El nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas incluye las adquisiciones de las tres ramas de estas instituciones al presupuesto nacional. Este mecanismo tendría una duración de doce años y sería de carácter multianual.
De vuelta de sus vacaciones, Sebastián Piñera anunció un compromiso respecto a crear una nueva ley que reemplace a futuro la cuestionada Ley Reservada del Cobre, y con ello transparentar y modernizar el financiamiento de las Fuerzas Armadas, fijándose un plazo de cuatro meses.
La Ley, criticada por vastos sectores políticos y sociales durante los últimos años, por el carácter reservado y obligatorio de parte de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de traspasarle a las instituciones castrenses el 10% de sus ventas, pretende ser reemplazada a través de la generación de un acuerdo político, antes del 21 de mayo.
“Vamos a convocar a todas las fuerzas políticas para buscar y encontrar un acuerdo nacional que le de estabilidad y viabilidad a esta importante reforma y modernización de nuestras Fuerzas Armadas” afirmó Piñera frente a la prensa.
La propuesta del Gobierno, incluye un financiamiento con un plazo de doce años con un carácter “multianual” que consideraría un período de cuatro años y se incluiría en el presupuesto general. Cabe destacar que este sistema ya había sido propuesto anteriormente por los diferentes ministros de Defensa, y sólo ahora –tras un acuerdo con Hacienda– el Gobierno ha logrado sacar adelante este sistema.
Al respecto, el Ejecutivo afirmó que con esta propuesta, se busca que el nuevo financiamiento pueda sentar las bases para generar unión y coherencia entre las necesidades del país respecto a las políticas de Defensa y los recursos entregados.
“Debemos otorgar a nuestras Fuerzas Armadas un horizonte de estabilidad que permita planificar sus necesidades e importantes misiones que desarrollan en defensa de nuestra soberanía”, afirmó Piñera.
Además, el proyecto incluye un “Fondo de Contingencia para la Defensa”, el cual podrá complementar el presupuesto aprobado si es que las necesidades así lo exigen. También ya se llevó a cabo la transferencia desde el Ministerio de Defensa hasta Hacienda del fondo de la Ley Reservada del Cobre, con el fin de que el Banco Central pueda mantener un control sobre éste, con el fin de avanzar en la transparencia del sistema.
POLEMICA LEY
La Ley Reservada del Cobre tiene un origen lejano en el tiempo. Data de 1938 cuando se establecieron leyes reservadas que entregaban recursos del fisco a las Fuerzas Armadas, siendo reformada poco tiempo después, en 1942, incorporando la gran minería del cobre a este sistema. Un nuevo cambio llegó en 1958, cuando el presidente Carlos Ibáñez del Campo estableció una tasa del 15% a las utilidades de la minería cuprífera para financiar a las Fuerzas Armadas.
Pero el mayor cambio vino durante la dictadura (1973-1990), cuando se promulgó el decreto-ley N° 1.530, de 1976, el cual le otorgó a la ley sus actuales características, siendo reformada después en 1985 y 1987 (decretos N° 18.445 y N° 18.628, respectivamente). Son precisamente sus particularidades –10% de las ventas de la gran minería del cobre van de forma reservada y obligatoria, y sin rendir cuentas, directamente a financiar a las Fuerzas Armadas– las que, desde hace años, han generado innumerables cuestionamientos en vastos sectores políticos y sociales, así como también situaciones polémicas.
Uno de las situaciones difíciles más recientes se dio cuando el Consejo para la Transparencia solicitó hacer pública la compra de un puente mecano en la Región del Biobío, lo que originó la salida del ex ministro Jaime Ravinet del Gobierno.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano