Europa sigue tomando decisiones en contra de los inmigrantes. Amnistía Internacional alertó recientemente al presidente francés, Nicolás Sarkozy, sobre la situación de los derechos humanos en su país, y en particular de las políticas y las reformas legislativas referidas al trato con los inmigrantes y los refugiados.
La Asamblea Nacional francesa restauró el miércoles 16 de febrero en la Comisión de Leyes, el proyecto de ley de inmigración que abolió el Senado, incluyendo la extensión de retirar la nacionalidad francesa -por el momento reservada a culpables de actos de terrorismo-, a los naturalizados hace menos de diez años que atenten contra las fuerzas del orden.
La diputada Sandrine Mazetier, encargada del tema migratorio en el Partido Socialista, dijo que “el texto de ley es inaceptable” y que “las medidas conciernen a las poblaciones estigmatizadas”.
El Gobierno español aprobó en 2009 la reforma de la ley de extranjería que limita las reagrupaciones familiares de los inmigrantes residentes en España y que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no el “acogimiento humanitario”.
El portavoz del partido IU-ICV, Joan Herrera, ha recalcado que la nueva ley «recoge pocos derechos» y no garantiza el control judicial en los centros de internamiento de extranjeros. En un tono similar el diputado Joan Tardá del ERC afirmó que el PSOE necesita «mano de obra, pero llegan personas».
Los diputados italianos adoptaron en 2009 bajo la presión de la extrema derecha una polémica ley sobre la seguridad interior y la inmigración. Ésta crea un delito «de inmigración y de residencia ilegal”, que castiga de una multa de 5 a 10 mil euros y permite la denuncia a la justicia de cualquier inmigrante ilegal.
Kurosh Danesh, coordinador del Comité Nacional de los Inmigrantes del sindicato CGIL, manifestó su preocupación “por el cambio en las actitudes en relación con los inmigrantes”, culpando a la Liga del Norte, “un partido que ni siquiera oculta su orientación xenófoba y racista”.
UNA POLÍTICA EUROPEA DE INMIGRACIÓN LEGAL
El Tratado de Ámsterdam, en vigor desde 1999, creó una política comunitaria de inmigración. Desde 1999, la Unión Europea (UE) busca una cooperación con los países de origen y de tránsito de los inmigrantes. La cooperación se hace en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV).
Las fronteras del espacio Schengen -un espacio cerrado de 28 países europeos- tienen ahora un segundo recinto, exterior, que requiere la cooperación de terceros países. La llamada «dimensión externa de la política de inmigración y asilo» por el Programa de La Haya de 2004 tiene el objetivo de dejar a los Estados no europeos el control de las fronteras y de las migraciones hasta los países europeos.
La externalización del control de las fronteras está dentro del marco de la «asociación global con los países de origen y de tránsito» consagrados en el Pacto de Inmigración y Asilo de 2008. En nombre de la «sinergia entre migración y desarrollo», el texto incluye los países de origen y tránsito de los emigrantes en el camino a la frontera de la UE, países ahora obligados a proteger las fronteras europeas.
UNA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL
Para enfrentar al problema de la inmigración, la Unión Europea creó en 2004 la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (Frontex). Frontex no está pensada para ser una policía de migración, se trata más bien -oficialmente- de prestar asistencia a los llegados. Pero de hecho, Frontex ayuda a los países mediterráneos para luchar contra la inmigración ilegal.
En el Mar Mediterráneo miles de personas han muerto en la última década al intentar ingresar ilegalmente en la UE. Como mínimo, 14 mil 921 personas, según la revista hecha para el Observatorio sobre las Víctimas de la Inmigración (Fortress Europe), desde 1988 hasta enero 2011. Partiendo de Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal hacia las Islas Canarias o atravesando el Estrecho de Gibraltar.
Por Nicolás Loonis
El Ciudadano
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