Un camino de impunidad: Miles de migrantes en tránsito enfrentan abusos y medidas severas en México

El 3 de septiembre de 2016, en un evento público con el candidato presidencial republicano de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente de México Enrique Peña Nieto dijo que es de vital importancia para su gobierno y para la relación con los Estados Unidos hacer la frontera de México con Centroamérica “más segura”[1]. Este discurso no es nuevo. En julio de 2014 México anunció el controversial “Programa Frontera Sur” y, desde entonces, ha implementado una política que da prioridad a “asegurar” la frontera sur del país de migrantes a través de medidas de control y un aumento significativo de detenciones y deportaciones, ignorando las preocupaciones sobre los derechos humanos de los migrantes y potenciales refugiados que viajan a través de México, en particular desde Honduras, El Salvador y Guatemala.

Una nueva evaluación de la situación revela que los operativos de control migratorio siguen incrementando, pero las autoridades mexicanas no han mejorado sustancialmente su capacidad para identificar las necesidades de protección de migrantes ni para investigar en forma seria los delitos en contra de migrantes en tránsito en el país. De acuerdo con información oficial, documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, fuentes periodísticas e información de albergues que asisten a migrantes, el año 2016 se encamina a ser el año con el número más alto de detenciones, deportaciones y solicitudes de asilo en México.

El informe Un Camino Incierto: Justicia para Los Crímenes y Violaciones de Derechos Humanos Contra Migrantes y Refugiados en México, publicado en noviembre de 2015 por WOLA, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, la Casa del Migrante “Frontera con Justicia”, A.C. en Saltillo, Coahuila, y otros seis alberges de migrantes,así como organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes en cinco regiones del país, concluye que los operativos de control migratorio del “Programa Frontera Sur” han aumentado los delitos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito en México[2]. Con demasiada frecuencia, las autoridades mexicanas no investigan y sancionan estos casos. En muchos otros, ellas mismas están involucradas en la comisión de delitos y otras violaciones.

Cambios en el papel, la misma realidad

Recientemente, las autoridades mexicanas han adoptado alguna medidas para asegurar justicia en casos de delitos contra migrantes, incluyendo la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (la “Unidad”) y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (el “Mecanismo”). El Mecanismo permite que las víctimas de delitos que no están en México puedan acceder al sistema de justicia mexicano, lo cual es especialmente importante para las familias de migrantes que han desaparecido o han sido secuestrados en México[3]. Así mismo, la Constitución mexicana fue modificada recientemente para incorporar el derecho a buscar y recibir asilo[4].

En papel, estas medidas mejoran la protección y el respeto de los derechos de los migrantes. En la práctica, las autoridades han sido reticentes para poner dichas medidas en marcha y han omitido incluir a la sociedad civil en importantes debates para su correcto funcionamiento.

México sigue priorizando el control migratorio: las detenciones y deportaciones se mantienen en niveles altos

Desde el lanzamiento del Programa Frontera Sur, México ha logrado evitar que un número significativo de migrantes, en su mayoría centroamericanos, lleguen a los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas reportan que entre 2014 y julio del año 2016 han detenido a 425,058 migrantes.[5] Este alto número de detenciones implica que el número real de personas que abandonan sus países de origen es mucho más alto, sobre todo si se toman en cuenta las detenciones de centroamericanos en los Estados Unidos y el número de ciudadanos de los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que también viajan a otros países de América Central buscando protección.

El aumento de operativos migratorios y los riesgos del viaje a través de México no disuade a los migrantes centroamericanos. Muchos de ellos están huyendo de la violencia, las amenazas y el crimen en sus propios países. La región del Triángulo Norte de América Central es una de las más violentas del mundo. En el 2015 la tasa de homicidios nacional de El Salvador alcanzó aproximadamente 103 homicidios por cada 100.000 personas, convirtiéndolo en la capital mundial del homicidio[6]. Honduras, con una tasa de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Guatemala, con una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 personas, también figuran entre las cinco ciudades más violentas del hemisferio[7].

Confrontados con operativos de seguridad en la frontera sur de México, los migrantes y sus contrabandistas optan por nuevas rutas y medios de transporte peligrosos, ya sea a pie, apilados en camiones o en embarcaciones.

Por lo tanto, a pesar del aumento de las operaciones de control migratorio, 2016 podría ser el año con el mayor número de detenciones, deportaciones, y solicitudes de asilo en México.

La situación en la realidad

México ha sido capaz de contener los flujos migratorios en su frontera sur sólo mediante el aumento de operativos de control migratorio, incluyendo el aumento de patrullajes a lo largo de la ruta del tren y zonas donde viajan los migrantes, polémicas redadas en lugares remotos, y el incremento de puestos de revisión móviles y fijos, lo que ha resultado en un incremento abrupto en la detención de migrantes.

Al mismo tiempo, México no ha incrementado su capacidad para detectar aquellos casos en que los migrantes podrían acceder a protección, resultando en la deportación de muchas personas a situaciones peligrosas de las cuales huyeron. La falta de transparencia en los procedimientos, la desinformación de funcionarios, la burocracia, y los períodos prolongados para resolver casos, han dejado a muchos migrantes en centros de detención durante meses y ha llevado a otros a desistir de sus peticiones por desesperación. En promedio, el 30 por ciento de los migrantes que han solicitado protección entre 2014 y abril el año 2016 en México, han abandonado sus casos o no los han concluido[8].

Aumento de control migratorio

Los operativos y redadas para detener a migrantes y presentarlos a las autoridades de migración han aumentado en todo el país desde 2014, incluyendo en las vías del tren conocido como “La Bestia”, utilizado por los migrantes como medio de transporte para llegar a los Estados Unidos[9].

Las autoridades también han implementado otras medidas para evitar que los migrantes lleguen a los Estados Unidos; por ejemplo, el gobierno de México recientemente revocó el permiso de la empresa privada que opera el tren de carga “La Bestia”, bajo el argumento de que se necesitan implementar nuevas y mejores medidas de seguridad en su trayecto, incluyendo drones y equipos de vigilancia, bardas y otros mecanismos sofisticados de seguridad que impedirían a migrantes abordar el tren^[10].

Poca capacidad para detectar migrantes que requieren protección

México ha modificado su Constitución recientemente para reconocer el derecho humano a buscar y recibir asilo. Esta reforma debería cambiar las condiciones y procedimientos para buscar asilo y otras formas de protección en México. Hasta la fecha, sin embargo, quedan muchos obstáculos.

El apoyo por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el trabajo de los refugios y otras organizaciones que acompañan a potenciales refugiados en sus solicitudes de protección, ha sido un desarrollo positivo. Sin embargo, las solicitudes de asilo siguen aumentando y la capacidad de las autoridades mexicanas para evaluar adecuadamente los casos y procesarlos no ha mejorado significativamente.

El número de personas reconocidas como refugiados en México es sorprendentemente bajo comparado con el número total de detenciones. Las autoridades mexicanas han detenido a 425,058 migrantes entre 2014 y julio de 2016. En el mismo período, la Comisión de México de Ayuda a Refugiados (COMAR), a cargo de la evaluación y procesamiento de las solicitudes de asilo, únicamente ha resuelto 6,933 solicitudes de asilo. De estos, COMAR ha otorgado asilo en tan sólo 2,982 casos^[11].

Es fundamental garantizar que las instituciones y los funcionarios tengan la capacidad para detectar a los migrantes que requieren protección. El compromiso de México para garantizar dicha capacidad se pone en duda: el presupuesto de la COMAR para procesar las solicitudes de asilo no ha aumentado lo suficiente, sobre todo comparado con el presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) a cargo de operaciones de control migratorio:

En otras palabras, México ha priorizado el control migratorio como medio para contener flujos de migrantes en el país, y no la evaluación adecuada de casos susceptibles de protección[12].

Además de los casos de asilo, los migrantes que han sido víctimas de un delito en México, los menores no acompañados, y algunos otros pueden ser elegibles para recibir una visa humanitaria, la cual les otorga residencia temporal en el país[13]. Las solicitudes de estas visas y el número otorgado también están aumentando.

México no ha logrado justicia para delitos y violaciones de los derechos humanos contra migrantes

El Programa Frontera Sur de México ha aumentado las violaciones de derechos humanos y delitos contra migrantes en el contexto de operativos de control migratorio. Los refugios de migrantes siguen documentando secuestros, extorsiones, robos y otros abusos en todo el país; muchos de ellos a manos de funcionarios corruptos.

Tal como se mencionó anteriormente, el 18 de diciembre del 2015 la PGR creo una Unidad a cargo de investigar y procesar delitos federales relacionados con migrantes, ya sea como víctimas o como acusados. También creó un Mecanismo de Apoyo Exterior como instancia de coordinación que permite a los migrantes y las familias de los migrantes en otros países, principalmente en los Estados Unidos y Centroamérica, acercarse al sistema de justicia mexicano desde el extranjero a través de las embajadas y consulados de México para dar seguimiento a las investigaciones sobre delitos sin tener que viajar al país[14].

La creación de la Unidad y el Mecanismo es un buen avance. Sin embargo, las autoridades no han garantizado que dichas instituciones funcionen correctamente y cumplan su objetivo de investigar delitos contra los migrantes. La Unidad y el Mecanismo enfrentan dos deficiencias fundamentales.

1. La falta de recursos para investigar delitos contra los migrantes.

La Procuradora General de México designó a la titular de la Unidad de Migrantes con casi tres meses de retraso. Aunque la Unidad ya está funcionando, carece de personal y recursos para investigar los 129 casos de migrantes que ha recibido a la fecha.

Al mes de septiembre del 2016, la Unidad sólo cuenta con cinco Agentes del Ministerio Público y dos policías de investigación. Esto significa que, en promedio, cada Agente está a cargo de la investigación de 25 casos y cada policía de investigación de 64 casos[15].

Hasta el momento, el borrador de los lineamientos que definirán aspectos operativos relevantes de la Unidad y el Mecanismo no incluye los comentarios de las víctimas para garantizar investigaciones serias. En particular, los lineamientos no resuelven las preocupaciones de los migrantes y sus familias de asegurar que efectivamente puedan acceder al sistema de justicia mexicano para la investigación de delitos de los que hayan sido víctimas en México.

2. La falta de resultados en las investigación de delitos contra migrantes

La mayoría de los 129 casos que se investigan dentro de la Unidad son por privación ilegal de la libertad. Sin embargo, no están claros los criterios para clasificar los delitos y tampoco queda claro por qué la unidad no está investigando, por ejemplo, casos de migrantes desaparecidos.

La falta de recursos y el poco interés de las autoridades en la emisión de lineamientos para su funcionamiento, han impedido que la Unidad se enfoque completamente en la investigación de los delitos contra los migrantes, por lo que es demasiado pronto para hacer una evaluación definitiva sobre su desempeño. Sin embargo, la falta de recursos y la falta de resultados en las investigaciones podrían poner en duda la seriedad del trabajo de la Unidad en el futuro.

Justicia para delitos contra migrantes en Coahuila

El trabajo de las casas de migrantes en México es de suma importancia para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Estos refugios representan la primer línea de defensa de migrantes vulnerables. Proporcionan alimentos, refugio temporal, ropa y atención médica. También documentan delitos y violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes. En muchos casos, el personal de albergues para migrantes en México ha sido hostigado y amenazado como resultado de su trabajo.

En una reciente visita al albergue la Casa del Migrante de Saltillo “Frontera con Justicia”, en el estado de Coahuila, documentamos algunas medidas que las autoridades han tomado para investigar delitos contra los migrantes. A pesar de ellas, aún quedan muchos retos, los cuales incluyen:

• Un patrón persistente de abuso por parte de las fuerzas policiales y la criminalización de los migrantes: En el 2016, la comisión de derechos humanos de Coahuila emitió recomendaciones sobre al menos dos casos de abusos contra migrantes. Un caso involucró la detención arbitraria y el abuso contra nueve migrantes por miembros de la policía municipal de Saltillo en el 2014 por supuestamente “alterar el orden público y mendicidad”[22]. El segundo caso se refiere a la detención de dos migrantes por miembros de la policía del estado de Coahuila, también en el 2014, tras acusarlos de llevar armas y drogas, exponiéndolos a los medios de comunicación locales como “delincuentes” y obtener una confesión forzada de uno de ellos[23].
• La falta de resultados: En junio de 2016 desapareció la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en agravio de Migrantes de Coahuila y se creó una Dirección General de Delitos de Alto Impacto y cometidos en agravio de Migrantes. Al 15 de agosto del 2016, las autoridades habían presentado cargos solamente contra un agresor en uno de los 162 casos de delitos contra migrantes denunciados[24].
• Los delitos contra los migrantes siguen aumentando: 2016 se perfila como el año con el mayor número de delitos denunciados en contra de migrantes desde 2013.

Al comparar el número de delitos documentados por el albergue para migrantes en Saltillo y los casos que las autoridades de Coahuila en realidad están investigando, está claro que un número importante de delitos contra los migrantes en Coahuila no se investigan, ni se castigan.

Conclusiones y recomendaciones

1. México debe incrementar su capacidad para evaluar y detectar casos de migrantes que necesitan protección en México, y así garantizar su derecho a buscar y recibir asilo. Aunque el gobierno de México ha incrementado su capacidad para detener y deportar a migrantes, no ha mejorado significativamente su capacidad para detectar a aquéllos que requieren protección, sobre todo en los centros de detención y en lugares de verificación migratoria y a pesar del aumento de solicitudes de asilo y visas humanitarias. Las instituciones y autoridades en México deben garantizar que los migrantes puedan ejercer su derecho a buscar y a recibir asilo. Las autoridades deben poner fin a prácticas como la falta de transparencia, falta de información a las personas migrantes y refugiadas privadas de la libertad en los centros de detención migratoria y excesiva burocracia que disuaden a los migrantes a la hora de buscar protección. Por último, México también debe mejorar la calidad, la consistencia y la confianza de la información pública sobre las detenciones de migrantes y las solicitudes de asilo, y ser transparente en cuanto a los motivos para conceder o denegar asilos.

2. Las nuevas instituciones de México para investigar delitos en contra de migrantes deben responder a las preocupaciones de las víctimas y llevar a cabo investigaciones serias. Las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas para investigar delitos contra los migrantes hasta ahora se han quedado cortas. La creación de unidades especiales y mecanismos para la investigación de delitos contra los migrantes no serán suficientes a menos que las autoridades se comprometan a proporcionarles los recursos financieros, técnicos y humanos  para investigar seriamente dichos delitos.

3. Los Estados Unidos deberían apoyar la investigación de los delitos contra los migrantes en México. Dada la naturaleza transnacional de muchos delitos contra los migrantes, los Estados Unidos debería buscar formas de ampliar la cooperación con las autoridades mexicanas para investigar y sancionar estos delitos y compartir mejores prácticas en la investigación de los crímenes de esta naturaleza. A través del Departamento de Estado, la Oficina de Población, Refugiados y Migración también debe seguir apoyando los esfuerzos para fortalecer la capacidad de México para detectar los migrantes y refugiados vulnerables e identificar los problemas de protección.

Por Ximena Suárez Enriquez, Coordinadora en WOLA, José Knippen, Investigadora en Fundar, y Maureen Meyer, Coordinadora Principal en WOLA

Wola

Este informe es un trabajo conjunto de WOLA, Fundar: Centro de Análisis e Investigación y la Casa del Migrante “Frontera con Justicia”, A.C. en Saltillo, Coahuila.

Haga clic aquí para leer el informe en forma PDF.

NOTAS:

1. [1] Presidencia de la Republica, “Mensaje a medios de comunicación”, 3 septiembre 2016, https://www.youtube.com/watch?v=kpbC96H0maA.
2. [2] Red de organizaciones en Sonora (“Red Migrante Sonora”: Iniciativa Kino para la Frontera, en Nogales; Centro de Recursos para Migrantes, en Agua Prieta; y Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, también conocido por sus siglas CCAMYN, en Altar); Albergue de Migrantes “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxaca; “La 72, Hogar—Refugio para Personas Migrantes” en Tenosique, Tabasco; “Un Mundo, Una Nación” en Apizaco, Tlaxcala; y defensora de los derechos humanos de los migrantes, Irazú Gómez.
3. [3] WOLA, “Nuevas instituciones en México podrían ampliar las posibilidades de justicia para los migrantes, 3 mayo 2016, https://www.wola.org/analysis/new-institutions-in-mexico-could-expand-justice-for-migrants/.
4. [4] Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de agosto de 2016, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447903&fecha=15/08/2016.
5. [5] Instituto Nacional de Migración, Estadísticas, septiembre 2016, http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos.
6. [6] WOLA, “Five Facts about Migration from Central America’s Northern Triangle,” enero 2016, https://www.wola.org/analysis/five-facts-about-migration-from-central-americas-northern-triangle/.
7. [7] David Gagne, “2015 Latin America Homicide Round-up,” InSight Crime, 14 enero 2016, http://www.insightcrime.org/news-analysis/insight-crime-homicide-round-up-2015-latin-america-caribbean.
8. [8] Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Estadísticas generales, Septiembre 2016, http://www.comar.gob.mx/work/models/COMAR/Resource/267/6/images/ESTADISTICAS_2013_A_06-2016_act.pdf.
9. [9] Manuel Ureste, “Se disparan las detenciones de migrantes en vías del tren; van más de 1,700 capturas en este año”, Animal Político, 31 de agosto de 2016, http://www.animalpolitico.com/2016/08/detenciones-migrantes-vias-tren/. Respuestas a solicitudes de acceso a la información 0411100022515, 0411100047916 y 0411100048016 al Instituto Nacional de Migración compartidas por el periodista Manuel Ureste.
10. [10] ^{Manuel Ureste, “}Con cámaras, brigadas de seguridad privada y drones, así planea México blindar a La Bestia“, Animal Político, 30 de agosto de 2016, http://www.animalpolitico.com/2016/08/camaras-brigadas-seguridad-drones-asi-planea-mexico-blindar-la-bestia/.
11. ^[11] Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, Estadísticas generales, septiembre 2016, http://www.comar.gob.mx/work/models/COMAR/Resource/267/6/images/ESTADISTICAS_2013_A_06-2016_act.pdf.
12. ^[12] El Ejecutivo ha presentado a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos para 2017, el cual debe ser aprobado, a más tardar, el 15 de noviembre. El proyecto actual asigna al Instituto Nacional de Migración de México $104.9 millones menos que en el año 2016; el presupuesto de la COMAR aumenta en $2.9 millones de pesos comparado con el 2016. Todavía queda por definir si el presupuesto será aprobado en estos términos.
13. ^{[13] Artículo 52, inciso V de la Ley de Migración de México: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf. Ver también artículo 137 del reglamento de la Ley de Migración:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf.}
14. [14] Diario Oficial de la Federación, Acuerdo A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades y organización, 18 diciembre 2015, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015.
15. [15]  Procuraduría General de la República, Cuarto Informe de Labores de la Procuraduría General de la República, http://www.gob.mx/pgr/documentos/cuarto-informe-de-labores-de-la-procuraduria-general-de-la-republica?idiom=es.
16. [16] Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, Recomendación 3/2016.
17. [17] Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, Recomendación 9/2016.
18. [18] Respuesta a solicitud de información 00715916 a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila.