Las diputadas Alejandra Sepúlveda (IND) y Cristina Girardi (PPD) anunciaron la realización de una Sesión Especial en la Cámara de Diputados el próximo miércoles -en primera instancia se iba a realizar mañana-, con el objeto de abordar con las autoridades pertinentes la situación del lucro en el grupo Laureate, puesto que, en base a la legislación nacional, el lucro está prohibido en la educación.
Cabe señalar que tras la controversial apertura a la bolsa del grupo Laureate, el holding reconoció públicamente la existencia de planteles universitarios que operan con fines de lucro, incluyendo en nuestro país el control de las universidades Andrés Bello, De Las Américas, de Viña del Mar, y de los institutos profesionales AIEP y la Escuela Moderna de Música.
En este contexto, Sepúlveda señaló que “nosotras por años hemos fiscalizado lo que tiene que ver con el lucro en la educación, y lo que hoy estamos diciendo es que las instituciones como el SII, Fiscalía y también Contraloría tienen que venir a explicar lo que está ocurriendo con el lucro. Hemos realizado ya muchas denuncias, donde dijimos a Impuestos Internos que acá existe una defraudación de parte de estas instituciones (planteles controlados por Laureate) al Estado de Chile”.
“Cuando destituimos al ministro Beyer, pensamos que nunca más un ministro de Estado dejaría de fiscalizar el lucro como debería ser, y es por ello que esperamos una explicación satisfactoria tanto de la Ministra como del Contralor”, agregó la legisladora del Distrito 34.
Por su parte, la diputada Cristina Girardi indicó que “hay evidencia clara de que esta Institución es con fines de lucro y por lo tanto hay problemas tributarios, ya que una Institución de este tipo tiene que pagar impuestos. Sólo las instituciones educacionales sin fines de lucro están exentas del pago de impuestos, pero aquí se ha jugado un doble rol, donde Laureate aparece como «sin fines de lucro» pero a la vez ha retirado una cantidad cuantiosa de recursos del país. Pero esos recursos no son sólo de los aranceles que pagan las familias, sino que también son dineros del Estado a través del CAE”, afirmó Girardi.
Asimismo, la parlamentaria indicó que “pedimos un fiscal especial para este tema y finalmente se nos dijo que el lucro no está tipificado como delito y, por lo tanto, no se pueden perseguir acciones penales. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea un delito desde el punto de vista tributario y desde lo que está consagrado en la Ley General de Educación, que dice que todas aquellas instituciones que lucran y vulneran sus estatutos -porque se supone que son corporaciones sin fines de lucro- debieran ser cerradas, revocarles el reconocimiento oficial y caducarles la personalidad jurídica. Eso dice el artículo 64 de la Ley General de Educación y eso no requiere pasar por el Ministerio Público, sino que solo que el ministerio aplique la ley cuando sea vulnerada por estas instituciones”.
La citación incluye a la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, la jefa de la División de Educación Superior (DIVESUP), Alejandra Contreras, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el fiscal nacional, Jorge Abott, y también el director nacional del Servicio de Impuestos Internos.