Exportación y agotamiento de la merluza y otros recursos: La responsabilidad del ministro Céspedes

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Mientras el ministro Luis Felipe Céspedes se hace celebrar por la Presidenta Bachelet por el Programa Estratégico de Alimentos Saludables, las familias chilenas nos enfrentamos al desabastecimiento de la merluza, el principal alimento saludable de origen marino al que teníamos acceso hasta hace unos años atrás. En eso tiene responsabilidad directa Céspedes y las instituciones que tiene a su cargo: Subsecretaría de Pesca, IFOP, Consejo Nacional de Pesca y Comités Científicos.

La estrategia de tergiversación de la verdad para justificar la exportación de la merluza

Los poderosos grupos económicos que controlan el sector pesquero han conseguido con el ministro Céspedes la complicidad del gobierno para respaldar su tergiversación de la verdad de lo que está detrás del anterior desabastecimiento, estrategia comunicacional que persigue que nadie fije la atención en el amparo que se hace desde el Estado para un negocio de exportación multimillonario de MILES DE TONELADAS de merluza y que corresponden a un recurso que está declarado AGOTADO.

En cualquier país que cuida la sustentabilidad de sus materias primas estratégicas se dictamina el cierre de una pesquería cuando la misma ha sido declarada sobreexplotada, hasta que ésta pruebe que se encuentra  recuperada. Así lo hicieron España y Francia por mandato de la Comunidad Económica Europea hace una década atrás en el caso de la anchoa del Mediterráneo, porque de no hacerlo se la exponía a su extinción.

Algo de lo que al parecer se hizo eco en Chile uno de los miembros del Comité Científico que regula la merluza, según consta en acta de fecha 17 y 18 de noviembre 2014, en que se dejó el siguiente testimonio: «La anterior votación -autorizar una cuota de 23 mil toneladas para el 2015- contó con el voto disidente del Sr. Ciro Oyarzún, quien considera que el estado desastroso al que se ha llevado el recurso merluza común requiere de una veda extractiva a lo menos de tres años». Pero, por supuesto, fue dejado de lado por ese Comité. Por esta razón, a nadie en su sano juicio se le ocurriría publicitar que aplicando una veda de un mes se esté ayudando a que éste recurso se recupere, como lo ha decidido el ministro Céspedes para el caso de la merluza y que rige a partir del pasado 1° de septiembre. Ello es comprensible hasta por el ser más insensible a los desastres ambientales, ya que existe evidencia a nivel mundial que la recuperación de una pesquería resulta incompatible en medio de una explotación comercial, menos por una dedicada a la exportación de inmensos volúmenes de una pesquería declarada AGOTADA, como es el caso de Chile a manos de poderosos grupos económicos que controlan el sector pesquero, donde muchos de ellos se encuentran comprometidos en redes de corrupción y, por lo mismo, investigados por el Ministerio Público.

Ministro Luis Felipe Céspedes

La misma habilidad que han tenido los anteriores para minimizar la corrupción que los rodea y que la justifican sosteniendo que ello es un detalle, ya que son grandes generadores de empleo, la han puesto en práctica para imponer por los medios de comunicación que el problema del COLAPSO de la merluza no está radicado en sus exportación de miles de toneladas, sino que en la pesca ilegal que se hace por algunos pocos pescadores artesanales (cuyos decomisos no superan las 100 toneladas por año). Una estrategia que se ve favorecida por la persecución que hacen las instituciones del Estado en contra de estos últimos, a los que acusan por la prensa de ser los responsables del desastre ambiental de la merluza. Esto, aun cuando se encuentra documentado que la sobreexplotación de la merluza tiene su origen en instituciones del Estado como SUBPESCA, IFOP, Consejo Nacional de Pesca y ahora los Comités Científicos.

La corrupción y la secuela del desastre ambiental y social

Felipe Sandoval, ex subsecretario de Pesca del gobierno de Ricardo Lagos, autorizó en su período 2001-2005 un total de 604.300 toneladas de merluza, según estadísticas de la Subpesca, que concentró solo en 5 años el 56% de los 1.074.500 toneladas autorizados por SUBPESCA en los últimos 15 años. Cifras del todo demenciales que no podían tener otro desenlace que el actual COLAPSO de la merluza y que ha traído consigo la pérdida de empleos para miles de pescadores artesanales que vivían de este recurso, de otros que la procesaban en restaurantes, ferias y pescaderías, la que además generaba empleo y dinamizaba el comercio de decenas de caletas pesqueras de nuestro país, donde la pérdida de calidad de vida es notaria como resultado de lo anterior. Un desastre social que se extiende y repite de Arica a Punta Arenas, que ha dejado a territorios absolutamente devastados de su riqueza pesquera y sumidos en altas tasas de desempleo, como es el caso de la región del Bio Bio, Maule costa, Chiloé y Aysén.

Existe la esperanza de que los fiscales -y a través de ellos el Ministerio Público- se sensibilicen de esta tragedia país y conecten en sus investigaciones sobre estas redes criminales el negocio multimillonario de la devastación pesquera con el financiamiento de la política y las redes de corrupción, con que un puñado de ambiciosos tras grandes grupos empresariales han decidido ganar plata fácil con la complicidad de unos pocos que han estado dispuestos a todo para facilitarles lo pudieran hacer.

Felipe Sandoval

El ministro Céspedes, la Ley Longueira y extinción de recursos

El ministro Céspedes, respaldado en los Comités Científicos ideados por la Ley Longueira, ha amparado la exportación de recursos pesqueros agotados y sobreexplotados, y los encamina a su extinción.

Céspedes no puede exculparse diciendo que no estaba en conocimiento del impacto de las decisiones de personajes como el ex subsecretario de Pesca Felipe Sandoval, ya que el estado catastrófico de la merluza y de lo que ocurrió con las otras tantas pesquerías sobreexplotadas o colapsadas no ocurrieron de un día para otro; no cabe duda que su explicación está en las estadísticas que transparentan la corrupción que ha estado detrás de las decisiones de las instituciones del Estado y que compromete a los gobiernos pasados. Lo anterior es importante aclararlo, ya que el COLAPSO no ha parado sino que ha seguido aumentando en el actual gobierno, estando Céspedes al frente del ministerio y no puede trasladar en su caso la responsabilidad a los Comités Científicos, ya que ha sido él y su brazo derecho, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, quienes han permitido que muchos de sus integrantes sean los que vienen de participar en las «pescas de investigación ideológicamente falsas», en las que los anteriores se convirtieron en expertos para justificar en «fines científicos» todo lo que necesitaran los grupos económicos, o lo integren ex asesores de las grandes empresas de los grupos económicos o de sus asociaciones gremiales. Es decir, su ministerio se ha esmerado en elegir justamente a los menos idóneos para enfrentar la tarea de recuperar las pesquerías AGOTADAS y sobreexplotadas.

Por otro lado, ha ido comprobándose que estos Comités Científicos promovidos para ser parte de la Ley Longueira no fueron ideados para que tuvieran como desafío el recuperar la sustentabilidad de las pesquerías y sacarlas del estado de COLAPSO o de la sobreexplotación, pero sí para justificar la continuidad de la exportación de las mismas, ya que a más de tres años de entrar en funcionamiento todo hace pensar que son una fórmula renovada y perfeccionada para encubrir en «fines científicos» las cuotas pesqueras que necesita autorizar Subpesca para darle continuidad a la millonaria exportación de los últimos stock que quedan de la riqueza pesquera país a pesar de que se encuentren declaradas AGOTADAS. Antes éstas se encubrían como «pescas de investigación»; la ventaja de las actuales autorizaciones por cuotas abultadas es que esta vez no pueden ser objetadas por Contraloría, ya que ahora se hacen como parte de la Ley Longueira.

Pablo Longueira

Existe abundante evidencia en estos tres años post Ley Longueira de cómo los Comités Científicos han profundizado el colapso. El caso de la merluza es el más dramático, pero el de las pesquerías Sur Austral resulta demencial. En el caso de la anchoveta de aguas interiores los anteriores la llevaron a su extinción. El año 2014 su desembarque apenas llegó a las 291 toneladas después de que el año 2005 superaba las 5.000 toneladas. Otro antecedente aún más dramático es la exportación de miles de toneladas de merluza austral y congrio dorado, también declarados en estado de COLAPSADOS y que aún así el Comité Científico de la Pesca Sur Austral entrega cada año en cantidad de MILES DE TONELADAS para beneficio de los asociados a ASIPES. Estos son los que han terminado concentrando casi el 100% de su exportación. Corresponde a la misma asociación empresarial que está siendo investigada por financiamiento a la política y que en la nómina de pagos dados a conocer por TVN aparecieron, entre otros, Iván Fuentes, el  senador Walker, pero también Luis Pichot, actual brazo derecho del ministro Céspedes y miembro del Comité Científico que regula precisamente las cuotas de la Pesca Sur Austral.

El ministro Céspedes y lo que explicaría que no esté en sus planes anular la Ley Longueira

El ministro Céspedes ha probado tener un pobre conocimiento del sector pesquero y una visión de las potencialidades de desarrollo para el mismo que solo coloca énfasis en las mega industrias pesquera-acuícola, dejando en una condición marginal a la pesca artesanal y a las pymes pesqueras, lo que se agrava al tener a un subsecretario de Pesca de pobrísima o nula formación en políticas públicas para el sector. Lo anterior explicaría, en parte, el que tempranamente transformara a Luis Pichott -un hombre validado por los grupos empresariales- en su mano derecha y lo designara como secretario ejecutivo del Diálogo para la Productividad de la Acuicultura y luego a cargo de proponer una hoja de ruta para el sector. Un nombre rimbombante, utilizado a menudo por el actual gobierno y que no es precisamente sinónimo de la visión país que todos quisiéramos, pero sí aparenta serlo.

Otro de  los hombres que ejerce fuerte influencia sobre las decisiones del ministro Céspedes es Felipe Sandoval, ahora presidente de los salmoneros, a quien le ha abierto varias puertas y que es el que marca los énfasis para el sector acuícola. Luego está su colaboración con las asociaciones empresariales que controlan el sector pesquero y que se benefician de sus decisiones sobre cuotas pesqueras: SONAPESCA, ASIPES, FIPES, etc.

De allí que los grandes grupos económicos dueños de la multimillonaria maquinaria exportadora de la riqueza pesquera país -7 familias- se sienten absolutamente protegidos por el ministro Céspedes, ya que éste no solo les ha facilitado y les ha ayudado a amparar sus planes de exportación de los recursos pesqueros que se encuentran declarados en estado de sobreexplotados y AGOTADOS, sino que también ha designado en los puestos estratégicos que perfilan al sector pesquero desde las instituciones del Estado a personajes que vienen de ser asesores de sus asociaciones empresariales y de las redes de corrupción público-privadas que ellos controlan.

De allí que no es de extrañar que la Ley Longueira no sea considerada por su ministerio una ley corrupta ni por el gobierno de la presidenta Bachelet, ya que ambos comparten que la sustentabilidad pesquera quedó protegida por la esta ley con los «Comités Científicos», no obstante, toda la evidencia demuestre lo contrario. Los mismos son parte de una corrupción instalada en el corazón de la administración pesquera y que le da continuidad a la justificación en fines científicos de la devastación que sigue profundizando el COLAPSO de todas las pesquerías. Ni el propio ex ministro Longueira se hubiera imaginado que con el apoyo de su ley y de las actuales autoridades a cargo de las instituciones del Estado, del sector pesquero, se le diera continuidad a la exportación no importando que los recursos se encuentren en estado de AGOTADOS, ni que lo anterior sirviera para justificar que no es necesario anular la Ley Longueira, que es parte de un tejido de corrupción con el que un grupo de poderosos se ha apropiado de la riqueza pesquera del país apoyados en el Congreso, pudiendo devastarla a vista y paciencia de cada uno de nosotros.

El sector pesquero es parte de la investigación criminal más grande que conozca la historia de nuestro país. El Ministerio Público ya tiene a las principales asociaciones y grupos empresariales en procesos de investigación, a otros procesados y a otros pronto a procesar, a los que se agrega el mismo ex ministro Longueira, lo que es alarmante. Esto, sin considerar que los fiscales aún no entran a relacionar el negocio multimillonario que hicieron las anteriores redes de corrupción que, actuando al margen de la ley, se enriquecieron a costa de la devastación de toda la riqueza país.Ya está comprobado que ésta no desapareció ni sigue desapareciendo por fuerzas incomprensibles a la inteligencia humana o que se necesite de expertos de la FAO para que la expliquen.

En el último mes hemos sido testigos que las anteriores redes de corrupción están pujando en las esferas del poder para que éstas investigaciones de los fiscales se hagan muy acotadas y terminen lo más pronto posible, de tal manera que todo el enriquecimiento ilegal del grupo de fortunas del sector pesquero quede en la impunidad. Todo hace pensar que eso es lo que le habría costado el puesto al fiscal Emiliano Arias, quien en un corto plazo ya había deducido para una arista de estas investigaciones lo siguiente: “La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos (…) En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción“.

Por Pablo González