Pese a que dos de los imputados habían recibido el beneficio de prisión domiciliaria, el 14 de febrero pasado, se les revocó a causa de la presentación de una apelación del fiscal Alejandro Peña, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Hoy, cumplieron con la diligencia y se entregaron.
Ante el Octavo Juzgado de Garantía, en el Centro de Justicia de Santiago, llegaron los imputados Vinicio Aguilera y Omar Hermosilla, acompañados por su abogado, familiares y amigos, para presentarse ante el tribunal y quedar en prisión preventiva.
La diligencia se desarrolló en el cuarto piso del Centro de Justicia, en donde, antes de pasar a detención, los presentes organizaron una pequeña manifestación en donde Ximena Muñoz, vocera de los acusados, leyó un comunicado. Al respecto, manifestó que durante el encierro que han padecido los imputados “han vivido en carne propia la tortura de los funcionarios del Estado”.
Durante la lectura, hicieron alusión a los abusos sufridos el 8 de octubre del año pasado, cuando se les sacó violentamente muestras de ADN “a cada uno de los imputados para ser contrastadas con las muestras recogidas en los lugares de los bombazos”, lo que no arrojó ninguna relación entre los acusados ni con los atentados, según el propio informe elaborado por el Laboratorio de Carabineros (Labocar).
Indicaron, además, que durante los allanamientos emprendidos por las fuerzas policiales no se encontró nunca ninguna evidencia de materiales para fabricación de explosivos, así como tampoco existen señales dactilares que los podrían inculpar. También criticaron el uso de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos que entregaron falsos antecedentes.
Además, anunciaron que se sumarán a la huelga de hambre, iniciada por 10 de los imputados del Caso Bombas, y exigieron el fin de las irregularidades en el proceso judicial, y de los montajes policiales, los que tendrían como fin, según afirman, inculparlos de crímenes que no han cometido.
Una vez leída la declaración, y tras despedirse de sus familiares y amigos, Hermosilla y Aguilera pasaron a otra dependencia, donde quedaron detenidos.
No obstante, para el fiscal Alejandro Peña, la decisión de la Corte de Apelaciones prueba las acusaciones presentadas ante el Ministerio Público. “No lo dice la Fiscalía, los otros querellantes, sino que han sido los tribunales los que han dado por acreditado la existencia del delito y la responsabilidad penal que en ellos pueda caer”.
LAS REACCIONES
Por su parte, el abogado de los jóvenes, Rodrigo Román, señaló que el próximo 16 de marzo “se va a debatir respecto a la ampliación del plazo del caso” y afirmó que ellos están dispuestos a luchar por el cierre de la investigación, pese a la existencia de “una alta influencia política de fondo, existe directamente una persecución a la disidencia”, señaló el abogado.
Por su parte, Ximena Muñoz, vocera de los imputados en huelga de hambre, indicó que ellos se saben inocentes y van a “seguir luchando y defendiendo un juicio justo”, en referencia a que, según los imputados, aquí no ha habido un debido proceso, al mantenerlos encerrados por más de seis meses.
Además, se refirió a la participación de los acusados en la huelga de hambre, la que se mantendría, en principio, hasta el 16 de marzo, cuando sean reformalizados. Muñoz coincidió, también, con el abogado Román en que este caso deja en evidencia “una persecución a formas de vivir, a ideas (…) es una persecución política”.
De la misma persecución da cuenta Verónica Garín, pareja de Omar Hermosilla, quien señaló que en las cercanías de su hogar fueron constantemente vigilados por agentes de civil de la Policía de Investigaciones (PDI) a bordo de una camioneta de color rojo, que incluso los siguió en el momento en que fueron a presentarse ante el tribunal hasta el Centro de Justicia. “Lo curioso”, afirma Garín, es que “los agentes de la PDI que estaban en esa camioneta roja son los mismos que nos fueron a allanar el día 14 de agosto del año pasado”, por lo que -para ellos- ya son “rostros conocidos”.
Una vez terminada la breve diligencia, se encontraba presente Hilda Mery, madre de Vinicio Aguilera, quien afirmó que su hijo “se siente como un pajarito encerrado en una jaula”.
La señora Mery señala que la detención de su hijo les ha cambiado profundamente la vida como familia, aunque afirmó que “hay que apoyarlo”, ya que su hijo se encuentra profundamente afectado por toda esta situación.
Por último, los imputados exigieron libertad inmediata, fin a los montajes mediáticos y jurídico-policiales, así como el fin a la Ley Antiterrorista por el cual son acusados, e insistieron en que si la Fiscalía tiene pruebas, que las muestre, que haga el juicio y que se defina la situación, y que sea el tribunal el que declare la inocencia o culpabilidad de todas las personas implicadas.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
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