Denuncian persecución contra juez que ordenó que imputados puedan votar

La Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y la Red Ciudadana de Derechos Humanos han hecho público su rechazo y preocupación por un particular escenario por el que atraviesa el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Labreaux, quien -según denuncian- está siendo víctima de «persecución» al interior del poder judicial debido a decisiones y fallos judiciales que ha adoptado.

Es en este contexto que a mediados de este año el juez Urrutia decidió presentar ante la Asociación Nacional de Magistrados un amparo gremial. «Se ve afectado tanto en su independencia como en su dignidad, porque él no tenía conocimiento cabal de los procesos disciplinarios que podían estar siguiéndose en su contra por la Corte de Santiago. Ese es el origen de por qué llega a nosotros», explica Álvaro Flores, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.

En los últimos dos años al magistrado se le han instruido cinco sumarios por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Una situación que, a juicio de la Red Ciudadana de Derechos Humanos, «afecta la independencia en el ejercicio de su función».

Es con ese mismo espíritu que la Asociación de Magistrados acogió la solicitud de Urrutia y por unanimidad dictaminó “llamar la atención sobre los perniciosos efectos de esta clase de resoluciones sobre la independencia de la función jurisdiccional», advirtiendo que este régimen sancionatorio «se configura como una de las principales amenazas a la independencia interna del ejercicio de esa función».

En ese sentido, el presidente de los magistrados cuestiona el que tres de las acciones disciplinarias impuestas a Urrutia tienen que ver con resoluciones judiciales. Cuando un juez resuelve, dice, «por norma democrática o republicana o en el marco del Estado de Derecho, enmendar una resolución es revocarla a través de los recursos, pero no se le puede disciplinar con alguna sanción; eso ocurre en Chile en el modelo disciplinario que nosotros criticamos».

Los derechos de los presos

Álvaro Flores explica que a Urrutia se le han cuestionado resoluciones que tienen que ver con decisiones en el ámbito de los derechos de personas privadas de libertad que no están condenadas y que, por ende, no han perdido sus derechos civiles. Por ejemplo, tras una visita de rutina al penal Santiago Uno, Urrutia decidió enviar oficios para reunir en una audiencia al jefe del penal, al director nacional de Gendarmería, al entonces presidente del Servicio Electoral (Servel), el general (R) Juan Emilio Cheyre, al Ministerio Público y al Instituto de Derechos Humanos, con el objetivo de escuchar sus opiniones respecto a la posibilidad de que estas personas imputadas pudieran sufragar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Luego de eso, el Juez de Garantía resolvió que el Servel se encargaría de establecer las medidas necesarias para que los presos que mantenían vínculo penal con el Séptimo Juzgado de Garantía, al cual él pertenece, ejercieran ese derecho. Algo que a la entidad presidida por Cheyre no le pareció bien, por lo que envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado que, junto con asumir el patrocinio del Servel, presentó un categórico escrito ante el pleno de la Corte Suprema, pidiendo sanciones para Urrutia, argumentando una supuesta falta de constitucionalidad de la decisión del juez.

El máximo tribunal acogió la presentación del escrito y lo remitió a la Corte de Apelaciones de Santiago, que el 12 de septiembre de 2013 suspendió la audiencia en donde se revisaría el sufragio de estas personas privadas de libertad.

Sin embargo, Urrutia ha vuelto a la carga en este tema y este 30 de septiembre ordenó al Servel habilitar mesas para que imputados voten en las cárceles durante las próximas elecciones municipales. Así, el magistrado acogió la petición de 22 personas sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva de Santiago Uno. Además, en la resolución se instruyó a Gendarmería a confeccionar un manual de derechos humanos en la cárcel «para ser entregado a cada una de las personas que ingresen a los penales de la jurisdicción para que conozcan de sus derechos y deberes carcelarios».

La Red de Derechos Humanos destaca que Urrutia «se ha caracterizado por realizar un trabajo acucioso y profesional en diversos casos de derechos humanos, evidenciando las violaciones de derechos humanos de presos, denunciando la criminalización de la protesta social y la tortura en democracia».

Junto con ello, la organización releva que como parte de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones ha estado por negar dicho beneficio a los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar, como es el caso de Miguel Krassnoff Martchenko.

En ese mismo ámbito, otro hecho que le habría significado represalias a Urrutia fue su decisión de ordenarle a Gendarmería el traslado de los presos para que se realizaran visitas intracarcelarias entre privados de libertad que estaban en distintos penales, fundamentalmente adolescentes. «Eso generó una molestia en la Corte de Apelaciones que lo pasó al tribunal pleno para que decidiera tomar alguna medida disciplinaria e iniciar una investigación», señala Álvaro Flores. Y defendiendo lo obrado por el magistrado, agrega: «Eso lo hizo en el ejercicio de sus funciones como juez de garantía, que tiene potestades para el control de las condiciones en las que están privados de libertad».

Corte Suprema y dictadura: El certero dardo

Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados advierte que hay un antecedente previo en términos de los inconvenientes que ha debido enfrentar el juez Urrutia al interior del Poder Judicial. En el 2006, relata, en el contexto de un diplomado que cursaba, el magistrado le envió a la Corte Suprema su tesis en la que una de sus conclusiones, entre muchas otras, era que el máximo tribunal tenía que dar explicaciones al país por su actuar frente a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo que le significó una sanción disciplinaria. «Lo paradojal de este caso es que el año 2013 la Corte Suprema hace una declaración en ese sentido», apunta Flores.

El 20 de septiembre de este año, a través de un comunicado, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo expresó su preocupación frente a los «ataques» de los que, denunciaron, «vienen siendo objeto diversos jueces en razón de las decisiones y fallos judiciales que adoptaron». Entre los magistrados mencionados, la organización destacó el caso del chileno. Dice la Asociación: «Es notoria la persecución e intento ostensible de remoción del juez de garantías del Distrito 7º de Santiago de Chile, Daniel Urrutia Laubreaux, actualmente sujeto pasivo de un sumario disciplinario de tales posibles graves consecuencias para la independencia judicial, así como –por otros antecedentes- ha sido víctima de persecuciones por el ejercicio de la libertad académica, de opinión y de expresión».

La Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo destaca precisamente lo ocurrido con la crítica de Urrutia al comportamiento de la Corte Suprema durante la dictadura, señalando la imposición de una sanción administrativa como uno de los casos en donde más se habrían evidenciado las «persecuciones de órganos de alzada y cortes», debido a que el máximo tribunal lo habría interpretado «como un alzamiento y un agravio a sus superiores y a la verticalidad y orden jerárquico».

Hasta la Comisión Interamericana

En este escenario, el juez Daniel Urrutia interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que se dirigió al gobierno chileno para consultar su disposición para arribar a una solución conciliatoria y este, a su vez, hizo lo mismo con la Corte Suprema, que le cerró la puerta a toda posibilidad de acuerdo.

Para Álvaro Flores, el hecho de que haya sido declarada admisible en la CIDH el requerimiento de Urrutia revela que «es atentatorio contra la independencia judicial que se sancione a un juez por una cuestión de esa naturaleza».

Urrutia en la CIDH junto a la jueza de Guatemala, Yassmín Barrios, conocida por condenar al dictador Ríos Montt

Sin embargo, otro episodio vino a sumarse al panorama gris de Urrutia, pues se activó recientemente un nuevo sumario disciplinario que podría conducir finalmente a su remoción. Esta vez, lo que ocurrió fue que el Juez de Garantía resolvió una causa declarando la inexistencia de delito alguno en un proceso en el que estaban imputados casi 70 ciudadanos por haber ingresado a una entidad privada en el contexto de una protesta social, quienes fueron detenidos por Carabineros en el interior del lugar.

«Siempre hay un riesgo cuando hay una multiplicidad de sanciones», dice Álvaro Flores frente a la posibilidad de una remoción. «El Código Orgánico establece que con dos sanciones disciplinarias en un mismo período procede la exoneración. Evidentemente es un caso atípico, donde nosotros hemos estimado como asociación que se estaría configurando una persecución específica», añade.

Un escenario que para la Red Ciudadana de Derechos Humanos se opone radicalmente al trabajo que hasta ahora ha venido desarrollando el juez. “Hemos sido testigos de los innumerables obstáculos que se han debido sortear para llegar a la verdad y administrar justicia para las víctimas de la dictadura, y sabemos que desde dentro del Poder Judicial hay quienes se han manifestado de diversas maneras para apoyar la defensa irrestricta de todos los derechos humanos, consagrados en la Declaración Universal de Naciones Unidas, y el juez Urrutia ha sido ejemplo de ello”, señala la organización.

Daniel Labbé Yáñez