Una movilización en contra de la aprobación del proyecto minero de Isla Riesco y de la central termoeléctrica Castilla, y la otra en apoyo a la huelga de hambre que realizan los imputados del llamado “caso bombas”, ocurrieron en la tarde de ayer, en el centro de la capital.
Organizada a través de la Coordinadora Chilenos por Isla Riesco, se realizó el miércoles 2 de marzo la cuarta manifestación en repudio por la aprobación de los proyectos de Mina Invierno (Isla Riesco) y la central Castilla.
La movilización, que reunió a algo más de 200 personas, se desarrolló pacíficamente, en pleno centro de Santiago, y contempló una marcha a lo largo de las calles céntricas de la capital, la cual terminó en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda.
Al iniciar la marcha, Luis Mariano Rendón, vocero del grupo Acción Ecológica, criticó a las autoridades por prometer en campaña compromisos relacionados con el cuidado con el medio ambiente que, una vez en el poder, no cumplen. “Desde el Poder se nos habla de la necesidad de unidad nacional, pero la verdad es que es una unidad nacional para no asumir responsabilidades, para poder seguir depredando, para poder seguir beneficiando negocios de determinados personajes”, afirmó.
Rendón advirtió que de a poco los habitantes de las comunidades afectadas por estos proyectos “están entendiendo que estos no son conflictos aislados, sino que forman parte de un solo gran conflicto”, el cual tiene que ver con la preservación de la Tierra y la salud de la población, en contra de los intereses de las multinacionales.
En tanto, Paulina Palacios, miembro del movimiento contra la instalación de la Central Castilla, en la región de Atacama, manifestó su rechazo a la aprobación de este megaproyecto y señaló que seguirán “con las manos arriba, apoyando y trabajando para generar conciencia del daño que se provocará en nuestra región”. Palacios acusó que estos proyectos se construyen sólo para alimentar a la gran minería, la que, según la activista, ya ha dejado sin agua a los valles de la región.
Por su parte, Ana Stipicic, vocera del grupo Alerta Isla Riesco, y habitante del lugar, agradeció el apoyo de las personas que se han manifestado contra la aprobación del proyecto minero, y señaló que “el carbón mata al extraerlo, y mata al quemarlo. Este es un tema-país (…) no podemos quedarnos más sentados en nuestras casas (…) Mucha gente está sufriendo por el carbón”. Stipicic llamó a las personas a informarse, porque, según la activista, “al parecer, las evaluaciones ambientales acá, sólo tienen de nombre, porque las decisiones ya están tomadas”.
Las recientes aprobaciones por parte de las Comisiones Regionales Medioambientales (Coremas), de Magallanes y Atacama, del proyecto minero de Isla Riesco, la primera de cinco grandes yacimientos de carbón que se pretenden emplazar a futuro; y de la Central Termoeléctrica Castilla, la más grande de su tipo en el continente y que se abastecerá, precisamente, del carbón extraído de Isla Riesco, respectivamente; han provocado desde el mes de febrero una serie de movilizaciones ciudadanas que repudian, no sólo dichas decisiones, sino también la serie de irregularidades y presiones que rodearon los procesos de evaluación ambiental de las iniciativas.
PROTESTA EN APOYO A LOS PRESOS POLÍTICOS
A la misma hora, se realizó otra manifestación en apoyo a la situación que viven los imputados del llamado “caso bombas”, en huelga de hambre desde el 21 de febrero, ayer (miércoles 2) a las 19 horas en el centro de la capital, a la que asistieron unas 500 personas. «Cada día llega más gente, dijo una de las organizadoras, al tiempo que anunció que se seguirán realizando.
Familiares y amigos de los acusados, se reunieron en la Plaza de Armas para reclamar lo que señalan como “un montaje”. Por medio de gritos y pancartas comunicaron a los ciudadanos de las irregularidades ocurridas en el juicio que los mantiene detenidos desde el 14 de agosto del año pasado sin un juicio que los haya declarado culpables.
Lo que denuncian es que en Chile la presunción de inocencia, un derecho fundamental de cualquier ser humano, no ha sido aplicada para quienes se quejan o no están conformes con el sistema político instalado. “Si hubiera pruebas en contra de nuestros familiares, el juicio ya habría comenzado. Pero los están castigando, con 6 meses de prisión, sin que siquiera se haya pronunciado un tribunal”, señaló una de las asitententes a la manifestación.
Uno de los puntos señalados durante la protesta, se refirió a la huelga de hambre líquida que mantienen 12 de los inculpados por la supuesta colocación de artefactos explosivos, para lo cual han solicitado la solidaridad de las personas que puedan aportar con botellas de agua mineral sin gas, que se están recogiendo en la casa ubicada en la vereda sur oriente del cruce de las calles Cueto con Andes, para apoyar la protesta que llevan al interior del penal.
Texto y fotos: Christian Armaza y Nicolás Loonis
El Ciudadano
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