Funcionarios de la DGAC no descartan acciones en tribunales internacionales si no vuelven a Capredena

El recurso del CDE alega que el traspaso a Capredena no corresponde, porque a juicio de la entidad, los funcionarios de la DGAC no serían empleados civiles de las Fuerzas Armadas.

Funcionarios de la DGAC no descartan acciones en tribunales internacionales si no vuelven a Capredena

Autor: Felipe Menares

01 09 16 - dgac - portada

Los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) manifestaron su rechazo a la impugnación realizada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al fallo de la Corte de Apelaciones, que permite el traspaso de 1.331 trabajadores aeronáuticos desde el sistema AFP a Capredena. A juicio de José Pérez, presidente de los funcionarios, “es casi antinatural la orientación que hace el CDE de restringir esta expectativa de cambiar este modelo individualista que tienen las AFP».

Para el dirigente, el recurso del CDE del 26 de agosto –que resolverá la Corte Suprema– «contamina la posibilidad de nivelar hacia arriba el derecho de un sistema previsional distinto en nuestro país. Si bien es cierto, esto genera un efecto multiplicador de las expectativas de los trabajadores, entendemos que genera complicación, porque hoy todo el mundo exige otro sistema previsional para los chilenos».

El recurso del CDE alega que el traspaso a Capredena no corresponde, porque a juicio de la entidad, los funcionarios de la DGAC no serían empleados civiles de las Fuerzas Armadas. José Pérez piensa lo contrario, apelando al artículo 21 de la Ley 16.752, que señala que “el personal de las Plantas y el contratado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, tiene para todos los efectos legales, la calidad de Empleado Civil de las Fuerzas Armadas (…)”.

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«Ellos presentan como que el año 1985 se abrió un debate amplio, maduro y responsable en relación a un análisis realizado. Estamos hablando del tiempo de dictadura, cuando no hubo ningún debate parlamentario ni político. Obviamente, tenemos diferencias con ese punto, porque tenemos constatación de que el sistema no resiste más tal como está», comentó el dirigente.

Cabe recordar que hasta 1985, los funcionarios de la DGAC cotizaban en el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas. Ese año se aprobó la ley 18.458 que establece el régimen previsional de la Defensa Nacional. El personal de la DGAC no fue considerado en esta ley (pasaron a cotizar en las AFP), a pesar de que la institución depende de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, de acuerdo a la Ley 16.752, que fija la organización y funciones de la DGAC.

¿Un problema de costos?

José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (ANFDGAC), descarta que la decisión del CDE pase por los costos que deba absorber el Estado, en caso de efectuarse el traspaso. «Cuando se habla de los 900 mil millones, es el paquete completo de Capredena. Nosotros somos 3 mil personas solamente. De hecho, somos 1.331 demandantes», explicó.

Para el dirigente, el tema tiene un carácter ideológico, en momentos en que ha crecido el debate en torno a un cambio al sistema de AFP. “Entendemos que es una visión ideológica, que se justifica desde el punto de vista economicista, porque se dice que si volvemos al sistema de reparto sería casi un desfalco. Nadie está diciendo que copiemos el mismo modelo que teníamos, pero copiemos el modelo de otros países del mundo, por lo menos transitemos a un sistema mixto», sostuvo.

José Pérez, presidente de ANFDGAC.

José Pérez, presidente de ANFDGAC.

El cálculo de los funcionarios es que con el traspaso a Capredena podrían elevar sus pensiones, que hoy promedian entre 280 y 310 mil pesos, a más de 700 mil pesos. «Este sistema individual entrega nuestros ahorros para que la banca crezca, para que las empresas se desarrollen, pero cuando optamos por pensionarnos, nuestra condición queda bastante por debajo de lo que se merece una persona que incluso ha aportado para el sistema económico del país”, indicó el representante de los trabajadores.

Aun cuando los funcionarios confían en una resolución favorable de la Corte Suprema, han evaluado acciones frente a un contexto adverso. “Lo que concordamos es que, ante un escenario negativo, nosotros vamos a hacer una nueva demanda ante tribunales internacionales», puntualizó José Pérez.


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