Familiares de Detenidos Desaparecidos exigen salida de represores de Fuerzas Armadas

En una reunión con el ministro de Defensa, Andrés Allamand, familiares de detenidos desaparecidos reiteraron su petición para que el general Guillermo Castro, del Ejército, sea retirado de su cargo por sus vínculos con organismos represivos.

Hasta el Ministerio de Defensa se acercaron este martes (22 de febrero), representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) para sostener una reunión con el ministro de Defensa, Andrés Allamand.

En la cita, que duró poco más de una hora, la Agrupación le planteó una serie de temas relacionados con la permanencia dentro de las Fuerzas Armadas de personal vinculado con organismos represivos durante la dictadura, como es el caso de Guillermo Castro, jefe del Estado Mayor del Ejército.

“Desde el momento en que se conoce la vinculación a la causa Paine, y la participación de este sujeto en la Central Nacional de Informaciones (CNI) -relata Lorena Pizarro-, manifestamos nuestra disconformidad, nuestra molestia y nuestro estupor de confirmar, una vez más, que a partir de 1990 se permitió que, al interior de las Fuerzas Armadas, siguieran en carrera sujetos que fueron partícipes de la represión”. Para la AFDD, no sólo los que torturaron o asesinaron son culpables, ya que, según la dirigenta, “la permanencia en un aparato represivo ya se vincula a la represión de la dictadura”.

CASTRO SE QUEDA

Pese a estos antecedentes, Pizarro señaló que durante la reunión con Allamand, éste reafirmó “la decisión de las actuales autoridades de no desvincular a sujetos, salvo que esté confirmada con una condena, la participación en delitos de lesa humanidad”, lo que para la AFDD es una situación “en extremo grave y delicada, porque estamos hablando, finalmente, de un país donde las Fuerzas Armadas (…) nunca han tenido la voluntad de colaborar con los juicios (…) y han amparado a los violadores de Derechos Humanos”. Lorena Pizarro también culpó a los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera de amparar a los represores durante todos estos años.

En la reunión, la agrupación planteó, además, la posibilidad de entregar un listado de aquellos uniformados que permanecen en las instituciones castrenses y que pertenecieron a organismo represivos, petición que sería evaluada por el Ministro, según Pizarro. “Nos parece que hoy día (las Fuerzas Armadas) siguen con sus manos manchadas de sangre por mantener en sus filas a violadores de derechos humanos”, afirmó Pizarro, y agregó que esta es una decisión política.

Por su parte, Mireya García, miembro de la AFDD, planteó que frente a las sanciones que reciben los represores, además de la sanción jurídica, está también la sanción moral que es la que “nosotros pedimos que se aplique en contra de todos aquellos que formaron parte de aparatos represivos como la Dina -Dirección de Inteligencia Nacional- o la CNI, y que hasta ahora no han llegado a la justicia”.

Además, mencionaron que el “desmantelamiento” de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior no contribuye a acelerar los procesos judiciales pendientes en la justicia, y manifestaron su desconfianza hacia el gobierno de Sebastián Piñera, a quien acusaron de ser “la misma derecha que gobernó con la dictadura.”

HABLA EL MINISTRO

Tras la reunión con los familiares de detenidos desaparecidos, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, declaró que “tal como el presidente Piñera ha señalado, ni en el Gobierno, ni en las Fuerzas Armadas van a participar personas que sean causantes de violaciones a los Derechos Humanos”, y señaló que esa es una política permanente que está vigente “y va a seguir aplicándose”.

Allamand reconoció, no obstante, que existe una “diferencia importante” con la AFDD, producto de la demanda que ésta expresa en cuanto a expulsar de las filas castrenses a todo aquel que haya participado en organismos represivos. Al respecto, el Ministro expresó que “a ellos (la agrupación) no les corresponde transformarse en tribunales de justicia”, acotando que la demanda de las agrupaciones de Derechos Humanos implica “arrogarse la posibilidad de formular una imputación de responsabilidad a personas que quizás no han tenido participación en un hecho que constituye violación a los Derechos Humanos”.

Respecto al caso del general Guillermo Castro, el Ministro afirmó que “los propios tribunales han, formalmente, desestimado su participación en los hechos que se le imputan”, y agregó que ni las agrupaciones de Derechos Humanos han podido hasta el momento, corroborar tal acusación.

En cuanto a los procesos judiciales aún pendientes, Allamand señaló que el Gobierno y las instituciones armadas tienen toda la disposición y voluntad para colaborar en la acción de la justicia.

Por Christian Armaza Benavides

El Ciudadano