El miembro de la directiva comunal de la Democracia Cristiana de Coyhaique, Rodrigo Mena, habló con El Ciudadano sobre las graves acusaciones indagadas por la Justicia Militar que involucran a oficiales de Carabineros de la Región de Aysén, y las cuestionadas bajas de funcionarios que denunciaron hechos irregulares vinculados al actuar de Fuerzas Especiales en el movimiento social de 2012, cuando resultó herido de un ojo el pescador Teófilo Haro.
Mena ha servido de puente con el Ministerio del Interior para analizar la documentación entregada sobre este y otros casos similares, donde se alega una vulneración laboral por la Defensoría Policial «Equánime», a cargo del ex suboficial Esteban Infante y el abogado Ricardo Cienfuegos – agradeciendo, plantea, la confianza que han depositado en él como dirigente falangista, lo que permitió evitar un hecho de sangre el pasado 8 de septiembre cuando intercedió para que el cabo segundo Alexis Moreno, acusado de porte ilegal de arma de fuego, se entregara voluntariamente, luego de «parapetarse» en su domicilio.
¿Cuáles son las denuncias que han llegado a su conocimiento?
Como dirigente político de la Democracia Cristiana se acercaron a mí las familias de los sargentos José Martínez y Miguel Riveros para solicitar ayuda y ser escuchados a nivel del Ministerio del Interior. Se hicieron las gestiones con la División de Carabineros a cargo de Patricio Reyes, el cual recibió a representantes de la Defensoría Policial “Equánime” y ellos expusieron todos los problemas que tenían, de cómo fueron hostigados con sumarios que no son consecuentes con los hechos, acreditando que fueron perseguidos por el solo hecho de haber apoyado a un sargento (Héctor Aburto) que no disparó a Teófilo Haro.
En ese caso vinculado al conflicto social de Aysén, ¿se ha podido determinar que funcionarios mintieron para proteger al verdadero autor del disparo?
Efectivamente, se han dado datos erróneos, se han alterado tablas de servicio. Lo más terrible es que dieron de baja al sargento Martínez con un médico falso. Ese médico después desapareció de la Comisión Médica de Carabineros. Entonces ha habido hechos que notoriamente son irregulares con respecto al proceder de oficiales en la Región de Aysén.
¿Cómo ha valorado el gobierno estas denuncias?
Ellos lo están canalizando, esperando que les llegue información de parte de Carabineros, porque todavía no llega respuesta por el caso del sargento Riveros. Por lo que tengo entendido, respondieron al caso del sargento Martínez y dijeron que estaba bien dado de baja, pero a la luz de lo ocurrido hay algo que no cuadra. Por eso le solicité al senador Patricio Walker que coordine una reunión con el ministro del Interior en las próximas semanas, para que sean recibidos y expongan directamente al Ministerio del Interior el tema que les está aquejando y que ha traído grandes costos personales y familiares a dos personas, que solamente por el hecho de decir la verdad de lo que ocurrió con el movimiento social han sido brutalmente perseguidos y hostigados por los mandos de la región.
¿Acá hubo discriminación de oficiales que sancionaron arbitrariamente a personal subalterno para alejarlos de la institución?
Yo creo que sí. Quedó al descubierto que mintieron respecto a lo que ocurrió en el movimiento social. La Justicia Militar toma su tiempo y los afectados están a la espera de lo que resuelva, pero a todas luces tienen respaldo de los hechos que acreditan que no han cometido ninguna falta o delito, sólo decir la verdad, y Teófilo Haro les da un total apoyo por lo que están pasando. Es una bola de nieve que empezó chiquitita y para poder cubrir esa mentira se fue agrandando. Es más, ellos denunciaron a oficiales del mando anterior por grandes irregularidades, por una trata de blancas en el night club «Acapulco». Lo denunciaron al general director (Bruno Villalobos) cuando estuvo en Coyhaique y él todavía no me responde por Ley de Transparencia qué hizo con esa información.
¿Se sospecha de una eventual protección policial a locales nocturnos de Coyhaique?
No quiero pensar eso, pero creo que para allá apunta. Esto yo se lo di a conocer al fiscal de la región que llevaba la causa, Luis Contreras, y él abrió un cuaderno secreto. No he preguntado cómo va eso, pero sin duda, si se llega a comprobar que el general director no pasó la información a los entes competentes, más encima con una grabación, con todos los antecedentes serios y con personas serias, se podría hablar de un abandono de deberes militares del director, y eso se lo vamos a hacer presente al Ministerio del Interior, porque esas cosas aquí no pueden pasar. Más cuando acá en la región de Aysén hay un manto de dudas sobre la justicia y las policías, y esto afecta más la credibilidad de estas instituciones.
Que Aysén sea una región alejada del poder central, ¿permite que no haya mucha fiscalización en estos aspectos?
Yo creo que hay una falta de prolijidad en las investigaciones. Tanto la policía como la Fiscalía no han tomado el tema tan serio como corresponde. Todo lo que dice el obispo Infanti tiene mucho de verdad. Llevamos varios casos que al final no quedan en nada y la gente con esa angustia y temor dice “si no pasa nada en tres o cuatro casos, de qué estamos hablando”. No quiero pensar que les dé lo mismo investigar o no. Ha ocurrido que al final se cierran casos sin culpables.
En su opinión, ¿qué medida serviría para hacer que las situaciones denunciadas no se vuelvan a repetir?
Lo que vamos a hacer, si se da la oportunidad en las próximas semanas de tener una audiencia con el ministro, es plantear que las mal llamadas ‘Comisiones Médicas’ que dan de baja a los funcionarios, sean comisiones mixtas entre civiles y carabineros para dar una mayor objetividad a las bajas. Porque esta comisión la usan de repente como medio de represión contra subalternos que dicen la verdad, que no aguantan la inoperancia y la prepotencia. Vamos a plantear que sea una comisión seria y aplicar así una mayor igualdad de condiciones.