Según lo dicho por el organismo la decisión se ajusta a la legalidad vigente y fue comunicada a las agrupaciones que se oponen a la demolición del recinto, en mayo de 2010.
Por intermedio de un comunicado de prensa, Magdalena Krebs Kaulen, Vicepresidenta Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y Directora de la Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), aclaró algunos hechos que han desatado una polémica respecto del proceso de demolición de la ex clínica London, antiguo centro clandestino de los organismos represores de la dictadura.
En dicha nota, el organismo expresa que el expediente del proyecto denominado “Inacap, sede Santiago Centro”, que se emplaza en los terrenos de la ex clínica y en medio de la Zona Típica “Barrios Yungay y Brasil”, fue ingresado al organismo en agosto de 2009, donde fue evaluado por la Comisión Técnica de Patrimonio Arquitectónico y Urbano del CMN. Dicha evaluación incluyó, como se expresa en el comunicado, la consulta respectiva al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, al considerar la demolición de la ex clínica London, la que aparece consignada en el Informe Rettig como un recinto clandestino usado por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina).
En respuesta a dicha consulta, y según se explica en el comunicado, Rosemarie Bornand, entonces Secretaria Ejecutiva de dicho programa, “indicó en septiembre de 2009 que la demolición de dicho inmueble no tendría una incidencia mayor en las investigaciones relacionadas con los atentados a los Derechos Humanos”. Posterior a dicha respuesta, otros organismos del Estado, como la Secretaría Regional Metropolitana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) -por tratarse de un inmueble de conservación histórica- y la Dirección de Obras Municipales de Santiago, también dieron su visto bueno a la demolición de la antigua clínica.
Con todos los antecedentes expuestos, la Comisión decidió aceptar el proyecto, y en este punto, el comunicado explica que la autorización de la demolición “es del CMN propiamente tal, y no como erróneamente se ha señalado, de su Secretario Ejecutivo, Óscar Acuña Poblete, pues como tal no tiene derecho a voto en las comisiones técnicas o en el pleno, el cual sólo tienen los consejeros, quienes son los que resuelven sobre los proyectos”, aclarando que él sólo “comunica” la decisión de la Comisión.
En el comunicado se explica que posterior a la petición de renuncia que la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales realiza en contra de Óscar Acuña, la entonces Vicepresidenta Ejecutiva del CMN, Nivia Palma, se reunió con las agrupaciones que rechazaban la demolición de la clínica, y se comprometió a revisar el caso, tras lo cual, en una sesión extraordinaria del Consejo realizada el 24 de febrero de 2010, “después de una exposición detallada (del tema), los consejeros resolvieron no revertir la decisión de la Comisión Técnica, por apegarse ésta, estrictamente a la legalidad y al mérito del proyecto”.
La decisión, afirma el comunicado, fue dada a conocer en una reunión a la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales en mayo de 2010, ante lo cual el comunicado cuestiona que “si han sabido de este tema durante este lapso no hayan llevado a cabo otras gestiones que las que hoy realizan, que se centran nuevamente en la petición formulada ya hace un año”, refiriéndose a la petición de renuncia de Óscar Acuña.
EL CASO
La ex clinica London fue un ex recinto clandestino de la Dina, en donde se realizaron torturas y violaciones a los Derechos Humanos, y que, además contó con la participación de médicos. Además, el lugar está asociado a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, ya que los especialistas que lo atendieron en la Clínica Santa María pasaron por allí.
Actualmente el recinto –en poder de Inacap-, por encontrarse ubicado en la calle Almirante Barroso 76, en plena Zona Típica del Barrio Yungay, era protegido por la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales. La demolición del edificio, según los opositores a su destrucción, vulneraba por tanto, la legislación vigente, por lo que habían anunciado acciones legales para detener este proceso, y pidieron la salida de Óscar Acuña del Consejo de Monumentos Nacionales.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
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