Caso Bombas: Diputados piden a la Fiscalía acelerar el proceso

A través de una carta, parlamentarios de la Concertación, el Partido Comunista y otros grupos opositores exigieron cerrar la investigación, y llamaron a realizar un juicio justo y con respeto a los derechos de los 14 imputados.

En la mañana de hoy jueves, 10 de marzo, el diputado ex PS Sergio Aguiló, acompañado de algunos de los familiares de los inculpados por el denominado “Caso Bombas”, entregó una carta firmada por cuarenta diputados opositores dirigida al fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidiéndole el fin de las indagaciones en dicho caso y el pronto inicio de un juicio para las 14 personas que se encuentran detenidas en la Cárcel de Alta Seguridad y en el Centro Penitenciario Femenino en calidad de imputados por esta causa, las que, además, se encuentran en huelga de hambre desde el 21 de febrero pasado.

La carta denuncia la extensión injustificada de la investigación, la que estuvo liderada durante cuatro años por el fiscal Xavier Armendáriz y, posteriormente, traspasada al fiscal Alejandro Peña, cambio que en la carta se interpreta como “un posible efecto de una intromisión y presión del Ministerio del Interior en este caso”.

«Esta es una investigación que va a cumplir cinco años, sin resultados. Y hay un grupo de jóvenes que, en su condición de inculpados, ya llevan siete meses (en prisión)”, señaló Aguiló, sobrepasando el plazo de seis meses dado por el Tribunal a la Fiscalía para investigar, plazo que, no obstante “se extendió sin más trámite hasta el próximo 16 de marzo, día en el cual se determinará la fecha del juicio y la probable ampliación del plazo de investigación”.

“No es razonable que delitos de esta naturaleza estén siendo investigados por más de cuatro años y medio, o cinco años sin resultado, y a un grupo de jóvenes se les tenga en prisión», señaló el diputado (en la foto).

Se critica también las condiciones «denigrantes y sin garantías constitucionales» que deben soportar los imputados que se encuentran bajo prisión preventiva en la cárcel desde el 14 de agosto de 2010, los que esperan el resultado de la investigación que realiza la Fiscalía Metropolitana Sur. Al respecto, se recuerda que los detenidos fueron sometidos violentamente a extracción de muestras de sangre “para efectuarles pruebas de ADN y compararlas con las muestras obtenidas en los sitios de los sucesos”, las que dieron un resultado negativo.

Por otro lado, el uso de “testigos sin rostro”, que es permitido por la Ley Antiterrorista con la cual son investigados es otro punto crítico, con el agravante de que sean, según Cecilia Leiva, madre del imputado Rodolfo Retamales, “interdictos psiquiátricos y delincuentes comunes a los cuales se les está prometiendo rebajar sus penas”.

En cuanto a sobre si la entrega de esta carta corresponde a presiones de los parlamentarios hacia la justicia, el diputado Aguiló respondió que cuando se cumplieron los cuatro años de la investigación, “el ministro Hinzpeter (…) exigía que la Fiscalía tomara cartas en el asunto, y que rápida y expeditamente, se hiciera las cosas que había que hacer. A las 24 horas se nombró un nuevo Fiscal”.

Por su parte, los familiares de los imputados, reiteraron que lo único que desean es que haya un juicio justo, con pruebas efectivas e imparciales, y que los magistrados no estén «contaminados» ni presionados por el Gobierno ni otras entidades.

“Creemos que aquí durante todo este tiempo no ha habido y no había pruebas para, realmente, poder dar a conocer de que aquí hubo una asociación ilícita terrorista”, afirmó Cecilia Leiva, y manifestó su temor de que este proceso pueda terminar como el proceso a los comuneros mapuches en Cañete: “Va a pasar la misma situación que pasó con los mapuches”, afirmó Leiva, recordando que al final los imputados, luego de un largo juicio, fueron absueltos al no comprobarse los cargos que se les acusaba.

Por Christian Armaza Benavides

El Ciudadano

Fotografía 1: Conciencia Visual