Un 18% aumentará el gasto asociado al Crédito con Aval de Estado (CAE) para 2017, de acuerdo al Presupuesto presentado por el gobierno. Esto significa que se contemplan $705 mil millones para dicho mecanismo de financiamiento de la educación superior, en comparación con los $750 mil millones destinados para la gratuidad.
«Nos parece lamentable, ya que sigue la línea continuadora de lo que significa un modelo privatizador de la educación. No comprendemos cómo el Estado puede seguir entregando una cantidad de dinero absurda a la banca privada, siendo que justamente podría invertir esos recursos en conseguir una gratuidad que pueda satisfacer las necesidades que tenemos los estudiantes», expresó Gabriel Iturra, vocero Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen).
Juan Pablo Rojas, coordinador nacional del movimiento Deuda Educativa “es preocupante que se esté prometiendo el fin al lucro, garantizar la educación como un derecho social y se esté mintiendo a la ciudadanía, lo que queda demostrado con la Ley de Presupuesto. El aumento del presupuesto para los bancos, con dinero de todos los chilenos, no hace más que aumentar el lucro con un derecho social. Es grave y vergonzoso».
El endeudamiento educacional es materia de conocimiento por parte del gobierno. De hecho, en la cuenta pública del 21 de mayo de 2014, la Presidenta Bachelet manifestó que conformaría un equipo de expertos “que estudie la viabilidad de distintas alternativas que permitan aliviar la situación de aquellos que ya tuvieron que endeudarse para estudiar”.
DIAGNÓSTICO CLARO, PERO SIN TRATAMIENTO
Si hay claridad sobre la situación de los endeudados, ¿por qué no hay voluntad política para realizar ajustes sobre la materia? Para Gabriel Iturra, la razón se debe a que “hay una directa filiación entre los principales partidos políticos que gobiernan y que están en el Congreso con estos bancos. Ellos fueron los que crearon este sistema absurdo».
Para el representante de Deuda Educativa, «la clase política, particularmente, la Concertación no va a querer quitarles el negocio (a los bancos), porque es la teta de la que han estado mamando durante 10 años».
Sin embargo, desde el movimiento de Juan Pablo Rojas ya iniciaron acciones judiciales contra los bancos incluidos en el financiamiento de la educación superior. El 2 de septiembre presentaron una demanda contra Scotiabank ante el 16º Juzgado Civil de Santiago. La acción fue respaldada por más de 2 mil personas. Rojas adelantó que la próxima semana presentarán una demanda contra Banco Estado.
Por el lado de los estudiantes, Gabriel Iturra comentó que en la próxima plenaria de la Confech se discutirán los pasos a seguir respecto de la situación del CAE.
Por el momento, la diputada Camila Vallejo (PC) señaló a La Tercera que pedirán una disminución de los montos asociados al CAE. “Creemos que ahí debe haber un mecanismo de financiamiento alternativo, un Fondo Solidario ampliado a instituciones privadas u otro mecanismo que no esté asociado a la banca privada y que permita una alternativa real mientras no llega la gratuidad a sus instituciones”, señaló.
Además, la parlamentaria calificó como “una provocación el aumento del 18% del CAE, porque no va en coherencia con lo que se establece en el programa de gobierno ni con lo comprometido por parte del Ejecutivo en materia de financiamiento estudiantil”.
Desde el gobierno, la ministra de Educación, Adriana Delpiano señaló que “el CAE lo vamos a eliminar, pero no podemos eliminarlo ahora si no lo reemplazamos por otra cosa. (…) El próximo año se discute eso y el próximo año se puede, ya a finales de año, seguramente eliminar el CAE», según consignó Emol.