En vísperas de cumplirse un año del fatídico terremoto y tsunami del 27 de febrero, Jorge Pizarro, presidente del Senado, realizó un balance sobre la actuación del Gobierno y los diferentes actores en el proceso de reconstrucción.
Paralelamente, la Fiscal Regional Occidente detalló los métodos y procedimientos utilizados en la investigación de las responsabilidades sobre el tsunami que afectó a la zona centro sur luego del terremoto.
“Desde el Senado, queremos reiterar que la única urgencia nacional es apurar el proceso de reconstrucción, esa es la única unidad que exigen los chilenos”, señaló Pizarro, aludiendo a los llamados del presidente Piñera y la Alianza en torno a la unidad y el rol de la oposición en la reconstrucción.
“El rol del Congreso y la oposición debe ser legislar y, en ese sentido, aprobamos en tiempo record los 3 cuerpos legales para que el Ejecutivo accediera a los recursos necesarios para la reconstrucción”, señaló, refiriéndose a las disposiciones que le permiten al Gobierno obtener recursos, recaudar más tributos, y recibir donaciones del sector privado.
Asimismo, aseguró que después del terremoto las cifras de desempleo aumentaron. “Hoy hay 500 mil chilenos más en el índice de pobreza, es decir, un 20% de los chilenos está en situación de pobreza”.
Además, consideró que “la reconstrucción no es un show mediático ni debe usarse como slogan porque, objetivamente, las cosas no se están haciendo”, afirmó.
“No corresponde que el Gobierno pretenda definir cuando una actividad tiene o no sentido de unidad nacional, de acuerdo a sus intereses”, añadió, justificando la ausencia de personeros de la Concertación en las actividades de conmemoración del próximo fin de semana.
“Yo no me presto para ese show”, señaló el Presidente del Senado (en la foto), declarando que tras la cita con Piñera, a propósito del tema marítimo con Bolivia, éste los invitó a la “celebración” del terremoto, lo que, a su juicio, “refleja la sensibilidad del Gobierno”.
Por otro lado, calificó como un grotesco y un engaño la “burda campaña comunicacional tratando de demostrar que se ha hecho lo que no se ha hecho en materia de reconstrucción”, en referencia a las fotografías aparecidas como propaganda gubernamental en las que se muestra el puente Llacolén y Dichato en imágenes tomadas en 2009, previo al terremoto.
Denunció también un manejo de las cifras que no se condice con la realidad, especialmente en el tema de los subsidios. “Se hablan de 124 mil subsidios otorgados, pero sólo el 1,2% de esas viviendas han sido entregadas o reparadas, es decir, tan sólo 1.536, a diciembre de 2010”.
Igualmente puso en duda la promesa del Gobierno de tener el 90% de viviendas reconstruidas a fines de este año (198 mil casas y departamentos), ya que una cosa es una vivienda entregada y otra es una en ejecución, “proceso que puede durar hasta dos años”, afirmó. Por eso, exigió al Gobierno la elaboración de un cronograma de las obras programadas mes por mes.
Criticó, por último, la excesiva centralización de las decisiones, dejando de lado -e incluso “contradiciendo”- a los gobiernos regionales y municipales y a la ciudadanía organizada, así como los 28 millones de dólares en que la Contraloría ha detectado irregularidades y la poca claridad sobre qué dineros son para reconstrucción y cuáles son para los planes de política habitacional regular, del presupuesto de Vivienda.
“EL PAÍS NECESITA SABER QUÉ PASÓ”
Por otra parte, la fiscal Solange Huerta expuso el cronograma y la serie de tareas que la Fiscalía está realizando para determinar “si existió un delito o cuasidelito y si hay personas que pueden tener responsabilidades”.
Según lo señalado por Huerta, la investigación está sostenida por 40 archivadores, más de 178 oficios despachados, 40 pericias, más de 70 viajes a localidades, caletas y comunas afectadas, más de 800 declaraciones y más de 22 audiencias realizadas en distintos tribunales del país.
Entre quienes han declarado por el caso en calidad de imputados, se encuentran los ex ministros Francisco Vidal y Edmundo Pérez Yoma, el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández. En tanto, la ex presidenta Michelle Bachelet prestó declaración en calidad de testigo.
“Nuestro propósito es poder dar conclusiones durante el primer semestre de este año, pero advirtiendo que tales tiempos no dependen tan sólo de cuántas horas de trabajo la fiscal o las policías dediquen al caso”, señaló Solange Huerta. “Dar conclusiones antes de mediados de este año es complejo por los temas que hay pendientes”.
Por Cristóbal Cornejo y Vanessa Vargas
El Ciudadano
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