosas de dos, no son de Dios.
Por Equipo Editorial
El Ciudadano N°95, segunda quincena enero 2011