Presunta red de prostitución infantil en Aysén: Director de Carabineros omite informar si lo denunció a la Fiscalía

En completo hermetismo, el fiscal adjunto de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, investiga una posible red de protección policial brindada a un local nocturno de la ciudad, cuya administradora fue condenada por facilitar el ingreso de mujeres colombianas a Chile para fines de explotación sexual.

De acuerdo a lo investigado en terreno por El Ciudadano, las diligencias, encargadas a la Brigada de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI, buscan verificar la información relatada en un video por una supuesta testigo que reveló el nombre de una menor de edad, quien habría ejercido la prostitución en el citado night club, donde era habitual que asistieran funcionarios de Carabineros como clientes.

Previo a ser conocida por el Ministerio Público, la denuncia pasó por las manos del general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, a través de una carta que hizo llegar en febrero de este año el ex suboficial Esteban Infante Alcaíno, representante de la Defensoría Policial «Equánime» – la misma que representa al cabo Alexis Moreno, quien se «parapetó» en un edificio de Santiago el mes pasado.

En la misiva, conocida de forma exclusiva por este medio, se indicó a Villalobos que en la Región de Aysén «existen diversos prostíbulos, al amparo de patentes comerciales de alcoholes, bajo el rubro de restaurante… donde a puertas cerradas, a pesar de ser un lugar de acceso público, funciona en su interior el ofrecimiento sexual por parte de mujeres especialmente extranjeras y sin ningún tipo de fiscalización policial».

Acompañando un CD con la declaración de la presunta testigo, el ex policía agregó que dichos locales «utilizan niñas jóvenes adolescentes, menores de edad, entre ellas una menor de 14 años», y que la situación comprometería a «determinado personal, entre ellos Oficiales de la Prefectura del sector».

Aunque en la recepción del documento y el material adjunto quedó registrado, de puño y letra, el nombre de la sargento 1º Bárbara Torres, ayudante del general Bruno Villalobos, el vicepresidente comunal de la DC de Coyhaique, Rodrigo Mena, puso en duda que el director haya enviado la información inmediatamente al Ministerio Público, tal como exige la ley.

Esto porque en razón del artículo 175 del Código Procesal Penal, los empleados públicos están obligados a denunciar «los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones».

El 22 de septiembre, Mena concedió una entrevista a El Ciudadano, y junto con recordar las acusaciones múltiples que indaga la Justicia Militar por supuestos delitos vinculados al actuar de Fuerzas Especiales en el movimiento social de 2012, habló de funcionarios que «denunciaron a oficiales del mando anterior por grandes irregularidades, por una trata de blancas en el night club ‘Acapulco'».

«Lo denunciaron al general director (Bruno Villalobos)… y él todavía no me responde por Ley de Transparencia qué hizo con esa información… si se llega a comprobar que el general director no pasó la información a los entes competentes, más encima con una grabación, con todos los antecedentes serios y con personas serias, se podría hablar de un abandono de deberes militares del director, y eso se lo vamos a hacer presente al Ministerio del Interior», sentenció el dirigente político de la región austral.

El Ciudadano requirió los datos a Carabineros a través del mismo mecanismo, pidiendo informar «cuáles fueron las líneas de acción dispuestas por el General Director luego de conocer el contenido íntegro» de la misiva del 2 de febrero, si además «instruyó alguna investigación interna al respecto, y si derivó los antecedentes mencionados al Ministerio Público, para que dicho órgano determinara la veracidad o falsedad de los mismos».

En la respuesta, el coronel Pedro Duguett Aroca, jefe del Departamento de Información Pública y Lobby, con fecha 27 de septiembre, informó que Villalobos «dispuso a la Dirección de Inteligencia Policial procesar información relacionada con la misiva, entregada por el ex Suboficial Esteban Infante Alcaíno«. En la misma sentencia, no obstante, rechazó proporcionar detalles de las diligencias internas, fundamentado en la Ley de Inteligencia.

En cuanto a las medidas tomadas en términos genéricos, como una eventual derivación de los antecedentes a la Fiscalía, se omitió contestar sobre el punto.

Desde la Fiscalía de Coyhaique señalaron que no podrán referirse al caso, «a fin de evitar entorpecer las diligencias de un tema tan complejo como el mencionado». El Ciudadano también pidió entrevistas con la directora regional del Sename, Lorena Soza, y el prefecto regional de la PDI, Alfredo Espinoza, pero ambos declinaron hablar sobre el tema.