Paradójicamente el propio Eduardo Cunha fue el encargado de iniciar los trámites para el pedido de impeachment contra Rousseff, quien resultara destituida mediante un golpe de Estado bajo la fachada de juicio político. Sin embargo, pese a querer mostrarse como el defensor de las instituciones y la legalidad, el diputado brasileño ya tiene tres procesos en marcha en la máxima corte del país.
En ese sentido, la Corte Suprema de Brasil suspendió de forma provisional su mandato el pasado 5 de mayo por su implicación en el caso de corrupción en Petrobras en el que varios senadores se vieron salpicados. Desde entonces, y tal como relata TeleSur, el político de 58 años, implementó todo tipo de recursos legales y de maniobras dilatorias en este caso. Este lunes jugará sus últimas cartas, pidiendo un aplazamiento de la votación hasta después de las elecciones municipales en octubre o una suspensión, en lugar de una revocación de su mandato.
De acuerdo con el diario O Globo, 297 diputados, 40 más de los requeridos, votarán contra Cunha, incluyendo al menos veinte de su propio partido, el centroderechista Movimiento Democrático Brasileño PMDB, al que pertenece también el presidente interino, Michel Temer.
Como no podía ser de otra forma, Cunha atribuye sus complicaciones a su decisión de dar lugar al juicio político contra la ex presidenta: «Estoy pagando un alto precio por haber dado inicio al impeachment. La principal causa de mi alejamiento reside en ese proceso de impeachment», acusó.
Según trascendió, dirigente de derecha pediría beneficiarse de la misma medida que determinó que Rousseff perdiera su mandato pero no sus derechos políticos por ocho años, tal como lo prevé la Constitución, quedando ambos habilitados a presentarse en los próximos comicios de 2018.
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