Ministerio del Interior y Seguridad Pública: La otra cara de La Moneda

Durante la semana pasada el Gobierno oficializó la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, organismo que pretende concentrar en el Estado las políticas adoptadas para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, ya son varias las voces de quienes miran con suspicacia el mayor poder que con tendrá el Ejecutivo.

Como una “nueva era en la seguridad pública” calificó el ministro Rodrigo Hinzpeter la instauración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Tras cuatro años de tramitación, la promulgación de la Ley 20.502 fue aprobada como el certificado oficial del compromiso de Sebastián Piñera por ganarle “la batalla a la delincuencia”.

La reformulación del Ministerio contempla la creación de la Subsecretaría del Delito –liderada por Cristóbal Lira-, que se dedicará en pleno a la prevención, sanción y rehabilitación de los individuos que hayan quebrantado la ley, y de la cual dependerá Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), por primera vez desde la dictadura militar.

“Eso tiene una significación política importante como avance democrático y porque este es otro de los mitos que se rompen en torno a la democracia chilena: Muestra que el servilismo de los gobiernos de la Concertación hacia los militares era voluntario y no real”, sostiene Salvador Muñoz, presidente de Partido de Izquierda (Paiz).

Con la promulgación de la nueva Ley 20.502, la elaboración, coordinación y ejecución de políticas de seguridad ciudadana quedan a cargo del nuevo Ministerio, lo que le otorga grandes garantías y facultades, incluso el acceso a información delicada, como el archivo de condenas, denuncias y entradas y salidas del país, entre otros datos.

Al respecto, Julio Cortés, abogado representante de anarquistas en el “caso bombas”, señala que las nuevas atribuciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública consolidan políticas instauradas desde hace un tiempo. “Es como formalizar una tendencia que ya venía operando, pero ahora queda legalizado. Esto juega a favor del poder de una forma más intensa que antes”.

LA AFECTACIÓN DE LA VIDA PRIVADA

Bajo el punto de vista de quienes observan con recelo su instauración, el fortalecimiento del poder del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto a las políticas sobre delincuencia puede significar un grave daño al resguardo de la privacidad de la gente.

“En el fondo hay una afectación tremenda a la vida privada de las personas, sin prejuicio de la afectación a otros derechos como al honor y la honra”, señala Rodrigo Román, abogado de Defensoría Popular, quien además asegura que incluso se ha llegado a “interceptar comunicaciones de nosotros, los abogados, con nuestros clientes”.

Por su parte, el presidente del Partido de Izquierda (Paiz), insiste en que las facultades del nuevo Ministerio son “peligrosas, porque exceden algunos derechos constitucionales básicos y acuerdos mínimos para convivir en una sociedad democrática, que tiene que ver con el resguardo de la privacidad, espacios personales, teléfonos, correos electrónicos, etcétera”.

Muñoz recuerda los procesos que se han denunciado respecto a los juicios mapuches, los que “han mostrado esta excesiva posibilidad que tienen hoy día tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía de entrometerse en los espacios privados de las personas, incluso interviniendo teléfonos de menores de edad o correos personales”.

BAJA EN LA VICTIMIZACIÓN

Una de los principales triunfos del Gobierno en materia de delincuencia es la baja en la victimización ciudadana revelada por la Encuesta Adimark, que cayó de un 36,5% a un 33% en el último semestre. “Hemos empezado a cosechar lo que sembramos hace 11 meses, cuando le dijimos al país que este Gobierno le va a cambiar la mano a la delincuencia, le dijimos que íbamos a tener una mano dura, que no es inflexibilidad”, aseguró Rodrigo Hinzpeter.

Sin embargo, se han cuestionado el impacto real de las encuestas y su relación directa con la baja en el índice de delitos. “El nivel de victimización siempre ha respondido en Chile a una construcción de los miedos y de los principales actores políticos que se sienten muy cómodos con ese discurso”, señala Salvador Muñoz. “La política comunicacional del Gobierno en ese sentido ha sido exitosa, ellos instalaron el tema y ahora manejan la pauta desde su agenda”.

NUEVA POLÍTICA DE DROGAS

Otra de las sorpresas tras la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se encuentra en el reemplazo del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) por el nuevo Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, organismo que también dependerá directamente de dicho Ministerio.

“Nos vuelven a dejar tremendamente en claro que la mirada del Gobierno hacia la droga sigue siendo represiva. La mirada que se les va a dar es de castigo, más que de salud pública”, asegura Nicolás Espinoza, miembro del comité de Movimental, organización que reúne a usuarios y ciudadanos interesados en debatir y generar políticas de drogas.

Espinoza asegura que el tema de las drogas no es un conflicto de seguridad ciudadana, sino de salud. “Este traspaso tira por tierra cualquier avance que pudiéramos haber logrado con respecto a una política mas inclusiva a los usuarios, que no sea represiva ni criminalizadora”.

Por su parte, Salvador Muñoz señala que “el enfoque de las políticas antidrogas en Chile está absolutamente errado, pues solamente busca penalizar el consumo y el tráfico, no busca mitigar las causas que llevan a las personas a consumirla”.

En opinión del miembro del comité coordinador de Movimental, quienes se verán más afectados por el nuevo organismo controlado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública son los usuarios y quienes practiquen el autocultivo. “Ellos están tratando de controlar a la juventud, que son los que están mas expuestos a este círculo porque no pueden fumar en casa, tienen que salir a conseguirla afuera porque no pueden cultivarla”.

Respecto al poder que tendrá el nuevo ministerio sobre la coordinación de Carabineros y PDI, Nicolás Espinoza asegura que “es preocupante, porque personalmente creo que podría dañar la autonomía de estas entidades. Tenemos un zar, que en este caso sería Hinzpeter, que será amo y señor de la decisiones que tendrán que seguir las policías”.

En cuanto a los efectos a corto plazo de la continuidad en las políticas de drogas del Gobierno, Muñoz asegura que “Este cambio va a representar un aumento de la población carcelaria que llega ahí por el tema de drogas y eso no creo que sea una solución respecto al problema de la droga en Chile”.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano