Más corrupción en las Fuerzas Armadas: General (r) Ortega usó dinero del Estado para gastos personales

En una reunión sostenida la tarde de ayer en el ex Congreso Nacional, el contralor general Ramiro Mendoza, junto al ministro de Defensa Andrés Allamand, al presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Patricio Walker y al presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, analizaron las investigaciones tras la serie de irregularidades que involucran a las Fuerzas Armadas.

Uno de los puntos centrales de la conversación entre Allamand, Mendoza y Walker se refirió al término de la investigación en que el ex Comandante en Jefe de la Fach (r), Ricardo Ortega, es acusado de haber llamado a su esposa –médico de la Fach– para trabajar en comisión de servicio sin descontar las horas no trabajadas.

Además, se indica que realizó contrataciones de su cuñada e hija –quienes comenzaron a trabajar para la institución- y el pago del sueldo de una asesora del hogar por medio del Club de Campo Quinchimalí –perteneciente a la Fuerza Aérea-.

Sólo la última de estas acusaciones pudo ser comprobada. “Se constató una irregularidad en la prestación de servicios de una asesora del hogar en la casa del ex Comandante en Jefe por un período de dos meses, el año 2009, la que fue subsanada por el propio general del aire señor Ortega, asumiendo el compromiso de reintegrar las remuneraciones correspondientes”, informaba el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa.

En opinión del titular del ministro Allamand, esta investigación se enmarca en “la nueva aplicación de la política de transparencia en el ámbito de Defensa. El Gobierno está conforme con el procedimiento interno llevado adelante por la Fach y lo da por concluido”.

EN BÚSQUEDA DE TRANSPARENCIA

En la reunión se discutió el pasado incidente respecto al puente mecano construido en el río Bío Bío, que terminó con la renuncia del primer ministro de Defensa de la administración Piñera, Jaime Ravinet. El Presidente del Senado, Jorge Pizarro, manifestó su desacuerdo con la negativa de Ravinet de facilitar los antecedentes de la compra del puente al Consejo de Transparencia.

Pese a que Allamand aseguró que está seguro “de haber cumplido a cabalidad con los planteamientos que nos formuló el Consejo de Transparencia”, la empresa británica Mabey –que perdió la licitación del puente- se encuentra pidiendo más antecedentes para conocer las causas por las que la compra del puente fue concedida a finalmente a la empresa Arrow.

En caso de que el Ministro de Defensa no acceda a entregar la información requerida, puede ser multado hasta con el 50% de su sueldo, que registra como $522.582 pesos, pero que llega casi a los $5.953.369 de pesos, considerando gastos de representación y bonficaciones en general, según la página del Ministerio.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano