Preparan acusación constitucional que amenaza a Van Rysselberghe

La oposición busca acusar a la Intendenta de la Región del Bio Bio sobre la base de infracción a la probidad e igualdad ante la ley

Preparan acusación constitucional que amenaza a Van Rysselberghe

Autor: Cristobal Cornejo

La oposición busca acusar a la Intendenta de la Región del Bio Bio sobre la base de infracción a la probidad e igualdad ante la ley.

Ayer martes, diputados de la oposición -entre ellos miembros del Partido Comunista– junto con abogados constitucionalistas, se reunieron para comenzar a preparar la acusación constitucional en contra de Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), intendenta de la Región del Bío Bío, que presentarán en el Congreso durante el mes de marzo.

La Intendenta regresó de sus vacaciones en Brasil, junto con un fuerte respaldo del Gobierno, que la mantuvo en el cargo, a pesar  las nuevas acusaciones que tiene en su contra, las críticas de la Concertación y de algunos militantes de Renovación Nacional. (Ver nota)

Luego de los audios difundidos por el senador Alejandro Navarro, a finales de enero, la autoridad regional podría enfrentar una acusación constitucional,  que para ella “no hay ninguna prueba” que la sustente. Sin embargo, la Concertación opina lo contrario. Las conversaciones realizadas en la sede de la Cámara de Diputados son las primeras de una serie de reuniones que realizarán sobre el tema.

El diputado socialista Marcelo Díaz dijo que algunos miembros de Renovación Nacional “han dicho públicamente que están en desacuerdo con el modo que la Intendenta actuó y encuentran gravísimo que se mantenga como precedente (…), la lógica que una autoridad pueda mentir y engañar”.

Asimismo, agregó que también se indagará en las responsabilidades que cabrían a Magdalena Matte, ministra de Vivienda, Andres Iacobelli, subsecretario de la cartera, y el seremi de Vivienda de la Octava Región, Enrique Matuschka.

En este mismo sentido, el diputado del PPD Ramón Farías expresó que “el Gobierno pudo haber puesto fin a esa situación pero prefirió someterse a las presiones de la UDI”.

Gabriel Ascencio (en la foto), diputado democratacristiano, indicó que están trabajando en la relación de los hechos “para ir viendo luego las causales constitucionales que nos permitan basar la acusación”. Además recalcó que espera que este trabajo tenga sus propios méritos, y de esta forma puedan conseguir los 61 votos que necesitan.

En este contexto, el parlamentario explicó que “los votos del PRI y los independientes son muy importantes”, pues con ellos es suficiente para presentar imputación en el Congreso.

“La próxima semana esperamos que los jefes de las bancadas de los diputados puedan decidir políticamente qué van a hacer”, agregó.

LAS INFRACCIONES DE VAN RYSSELBERGHE

Humberto Nogueira, uno de los abogados constitucionales que participa de la mesa,  destacó que ahora sólo se está revisando “si hay elementos sustantivos, claros y fundamentados que permitan analizar la presentación de una acusación constitucional” contra Van Rysselbergue (en la foto).

“En el caso de los Intendentes, no existen las causales que tienen los Ministros de Estados de realizar actos u omisiones ilegales, por lo tanto, sólo pueden cometer infracciones a la Constitución”, expresó.

Dentro de las infracciones que se están examinando están el principio de probidad, presente en la Constitución y que también es una obligación dentro de la Ley General de Base de Administración Pública; y la eventual vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, ya que se buscaba privilegiar de forma irregular a una población por sobre las oportunidades de otras.

OTRAS ACUSACIONES

Asimismo, en la mesa de trabajo se está analizando otras acusaciones constitucionales que se han hechos en gobiernos anteriores, como es el caso de la ex ministra de Educación, Yasna Provoste (DC) en el año 2008.

Igualmente, se está revisando el proceso que tuvo el ex ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, junto a otros tres miembros del máximo tribunal: Lionel Baur, Germán Valenzuela y el ex Auditor General del Ejército, Fernando Torres Silva. Hay que destacar que en este último caso el Senado sólo acogió la denuncia realizada al ex ministro Cereceda.

Sobre esto último, Asencio afirmó que el mismo presidente Sebastián Piñera apoyó la moción contra Cereceda por abandono de deberes.

Ante esto, la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, expresó que el caso de  Provoste es distinto al de  Van Rysselberghe, ya que su cartera presentó  irregularidades con fondos del Estado,  donde 200 millones de pesos  no fueron aclarados.

Por Rodrigo Cavieres Cárdenas

El Ciudadano

Fotografías: Ingrid Odgers



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