Familiares de ejecutados políticos llegaron hasta La Moneda para exigir cumplimiento de compromisos

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) llego el mediodía de este jueves hasta el palacio de La Moneda con el fin de entregar una carta a la presidenta Michelle Bachelet y manifestarse para exigir el cumplimiento de compromisos por parte del Estado en materia de violación a los derechos humanos durante la dictadura.

«Estamos acá nuevamente porque ninguno de los seis gobiernos desde el término de la dictadura cívico militar hasta ahora, ha tenido la voluntad política para buscar la verdad, lograr justicia y no avalar la impunidad», señala la AFEP en su misiva.

La agrupación le expone también a la mandataria que desde la reunión que sostuvieron con ella las 16 agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos a nivel nacional el 14 de julio del 2014, «cumplidos dos años desde esa fecha, aún no tenemos respuesta».

En ese sentido, la AFEP le plantea a la presidenta que en su calidad de «familiar de ejecutado político» y «víctima del terrorismo de Estado», Bachelet «se comprometió con todas las agrupaciones de DD.HH a nivel nacional en su programa de gobierno a anular el Decreto de la Ley de Amnistía», lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Junto con ello, sostienen que su gobierno y los anteriores tampoco «han aprobado leyes interpretativas que adecuen la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, manteniéndolas ignoradas en el Senado». De lograr avances en esta materia -argumentan- «los jueces no podrían aplicar la prescripción, la media prescripción y otorgar penas remitidas, como ha ocurrido en los casos Almonacid Arellano, Jacqueline Binfa, Bernardo Lejderman y María Avalos, por nombrar algunos».

La organización denuncia también en su carta que el gobierno no ha cumplido con el compromiso que asumió con la AFEP a través de su entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, para lograr que se apruebe en el Congreso una ley que disponga la degradación a los miembros de Fuerzas Armadas que se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

A dicho compromiso se suma, añade la agrupación, el de cerrar el penal de Punta Peuco. «Una clara condición de privilegio, comparada con el resto de las cárceles del país, siendo además una de las tantas caras de la impunidad que resultan inaceptables», señala la AFEP.

«No solo estamos aportando a la verdad y justicia. Nosotros hemos aportado al fin de la dictadura cívico-militar, a mejorar una democracia real, es decir, hemos sido parte de este proceso», señaló respecto a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Lira agregó que la manifestación tuvo como objetivo también conmemorar los 30 años del crimen de Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez, José Carrasco Tapia y Abraham Muskablit, los cuatro civiles asesinado por la CNI el día posterior a la emboscada llevada a cabo por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en contra de Augusto Pinochet. Igualmente, la actividad se enmarca en los 40 años que cumple la AFEP, creada en 1976.