El secretario de comunicaciones de la Presidencia de Filipinas, Martin Andanar, hizo público hace pocos días que 1.466 supuestos narcotraficantes fallecieron en operaciones policiales en poco más de 10 semanas. Otras 1.490 personas fueron asesinadas a manos de los llamados «vigilantes», grupos parapoliciales amparados por el estado de anarquía declarado por el presidente Rodrigo Duterte.
El Consorcio Confedrogas, integrado por organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil junto a la estadounidense WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y el Transnational Institute de Países Bajos (TNI), expresa una honda preocupación por la grave situación de violación a los derechos humanos que está aconteciendo en Filipinas.
En vísperas de la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobrePolíticas de Drogas que Confedrogas organiza en Rep. Dominicana los próximos 5 y 6 de octubre, donde destacados especialistas discutirán la elaboración de propuestas superadoras en políticas de drogas sustentadas en los derechos humanos, los organizadores formularon un llamamiento internacional para repudiar la violencia promovida por el Gobierno filipino. Si bien distintas agencias de Naciones Unidas ya se han expresado al respecto, los miembros de Confedrogas esperan que haya un pronunciamiento más efusivo por parte de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, así como también de todos los países democráticos. Ya más de 370 ONG´s han firmado 2 cartas dirigidas al Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
“Lo que está viviendo Filipinas es un genocidio”, expresó el coordinador general de la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, Pablo Cymerman, y señaló que “Filipinas debe cumplir las obligaciones internacionales de derechos humanos como los derechos a la vida, a la salud, al debido proceso y a un juicio justo, tal como se establece en los tratados de derechos humanos ratificados por Filipinas”.
Por su parte, Santo Rosario Ramírez, director del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), organizador local de la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, manifestó su preocupación por “el enorme sinsentido que significa que desde el Estado, que debe garantizar la protección ciudadana, se promueva semejante nivel de violencia tanto policial como parapolicial” y recalcó que “las experiencias de guerra contra las drogas en nuestra Latinoamérica han demostrado cabalmente que sólo generan mayores niveles de violencia y no han logrado disminuir ni el consumo ni el narcotráfico”.
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