Apoyo escolar en útiles, acceso a becas o alimentación escolar facilitada por la JUNAEB, son algunos de los derechos básicos que el sistema educativo chileno prevé para los estudiantes que lo requieren. Pero no para todos. Estos beneficios sólo recaen en los estudiantes chilenos o aquellos extranjeros con su situación totalmente regularizada.
El motivo por el que los alumnos migrantes en situación irregular no tienen derecho a estos réditos pasa porque su entrada al sistema educativo chileno se vehicula a través del controvertido RUT 100, una identificación provisoria entregada por el Mineduc que el estudiante extranjero podrá ocupar hasta disponer de una visa temporaria o definitiva, pero que finalmente termina vulnerando algunos derechos básicos en materia de educación de este colectivo.
Según explicó a El Ciudadano el sacerdote director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Miguel Yaksic, además de lo ya mencionado, el rut 100 «impide el acceso a la entrega de computadores escolares del programa ‘Me conecto para aprender’, al apoyo terapéutico del COSAM, así como al apoyo pedagógico; tampoco permite obtener el certificado de estudios expedido por el Mineduc, por tanto su trayetoria escolar no es reconocida, ni inscribirse a la PSU«.
La controvertida identificación ha entrado, en los últimos días, en la agenda mediática por la campaña que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha lanzado a través a través del hashtag #NoMasRut100 en portal Change.org, en la que solicitan al gobierno «que nunca un derecho fundamental esté sujeto a un trámite administrativo, para que no existan estudiantes de segunda categoría en Chile», comenta Yaksic.
Entre los menores más afectados están aquellos procedentes de países limítrofes como Perú y también de vecinos regionales como Colombia, Haití y República Dominicana.
La situación toma dimensiones más complejas por el hecho de que Chile ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) y no está cumpliendo el tratado cuando discrimina al niño extranjero en razón de su condición de migrante, dificultando su acceso al derecho a la educación.
Al corto-medio plazo, desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) proponen algunas modificaciones administrativas como registrar a todos los estudiantes con su RUN provisorio en el sistema SIGE, sin importar su situación migratoria, para obtener el certificado de estudios y otros, permitir la inscripción a la PSU de todos los estudiantes que hasta el momento tienen su RUN provisorio o eliminar el requisito de acreditación de sustento económico de los padres para poder obtener la visa de estudiante. Sin embargo, el director del Servicio advierte que «si la vía administrativa y judicial interna se agota, llevaremos el asunto por la vía internacional».
En los últimos años, el número de niños extranjeros en el país está creciendo, sobretodo porque muchos migrantes se arraigan al país y llevan a cabo un proceso de reunificación familiar. Según datos del Mineduc, para el año 2016, la matrícula de estudiantes migrantes llegó a 60.844, equivalente al 1,7% de la matrícula total, duplicándose con respecto al año anterior y aumentando seis veces desde el año 2005. La mayoría de estos estudiantes se encuentra en la educación básica (59%) y un 23% en la educación media.
Para Yaksic, «el problema fundamental no es la migración, sino que Chile no está preparado para recibirla». Y agrega: «El ejecutivo está muy desarticulado en esta materia. Es necesario abordar el hecho migratorio con enfoque de derechos humanos«, cierra.
Un problema más allá de la educación
La mirada de derechos humanos del sacerdote es compartida por el abogado y presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, Rodolfo Noriega.
En conversación con este medio, el jurista defiendió que el RUT100 «es una salida para que los niños puedan estudiar y no es que sea un mecanismo malo en sí mismo, lo que es malo es el sistema al cual los niños se ven sometidos para regularizar su situación«.
Noriega explicó que el Mineduc creó esta identificación para poder inscribir provisoriamente en sus registros a los estudiantes extranjeros en situación irregular porque había un convenio de 2005 que supuestamente sostenía que Extranjería iba a hacer un proceso simplificado para tramitar las residencias de los escolares.
Sin embargo, para dirigente «la rigidez» siguió imperando y «es la burocracia del trámite migratorio, que se alarga hasta los cinco o seis meses, lo que complica». En su opinión, «el Registro Civil podría dar cédulas de identidad a todas las personas porque la ley considera que esto es obligatorio para aquellos mayores de edad que tienen una residencia, y facultativo para los demás casos; sin embargo, previo a esto, los someten a un trámite migratorio y burocracia de extranjería que entorpece el sistema.»
Noriega criticó que «existe un RUT tributario, uno de Fonasa, uno de las AFP, uno de las ISAPRES, hay rut para todo. Se ha vulnerado la seguridad del RUT único, y hay múltiples registros y muchas duplicidades». Y añadió: «Estos RUT son ilegales porque la única instancia que puede entregar identificaciones legales es el Registro Civil». Según él, esto facilitaría objetivos que se propone el Departamento de Extranjería como obtener un registro de extranjeros o saber quiénes están regularizados.
«Si Chile no reconoce los documentos de los países de origen o no da un documento alternativo, a la gente la dejan indocumentada y termina sometida a controles de identidad, abusos laborales, abusos policiales y, en definitiva, siendo víctimas de discriminación«, concluye Noriega.
Meritxell Freixas
@MeritxellFr