Informe de diputados acusa «opacidad» en mercado de medicamentos

Un importante nivel de opacidad en el mercado de los medicamentos, que incluye tanto al nivel productor como al distribuidor, acusó el informe único aprobado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar, desde diciembre de 2015, la aplicación de las normativas vigentes en la materia, así como el rol de los organismos públicos vinculados a la adquisición y distribución de estos productos.

El presidente de la Comisión, el diputado Juan Luis Castro (PS), señaló que quedó claro el nivel de irregularidades que hoy ocurren en este área, tanto en el mundo de los laboratorios como de las farmacias, y advirtió sobre la necesidad de definir mayores exigencias al mercado farmacéutico y más cobertura de parte del Estado. “Hay enfermedades que hoy día no tienen la cobertura de medicamentos que requieren, ya sean del Auge o de la Ley Ricarte Soto o de otras leyes especiales, y, por esa razón, hay gente que muere o queda con graves secuelas”, planteó.

El diputado Leopoldo Pérez (RN) resaltó que, a partir de los múltiples antecedentes recogidos, entre ellos de la Fiscalía Nacional Económica, se pudo observar que «el mercado de los medicamentos es bastante opaco». En ese sentido, indicó que asignaron responsabilidad a los laboratorios, particularmente a los internacionales, ya que son ellos los mayores proveedores de los medicamentos de alta complejidad o de enfermedades crónicas. Asimismo, dijo que se los prescriptores de los medicamentos también tienen responsabilidad respecto del precio final, así como las farmacias, en especial aquellas que forman parte de cadenas y que conforman sistemas integrados verticalmente. «Esas tres instancias están involucradas en esta poca transparencia u opacidad del mercado», precisó.

El texto del informe sostiene, por ejemplo, que la disparidad de precios en los medicamentos -entre la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) y las cadenas de farmacias- refleja la opacidad de este mercado, lo que justificaría la necesidad de una regulación específica.

Acusaron que dicha opacidad del mercado se debe en parte a las prácticas comerciales de los laboratorios internacionales, dado que tienen registradas en Chile las moléculas y a que la ley define que el amplio período de protección del derecho de patente (puede llegar a 20 años).

«Es sabido también, y se refleja en el reciente caso conocido de colusión de las ampollas, que las licitaciones públicas, y podríamos asumir que también en las compras privadas, los laboratorios se ponen de acuerdo para la fijación de los precios, por lo que no sería un mecanismo tan transparente ni tan competitivo», remarcaron.

Los diputados estimaron que también existe asimetría en la información entre los principales actores del mercado; falta de transparencia en el modelo de negocio de las farmacias; apelaron a fortalecer la competitividad y la comparabilidad en los precios de los medicamentos; y observaron que la remisión de la Ley Ricarte a la dictación de decretos que buscan operativizar el sistema resultan en una mayor traba y en una consecuente limitación en el acceso a medicamentos.

En este escenario, realizaron una serie de proposiciones, dentro de las cuales se plantea redefinir el concepto de receta, estableciendo que el profesional prescriptor debe señalar en primer lugar la denominación común internacional y, solo a modo de información, el facultativo podrá sugerir un medicamento en particular.

Pidieron también tomar en consideración el recetario magistral, extendiendo el periodo de vigencia de los preparados magistrales y definiendo que estos podrán contener los principios activos en sus mismas dosis y formas farmacéuticas registradas.

Luego, se pide al Ejecutivo impulsar una regulación eficiente y exhaustiva ante la escasa regulación en materia de fármacos. En este sentido, se plantea considerar: que la Cenabast pueda ser utilizada como intermediario por las farmacias que no actúen en cadena; una reducción del IVA en medicamentos de alto costo; y establecer una banda de precios.

Por último, entre otras varias sugerencias, se llama a potenciar la creación de genéricos bioequivalentes; que el Estado pueda hacer uso del licenciamiento obligatorio de medicamentos que no estén siendo producidos en nuestro; fortalecer la transparencia y la institucionalidad pública; establecer reglas que eviten la integración vertical; ingresar un proyecto que busque obtener la autorización para que el Estado pueda llevar a cabo actividades empresariales, en investigación y producción de fármacos; y que el Ejecutivo amplié su cobertura en materia de Ley Ricarte Soto.

Fuente: pjud.cl