Gobierno aprieta los dientes y espera salir jugando de la «Crisis del Padrón»

Un carrusel de reuniones fue la que protagonizaron los ministros del comité político del gobierno este fin de semana con tal de poder concretar una salida a la crisis generada a partir de los cambios de domicilio en el padrón electoral que afectan a más de 467 mil personas.

Todo esto para conseguir los acuerdos que permitan la aprobación en el Congreso de una ley «exprés» a través de la cual se daría una salida al bochorno generado por la descoordinación, por decirlo en términos amables, entre el Servicio Electoral y el Registro Civil, instituciones que se culparon mutuamente en una guerrilla de declaraciones por la prensa el pasado viernes.

De esta forma, el sábado tras reunirse de urgencia con el consejo directivo del Servel el gobierno definió el proyecto de ley que, en palabras del ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, “para los 467 mil casos en que el Registro Civil comunicó un cambio de domicilio, el Servicio Electoral estará facultado por esta ley, para duplicarlos, y permitir que estos electores aparezcan, tanto en la comuna en que actualmente han sido localizados, como en la comuna en que previamente habían ejercido el derecho a sufragio”.

En este sentido, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría explicó que la normativa permitirá que «los afectados podrán sufragar tanto en su antiguo lugar de votación como en la comuna nueva«. Vale decir, se generarán las condiciones para quienes hayan sufrido el cambio de domicilio puedan sufragar en su «nuevo domicilio» o en su centro de votación tradicional.

Listo el proyecto, el gobierno dada la urgencia del tema, debía tramitarse en el Congreso hoy y ser promulgado a más tardar el miércoles 19, con tal de que el Servel pueda preparar todo el material necesario para que los 467 mil votantes afectados puedan, si es que deciden ir, votar en cualquiera de las direcciones en las que aparezca su nombre. El ministro Eyzaguirre explicó ayer domingo, tras reunirse con los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado el cronograma del proyecto señalando que “Mañana ingresará a la Cámara de Diputados con discusión inmediata. Y una vez despachada –esperamos que este mismo lunes- se citará al Senado, para que entre 18:00 y 20:00 horas sea discutida. Posteriormente, el Tribunal Constitucional conocerá la legislación para que esto sea Ley de la República y se implemente el próximo domingo”.

Con este panorama el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, recalcó que la voluntad del gobierno «dar una solución, que se traduce en el proyecto de ley que será discutido mañana en el Congreso, que permite que todos los ciudadanos que así lo deseen, y que esperamos sean muchos, puedan ejercer su sufragio el próximo 23 de octubre y, de esa forma, proceder a elegir a las autoridades comunales en todo el país”.

Jornada con pronóstico reservado

Esta es semana distrital en el Parlamento, y considerando que son los cuatro últimos días de campaña electoral, es clave para diputados y senadores estar junto a los candidatos de sus respectivos distritos. Por este motivo los ministros del gabinete político del gobierno se activaron para poder lograr que las diferentes bancadas estuvieran dispuestas para presentarse a las sesiones de urgencia convocadas para hoy. Esto en coordinación con los presidentes de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y del Senado, Ricardo Lagos Weber.

Junto con lo anterior, ayer al final de la tarde se llevó a cabo una reunión clave para el futuro del proyecto de ley en el Parlamento: Los presidentes de partidos de Chile Vamos se presentaron en La Moneda para recibir de parte de las autoridades de gobierno el detalle del proyecto y consensuar el acuerdo que permita hoy zanjar este asunto. Dado el formato del proyecto, y para que cumpla con los tiempos plateados por el gobierno, debe ser debatido directamente en sala sin pasar por la revisión de alguna comisión – tal como sucede con los «proyectos de ley tradicionales»- y para ello debe existir acuerdo unánime de todas las bancadas.

Al respecto el ministro Vocero señalaba que “esperamos contar no solamente con la buena voluntad expresada por los presidentes del Senado  y la Cámara de Diputados, sino también de los diputados, diputadas, senadores y senadoras para poder despachar en muy breve plazo este proyecto de ley que permite resolver el problema que nos importa hoy”.

«Hemos escuchado los planteamientos de los distintos representantes de Chile Vamos. Tendremos mañana una intensa gestión en el Parlamento y esperamos contar con los votos que permitan aprobar este proyecto de ley, que es una solución que nos ha planteado el Consejo Directivo del Servel, y que permite resolver el problema que se ha generado a propósito de la modificación del domicilio electoral de algunos ciudadanos”, agregó el ministro Díaz a la salida de la reunión.

Llegar a ese acuerdo con la derecha es parte del problema para el gobierno, puesto que esta enmienda tiene rango de ley orgánica constitucional, exige ser aprobada con 4/7 de los votos – 68 diputados y 21 senadores -, votos con los que cuenta en la Cámara Alta, pero que en el caso de los diputados depende de que los parlamentarios independientes se plieguen a la votación de gobierno.  Eso ya es un desafío para La Moneda, dado que los diputados Karla Rubilar y René Saffirio condicionaron su aprobación al cumplimiento de ciertas condiciones y los diputados de Amplitud, Godoy y Browne mantienen en suspenso su postura.

En este sentido, la senadora de Amplitud Lily Pérez señaló que “No queremos que el remedio salga peor que la enfermedad. Sí queremos que todo el mundo sea convocado a votar, que es lo deseable, pero tampoco podemos permitir que existan personas que voten dos veces. Podemos terminar en un fraude electoral producto de una doble votación”.

«Las responsabilidades hay que asumirlas y claramente el director del Registro Civil (Luis Acevedo) es una persona que no tiene las competencias para este cargo. Esperamos que el Gobierno, de una vez por todas, lo asuma y lo saque del cargo como corresponde. Esto es consecuencia de poner a cargos de las instituciones, a personas por su competencia políticas y no por sus competencias profesionales”, concluyó la senadora por la V Región Cordillera.

Desde la derecha la postura no está definida, pero queda claro que cualquier acto de benevolencia hacia la propuesta del gobierno deberá ser recompensada a un alto precio.

«No puede ser que en 24 horas nos obliguen a resolver un tema y que este gobierno, una vez más, por la ineficacia de su gestión, no pueda resolver los problemas por sí mismo. La responsabilidad política tiene que asumirse antes de entrar a la forma. Hemos pedido conocer lo que el gobierno va a realizar en materia de responsabilidades políticas para decidir nuestro voto. No hemos podido hablar con todos nuestros parlamentarios. Estamos en proceso de información». señaló el presidente de la UDI Hernán Larraín, dejando supeditado su apoyo a la posibilidad de que a las autoridades responsables de esta novela se les pida la respectiva renuncia.

Así también lo manifestó, aunque de forma explícita, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, el que a la salida de la reunión señaló que “La ministra de Justicia ha optado por el silencio y por eso le pedimos al gobierno que asuma una responsabilidad administrativa y política. Quienes cometieron los errores deben asumir la responsabilidad dejando sus cargos. Una cosa son las responsabilidades administrativas que se están peloteando el Registro Civil y el Servicio Electoral, lo que encontramos un bochorno, pero nadie asume una responsabilidad política”.

De esta forma el gobierno deberá realizar un verdadero acampe en el Congreso para, primero, asegurar que los plazos dispuestos para la votación se cumplan, y, segundo, para asegurar los votos que permitan aprobar el proyecto, todo esto al menor costo posible. En jerga hospitalaria: el paciente tiene pronóstico reservado.

José Robredo H. 

@joserobredo

El Ciudadano