Toque de queda tras el 27F: A un año del asesinato de David Riquelme en Hualpén

El jueves pasado se cumplió  un año del asesinato de David Riquelme Ruiz, hecho ocurrido en Concepción tras el terremoto, bajo estado de sitio y toque de queda.

David Riquelme era un vecino de la población Armando Alarcón del Canto, en la comuna de Hualpén. Luego del sismo del 27 de febrero, el alcalde de esta comuna, Marcelo Rivera y el diputado (por Talcahuano y Hualpén) Jorge Ulloa, hicieron eufóricos llamados al Gobierno para que “sacara los militares a la calle”. El edil de Hualpén, llegó al límite de soltar llantos, a través de radio Bío Bío, suplicando por esta medida.

Esos días fueron de confusión e incertidumbre para una población que recibía, instante a instante, información equívoca de parte de autoridades e instituciones estatales que demostraron su vacío, su incapacidad para enfrentar un fenómeno natural, que por ineptitud, convirtieron en catástrofe.

Como el Estado no pudo responder a los requerimientos de la población con servicio público, lo hizo con las Fuerzas Armadas (FF.AA). Así, el 28 de febrero se decretó el toque de queda, que autorizó a las FF.AA. y Carabineros a detener a quienes estuvieran en la vía pública en horarios no permitidos.

Resumen conversó con Javier Ahumada, abogado de la familia de David Riquelme y de su amigo Iván Rojas. Cuenta que David estaba junto a Iván cerca de la medianoche del 10 de marzo, fueron a comprar cigarros a una casa cercana, en el trayecto fueron interceptados por infantes de marina, quienes “los tiraron al suelo y de inmediato los comenzaron a golpear”, hecho testificado por una vecina y su hijo que viven frente a ese lugar y que incluso grabaron un video. Actualmente, son unos 14 vecinos que están dispuestos a declarar como testigos.

Después de esta golpiza, los subieron al vehículo y los llevaron al cuartel de la PDI de Talcahuano, mientras los siguieron golpeando en el trayecto. No los dejaron aquí  -narra el abogado- pues el recinto estaba saturado de gente y resolvieron llevarlos a una playa, posiblemente Lenga. En este lugar, maniatados de pies y manos, los siguieron golpeando. David manifestó que la golpiza era excesiva, según recuerda su amigo Iván. Posteriormente los regresaron a la población, tirándolos en una cancha de fútbol.

En ese lugar, Iván ve que David se desploma y cuando “hace el ademán de volverse a ayudar, los marinos le espetan que si no sigue caminando lo van a balear”, afirma el abogado. Luego de eso, los marinos abandonan el lugar y él emprendió el camino hacia su casa a buscar auxilio. El dolor que sentía Iván era de tal intensidad, que el trayecto de dos cuadras, lo hizo en dos horas.

David e Iván gritaron pidiendo auxilio, sin embargo, nadie se atrevió a salir en su ayuda y “cuando Iván puede dar con alguna ayuda, ya era muy tarde. David estaba muerto”, concluye Javier Ahumada.

COARTADA DE LOS INFANTES

Ahumada plantea que los testimonios de los Infantes de Marina, (dos sargentos, un cabo y dos soldados) buscan que “David e Iván se vean como transgresores de tal forma que la acción se viera justificada”.

En este sentido, explica, pidieron un análisis químico para saber si habían consumido alcohol o drogas. También han dicho que los encontraron saltando una pandereta. No obstante, el propietario de esa casa ha dicho que no vio nada, además exhibió dos perros, que son sumamente sensibles al ruido y esa noche no se oyeron ladridos.

También han dicho que no portaban sus documentos, pero el peritaje fotográfico, solicitado por el propio Fiscal Naval, acredita que David sí portaba carnet de identidad.

La autopsia, realizada en el Servicio Médico Legal, arrojó que las heridas internas y externas eran compatibles con fusiles, lo que busca ser negado por la defensa de los imputados del crimen, mediante dos tácticas, que Ahumada explica:

1.- Que el médico Juan Zuchel, quien aplicó la autopsia al cuerpo de David, indique su tendencia política y como es un conocido hombre de izquierda, con un historial de oposición a la Dictadura, sugiriendo que esto gatilló una conclusión tendenciosa. Sin embargo, esta táctica no prosperó, pues no fue aceptada por el Fiscal Naval.

2.- La defensa pagó  un “metaperitaje”. Es decir, contrató a una perito de Santiago, quien, en base a la autopsia de Zuchel, plantea que ésta tiene errores, en tanto “las heridas son compatibles con un elemento contundente, como un auto”. Ahumada, pregunta: ¿Qué automovilista transita en la madrugada, por una cancha de fútbol, en pleno toque de queda?

JUSTICIA NAVAL

El código de Justicia Militar ha constituido una barrera para las víctimas, pues no existe la figura del querellante, por lo tanto las víctimas no pueden presentar querellas, sólo el Fiscal Naval puede hacerlo. Entonces -explica Ahumada- “a nosotros nos ha tocado estar como expectadores” sin que se haya podido exigir ciertos procedimientos que nutrirían más la investigación, que ya fue cerrada.

En estos momentos los cinco infantes de marina están con libertad provisional bajo fianza, que se otorga en razón del desarrollo de la investigación, pagando una fianza de unos 300 mil pesos. Entonces, la justicia naval supone que los imputados acudirán a las citaciones, porque han dejado ese dinero en garantía.

Esta facilidad, se contrapone a la que tienen el resto de los imputados, ya sea por motivos delictuales o políticos, que sufren extensos periodos de prisión preventiva, sin que los tribunales se abran a revisar medidas cautelares, como es el caso de estos cinco infantes de marina.

Estos antecedentes vuelven a plantear la discusión en torno a la aplicación de una Justicia Militar (aquí Justicia Naval) en los casos donde están involucrados civiles. Aunque el Gobierno se comprometió a cambiar esta escandalosa situación mientras los presos políticos mapuches estaban en huelga de hambre, en este caso no ha cambiado nada.

RESPONSABILIDADES

Ahumada cuestiona a las jerarquías de la Marina y a las autoridades políticas, si es que hicieron bien en mandar “a esta gente a cuidar civiles”. En este sentido, personajes como Jorge Ulloa (UDI) y Marcelo Rivera (PPD) -quien afirmó «si hay que disparar, que disparen»- quedan en cuestión, junto a los medios de comunicación que les dieron tribuna.

En cuanto al Estado -plantea Ahumada- éste debe responder por el crimen, pues fueron funcionarios del Estado, quienes proveídos con uniforme, armas y vehículos de éste, quienes llevaron a cabo la acción.

ACUSADOS

-Sargento II Jorge Elgorriaga Lavín

-Sargento II Cristian Martínez Flores

-Cabo II José Caamaño Sepúlveda

-Soldado Ower Valdebenito Navarrete

-Soldado Esteban Muñoz González

Gentileza Periódico Resumen

Región de Concepción