Ciudadano peruano responsabiliza a la PDI por amenazas y agresiones en su contra

El pasado 10 de septiembre, el ciudadano peruano Julio Valdivia Seibt (49), quien reside hace 6 años y 8 meses en la ciudad de Chillán, denunció ante el Ministerio Público ser víctima de una permanente persecución y de sufrir amenazas, hechos que -sostiene- han llegado incluso hasta la agresión física por parte de agentes de la Policía de Investigaciones de dicha ciudad. Acusa que serían “represalias” por sus denuncias contra el trato discriminatorio que -asegura- ha sufrido por parte de instituciones como el Ministerio del Interior y la PDI.

“Entre el 2005 y el 2010 llegué a Chile en más de una ocasión, siempre en calidad de turista, no tuve problemas tanto en mi ingreso y permanencia como en el retorno a mi país con la Policía de Investigaciones de Chile, ni con nadie. Desarrollé relaciones de amistad y comerciales que vienen continuamente creciendo”, relata Valdivia, diseñador de páginas web y fotógrafo.

Sin embargo, continúa, ese escenario cambió radicalmente cuando decidió radicarse en Chile y comenzar los trámites para conseguir su residencia definitiva. “Denunciar arbitrariedad, amenazas, el trato hostil, persecutorio, por mi nacionalidad u alguna razón que desconozco, como si fuera un delincuente, alimentó grandes sentimientos de intolerancia, xenofobia, en las autoridades migratorias del Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones”, asegura.

El golpe y la amenaza

Valdivia señala en su denuncia más reciente que la noche del 9 de septiembre, mientras regresaba a su casa en su bicicleta tras realizar un trabajo, recibió un golpe de puño en su espalda y cabeza. A su lado, dice, pasó un automóvil Toyota Yaris que se estacionó a unos 50 metros de donde terminó cayendo. «El sujeto que me golpeó, me señaló que no me siga metiendo con la Policía de Investigaciones, porque si sigo haciéndolo, terminaré en una caja muerto y devuelto a mi país», relata. Además, detalló que antes de que se subiera al vehículo y se fuera, recibió de esta persona insultos, como “peruano culeao”.

Julio acudió a realizar la constatación de lesiones en el Hospital de Chillán, en donde se le diagnosticó una «contusión occipital, TEC simple y traumatismo de la cabeza no especificado».

«¿Usted no se aburre de Chile?»

Sin embargo, Valdivia sostiene que son «diversos los hechos que amenazan constantemente mi diario vivir y mi trabajo». Plantea que estos actos más violentos se habría iniciado luego del 7 de febrero de este año tras realizar una denuncia contra el jefe del departamento de extranjería de la PDI de Chillán, Alejandro Beltran Villari.

Según consta en una declaración de Valdivia del 8 de agosto pasado a la Sección de Investigación Policial de Carabineros de la prefectura de Ñuble, el 7 de febrero acudió a la PDI para registrar su visa temporaria por tres meses, donde fue atendido por el subcomisario Alejandro Beltrán Villari. Relata que al abrir el policía su pasaporte le dijo: «¿Usted no se aburre de Chile, con estas visas que le entregan de tres meses?, ¿no entiende el mensaje?». El diseñador señala que le respondió que estaba ahí para poder solicitar la permanencia definitiva, frente a lo que el PDI le habría espetado: «No se preocupe don Julio, yo mismo lo voy a dejar en Tacna para que no vuelva más a Chile».

“Me sentí intimidado y solo guardé silencio; además de sentirme discriminado y vulnerado en mis derechos civiles”, señaló Valdivia en su declaración.

Desde entonces, asegura, recibe «hostigamientos constantes en vehículos, con dichos amenazantes de que no me metiera con PDI, que algo grave me pasará o recibiré las consecuencias», indica.

Valdivia considera como un antecedente previo respecto de la persecución que acusa, un problema que tuvo en 2010 derivado de la interpretación que se hizo de su situación laboral, debido a que en su calidad de diseñador no necesariamente tiene un lugar fijo para desarrollar su trabajo.

“Desde que estoy en Chile me he dedicado a trabajar de forma honesta, cumpliendo con las normas legales en la estadía. Nunca he estado detenido y nunca he infringido la ley”, expresa el fotógrafo.

“Me he ganado un prestigio en mi trabajo a punta de seriedad, esfuerzo, responsabilidad, paciencia  con mi labor; todos mis clientes me refieren o recomiendan en caso de que exista alguna empresa amiga necesitada de diseñar su página web”, apunta Valdivia, quien asegura y critica que la PDI también ha ido a visitar a algunos de ellos este año en el marco de las denuncias que ha presentado.

En ese sentido, menciona que algunas de las empresas con las que ha trabajado son el Laboratorio 5 de Abril, el Laboratorio Biolab, el restaurant La Motoneta y la empresa de transporte forestal Getrafor, entre varias otras.

La solicitud de expulsión

«Dicho extranjero ha provocado diversas situaciones incómodas por reclamos injustificados en diversos servicios, a su vez, adoptando actitudes agresivas, intimidando a funcionarios públicos (…) el extranjero antes mencionado no cumple con las exigencias que el Reglamento de Extranjería dispone, ya que perturba el orden público injustificadamente, por lo que se sugiere que sea expulsado del país».

Esta es lo que señala la solicitud de expulsión del país de Julio Valdivia que el Gobernador de Ñuble envió al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior el 12 julio de 2012. En el documento se consigna un informe de la PDI en donde se le acusa de haber tratado mal al personal de la Inspección del Trabajo de Chillán en más de una ocasión.

Sin embargo, Valdivia asegura que ha sido él quien ha recibido «maltratos y amenazas» de parte de funcionarios públicos. Como aseguró en la denuncia en contra de la funcionaria de la oficina de extranjería de la Gobernación Provincial de Ñuble, Sihgri Rivera, realizada en septiembre de 2012, y que llegó a la Contraloría Regional del Bío-Bío. Esta fue rechazada, argumentando la Gobernación que habría sido Valdivia quien habría incurrido en «conductas delictivas en contra de la funcionaria».

Además de esto, Valdivia señala que ha concurrido a otras instancias públicas para denunciar la persecución que, asegura, lo afecta y con el objeto de conseguir su residencia definitiva, entre ellas la Corporación de Asistencia Judicial o el Instituto de Derechos Humanos. Sin embargo, señala que no ha obtenido una ayuda efectiva.

Junto con ello menciona que hay otros hechos que atribuye al actuar de la PDI, como por ejemplo, la pérdida de su ficha clínica desde el Centro de Salud Familiar Violeta Parra (CESFAM) en Ñuble. Esto último fue confirmado por la propia directora del recinto, la doctora Nancy Jara Jara, quien en una carta enviada a Valdivia el 12 de julio de este año señala que “efectivamente su ficha clínica fue extraviada el año 2012”. Sin embargo, la profesional agrega que ésta “no fue sacada del establecimiento por ningún funcionario, ni facilitada a ninguna institución” y que la PDI tampoco la ha solicitado, agregando que la razón de la pérdida es que fue “mal archivada”.

Las otras denuncias

Valdivia alega que la justicia ya está en conocimiento de anteriores denuncias como, por ejemplo, la formulada el 12 de julio de 2016, en donde dio cuenta de supuestas amenazas, acoso y hostigamiento que, dice, se tradujeron en «visitas reiteradas en mi domicilio por parte del subcomisario PDI, Alejandro Beltran Villari».

«Son reiteradas veces, en contextos de trámites migratorios ante PDI o el Ministerio del Interior, que vengo sufriendo diversas amenazas, atropellos a mi honra, vida privada, salud, trabajo, etcétera», insiste el ciudadano peruano.

En la declaración que hizo Valdivia a Carabineros de Ñuble se lee también otro relato de lo que habría ocurrido la tarde del 17 de julio de este año. «Mientras transitaba por calle Arauco frente a Movistar, se me acercó un automóvil, Toyota tercer (sic), color verde, con dos hombres y el copiloto me dijo ‘no te metas con la Policía de Investigaciones porque recibirás severas consecuencias'». La misma amenaza, dice, recibió posteriormente, el 29 de julio.

En tanto, el 8 de septiembre presentó otra denuncia por amenazas en Fiscalía, que -«de manera,  rápida, sumaria y expedita», cuestiona Valdivia- decide el no inicio de una investigación, frente a lo que el ciudadano peruano ha interpuesto un recurso de reposición. Lo mismo ha ocurrido con la del 9 de septiembre.

«Es deber del Ministerio Público, en primer lugar, proteger a la víctima, independientemente de su nacionalidad, raza, color de piel o si ha tenido o no denuncias anteriores», critica Valdivia. Y agrega: «es su obligación investigar objetivamente los hechos que vienen ocurriendo». «Consta en documentos oficiales, la forma en cómo agentes de la PDI vienen amenazando, hostigando y perturbando mi hogar, mis vecinos, mi vida privada, personal y laboral, a lo largo de los años que vengo radicando de manera regular en Chillán y el país», indica.

Una queja que ya el 2 de septiembre de este año Valdivia había estampado formalmente ante el Juzgado de Garantía de Chillán, donde acusa que la Fiscalía local de esa ciudad “ha venido una y otra vez desconociendo mis derechos que como víctima me asiste en la participación de la persecución penal de los hechos denunciados”.

El 14 de septiembre pasado finalmente el fiscal adjunto de la Fiscalía de Chillán, Eduardo Planck, emitió una orden de investigar al Departamento 5to de la Policía de Investigaciones de Santiago, en la cual se solicita realizar las diligencias necesarias para comprobar lo ocurrido el 9 de septiembre pasado e identificar a los participantes en el hecho. Valdivia, quien cree que esto es resultado la presión que ha ejercido, señala que ya fue contactado y que le dijeron que dentro del plazo de un mes debiera ser llamado a declarar.

Julio Valdivia realiza una reflexión final respecto a los actos “discriminatorios” que acusa, señalando que “no se debe olvidar que el ordenamiento jurídico de Chile le entrega derechos al no nacional, cuando es la Ley y la Constitución la que le garantizan la igualdad ante la ley y el goce de su protección”. En ese sentido, agrega, “una persona -independiente de su nacionalidad, acento o color de piel- puede y debe siempre, previo cumplimiento de sus deberes, ejercer, exigir el respeto a sus derechos”. Este ejercicio ciudadano, añade, “es finalmente lo que hace a una nación grande, democrática, inclusiva y no exclusiva de quienes manejan el poder económico o administrativo”.

El Ciudadano se contactó con la Policía de Investigaciones para obtener una respuesta respecto a estas denuncias, solicitando esta institución los antecedentes expuestos en esta nota. Sin embargo, luego de alrededor de 25 días de espera, no obtuvimos  ningún pronunciamiento al respecto.

Por Daniel Labbé Yáñez