Coca-Cola es acusada de financiar el terrorismo en Colombia

La fabricante de bebidas azucaradas Coca-Cola y otras 50 empresas colombianas han sido acusadas de financiar al terrorismo por los tribunales colombianos. Coca-Cola está acusada de contratar asesinos del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a 9 líderes sindicales en sus plantas embotelladoras entre 1990 y 2002.

Uno de los líderes sindicales asesinados era Isidro Segundo Gil, dirigente del sindicato Sinaltrainal, quien negociaba un pliego de peticiones con la planta de Coca-Cola en Carepa (Antioquia). La mañana del 5 de diciembre de 1996 un grupo de paramilitares de las AUC llegó hasta el sindicato de la embotelladora para matarlo.

Una hora después del asesinato de Gil, los paramilitares secuestraron a otro dirigente sindical en su casa, quien logró escapar y huir a Bogotá para proteger su vida. Por la tarde regresaron al sindicato, destruyeron el equipo de allí y quemaron la casa, destruyendo todos los registros de la cooperativa.

Sinaltrainal agrupa a los trabajadores de la industria alimentaria, especialmente de las multinacionales Coca Cola y Nestlé.

Al día siguiente, los paramilitares volvieron a la planta embotelladora, juntó a los trabajadores y les dio un plazo hasta las 16:00 para renunciar al sindicato. Los trabajadores experimentados que dejaron la planta ganaban entre $ 380 y $ 400 pesos colombianos al mes. Los que llegaron de reemplazo fueron contratados por el salario mínimo de la época: $ 130 al mes.

Durante los dos meses siguientes los paramilitares acamparon a las afueras de la puerta de la planta. Coca-Cola nunca se quejó a las autoridades ni por el asesinato de sus trabajadores ni por la presencia de paramilitares.

Edgar Paz, sindicalista de Sinaltrainal, sostuvo que «la empresa nunca negoció con el sindicato después de eso. Veintisiete trabajadores en 12 departamentos salido de la planta y la zona. Todos los trabajadores tuvieron que abandonar el sindicato para salvar su propia vida, y la unión fue completamente destruida».

La hostilidad de la trasnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca Cola José Gabriel Castro acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla.

Dos años después fue asesinado José Manco David y en 1995 Luis Gómez Granados, ambos en la planta de Carepa. Con ellos se inició la trágica secuela de sindicalistas muertos por encargo.

BÚSQUEDA DE JUSTICIA

En Colombia, los trabajadores buscaron justicia desde fines de 1996 hasta ahora e incluso algunos terminaron tras las rejas, mientras que los asesinos quedaron libres.

Ante la impunidad decidieron abrir un pleito en 2001 contra Coca Cola en Miami, sede de la trasnacional. Fueron apoyados por sindicatos norteamericanos como United Steelworkers of America y el Fondo Internacional de Derechos Laborales (ILRF). También fueron demandadas Panamerican Beverages (la mayor embotelladora de bebidas gaseosas en América Latina) y Bebidas y Alimentos (propiedad de Richard Kirby de Key Biscayne, Florida), que opera la planta de Carepa.

La demanda la acompañaron de una campaña mundial de boicot a la Coca Cola iniciado en 2003, acusando que la fabricante de bebidas azucaradas en Colombia “utilizan grupos paramilitares ilegales para intimidar, amenazar y matar a sus trabajadores”.

Pese a la visibilidad internacional de la problemática, los sindicalistas acusaron que la intimidación continuaba. Asó ocurrió cuando en mayo de 2003 una llamada anónima a la sede del sindicato en Colombia advirtió que las oficinas deberían ser objeto de un ataque con bomba. En marzo de ese año, como revela The Guardian, un trabajador en la ciudad de Bucaramanga recibió una notificación por parte de grupos paramilitares de que había sido declarado objetivo militar.

COCA COLA DICE QUE NO TIENE QUE VER

Coca Cola comenzó a dar respuestas a las quejas por los asesinatos de dirigentes sindicales en sus plantas cuando se dio visibilidad mundial. La empresa dice que declinó toda responsabilidad por la violencia y la coacción y que tienen un código de conducta que requiere el respeto de los derechos humanos.

También sostienen que las plantas embotelladoras de Colombia “son completamente independientes de la Compañía Coca-Cola».

En la empresa local dijeron que “no tenían manera de detener a los paramilitares de hacer lo que quisieran – después de todo, ellos tenían armas (…) Nadie le dice a los paramilitares qué hacer».

Los sindicalistas, por su parte, acusaron en la demandas presentada en Miami que el gerente de la planta en Carepa, Ariosto Milán Mosquera, «le había dado una orden a los paramilitares para llevar a cabo la tarea de destruir la unión». Además sostienen que Milán tenía un historial de fiesta con los paramilitares.

Coca-Cola solicitó un grupo de expertos de las Naciones Unidas a través de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), para llevar a cabo una investigación independiente sobre lo que pasó en Colombia.

El delegado de EE.UU. ante la OIT, Ed Potter, era en la época director de relaciones internacionales de la Coca-Cola.

ASESINATO DE SINDICALISTAS

El asesinato de sindicalistas o dirigentes sociales en Colombia aún sigue siendo una práctica utilizada por las grandes empresas. Un informe de la Escuela Nacional Sindical (ENS) difundido por El Espectador, denunció que entre abril de 2011 y marzo de 2015 hubo 105 asesinatos de dirigentes sindicales o personas cercanas a ellos. Además el informe acusa que en el mismo periodo suman 1.933 violaciones a la vida, la libertad y la integridad personal, entre las que contabilizan ataques y amenazas.

Las cifras han bajado respecto de años anteriores. Según SOA Watch, en 2000 los asesinatos se cobraron la vida de 153 de los líderes sindicales de la nación. Ese año, tres de cada cinco sindicalistas asesinados en el mundo eran colombianos. En 2001, la cifra había llegado a 143 a finales de noviembre.

Hasta el año 2002, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor federación sindical de Colombia, contabilizaba 3.800 sindicalistas asesinados en el país desde 1986.

Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano

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