Justicia condena a 7 funcionarios (r) de Carabineros por caso Hornos de Lonquén

El pasado 9 de septiembre, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes condenó a siete funcionarios (r) de Carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple cometidos contra 15 personas de Isla de Maipo en octubre de 1973 y cuyos restos fueron encontrados en 1978 en unos hornos en la localidad de Lonquén.

A 20 años de presidio fue condenado Marcelo (Lautaro) Iván Castro Mendoza, por su responsabilidad como autor de secuestro calificado. En tanto, Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González y Juan José Villegas Navarro deberán cumplir una pena de 15 años de presidio por el mismo delito. Mientras Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 15 penas de 60 días de presidio como autor de secuestro simple.

La investigación indica que el 7 de octubre de 1973, las 15 víctimas fueron detenidas sin derecho por funcionarios policiales y fueron trasladados a la tenencia de Isla de Maipo. Además, se estableció que “una vez en la unidad policial, los detenidos fueron mantenidos encerrados, interrogados y sometidos a apremios físicos”.

Posteriormente fueron atados de manos y llevados hasta Lonquén en un camión de la unidad policial. En la localidad fueron fusilados por un piquete de Carabineros, al mando del teniente Lautaro Castro Mendoza, para luego arrojar los cuerpos al interior de unos hornos de cal que habían en el lugar, con el fin de ocultarlos.

Las víctimas de este caso de violación de derechos humanos fueron Enrique René Astudillo Álvarez, Omar Enrique Astudillo Rojas, Ramón Osvaldo Astudillo Rojas, Miguel Ángel Arturo Brant Bustamante, Carlos Segundo Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Oscar Nibaldo Hernández Flores, José Manuel Herrera Villegas, Sergio Adrián Maureira Lillo, José Manuel Maureira Muñoz, Rodolfo Antonio Maureira Muñoz, Segundo Armando Maureira Muñoz, Sergio Miguel Maureira Muñoz, Manuel Jesús Navarro Salinas e Iván Gerardo Ordóñez Lama.

En el aspecto civil, el fallo establece que el Fisco deberá pagar $5.540 millones a los familiares de las víctimas.

El caso y el descrédito de la versión oficial de la dictadura

En noviembre de 1978, los cuerpos de las víctimas fueron hallados por integrantes de la Vicaría de la Solidaridad en uno de los hornos de una mina abandonada en los faldeos de los cerros del asentamiento “El Triunfador”, en la localidad rural de Lonquén.

Cuando la causa fue abordada por la justicia militar, se dictó el sobreseimiento definitivo por el decreto ley de amnistía, resolución ratificada por la Corte Marcial en octubre de 1979. La versión judicial de los autores indicaba que las víctimas murieron en un enfrentamiento con Carabineros. Sin embargo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados, desestimó esa posibilidad.

Mientras los cuerpos permanecían en el Servicio Médico Legal, el fiscal militar Gonzalo Salazar acogió el ruego de los familiares de entregarles los cuerpos para su sepultación el 14 de septiembre de 1979, procedimiento que no sucedió.

Salazar había ordenado el retiro de los cadáveres desde el Servicio Médico Legal (SML), los que fueron sepultados en bolsas en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo. Desde ese lugar fueron exhumados el 2006, lo que posibilitó la identificación de 15 cuerpos por parte del SML.

Desde el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señalaron que “el caso de Lonquén fue el primero que permitió desvirtuar la versión oficial de la dictadura, que incluso fue hecha pública en organismos internacionales, en el sentido de que en Chile existían ‘presuntos detenidos desaparecidos’, desmintiendo la voz de los familiares que los buscaban”.

Agregan que el hallazgo de los 15 cuerpos en 1978 preocupó al Ejército y a las autoridades de la dictadura, por el eventual descubrimiento de otras fosas clandestinas. “Por ello, el dictador Augusto Pinochet ordenó el desentierro de todas esas tumbas ocultas, para que los cuerpos se hicieran desaparecer. Fue la llamada ‘Operación Retiro de Televisores’”, señalan.

La Central Nacional de Informaciones (CNI), junto agentes de inteligencia del Ejército se encargaron de la operación, que habría terminado con el lanzamiento de los cadáveres al mar desde helicópteros PUMA del Comando de Aviación del Ejército.