La noche del miércoles, gran parte de los miles de manifestantes que llegaron hasta la Alameda para marchar en contra de la violencia contra la mujer, se detenían a sacarle fotos a la intervención que hizo el gobierno sobre el fontis del palacio presidencial con la frase #NiUnaMenos.
Pero La Moneda tiene dos caras. Esa era la mejor. De mostrarle a los asistentes la otra se encargaba un grupo de mujeres y niñas mapuche que en ese mismo lugar alzaban dos carteles. En uno se leía el nombre de la machi Francisca Linconao; en el otro, el de la comunera mapuche Lorenza Cayuhuán Llebul. La primera tiene 59 años y lleva alrededor de 6 meses siendo encarcelada por estar imputada en el irregular juicio por el incendio que le costó la vida al matrimonio Luchsinger–Mackay. La mujer presenta un cuadro de gastritis crónica, al que se han sumado otras enfermedades durante su reclusión en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco, como hipertensión arterial y lumbago mecanopostural, todo agravado por una paulatina baja de peso.
La segunda, que cumple una condena de 5 años y un día en la cárcel de Arauco por supuestamente haber cometido un robo con intimidación, fue obligada a parir engrillada de los pies y ante la presencia de gendarmes en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán en Concepción, el pasado viernes 14 de octubre.
Dos mujeres violentadas, como ha ocurrido con tantas otras, por el Estado chileno, principalmente por las policías dependientes del Ministerio del Interior de los gobiernos de turno.
De ahí que la intervención en el Palacio de Gobierno sea una acción absolutamente inconsistente e incoherente con la omisión, la indiferencia y la inacción política del Ejecutivo frente a la violencia hacia estas mujeres.
Una manifestación estéril, ajena, lejana, forzada, proyectada frente al rostro de un palacio vacío, frío y lleno de silencio, tanto como el que ha caracterizado la actitud del gobierno en estos casos de violencia de género. Una performance hipócrita, desechable.
Un gesto tan insulso como el que realizó en su cuenta de Twitter la Presidenta Michelle Bachelet en momentos en que la manifestación se iniciaba, y en el que obvió la violencia sufrida por la comunera mapuche que solo hace algunos días había sido obligada a parir engrilla.
La omisión consciente y calculada de la Presidenta respecto a este caso fue también compartida por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, quien participó de la masiva marcha junto a la subsecretaria de la cartera, Bernarda Pérez, y la Directora Nacional de SernamEG, Laura Echeverria. «Solidarizamos absolutamente con todas y cada una de las mujeres que han vivido y viven la violencia de género», aseguró Pascual.
Lo que hace el gobierno de Bachelet, por conveniencia, es reducir la violencia hacia las mujeres solo al femicidio, obviando las variadas formas que esta tiene, sobre todo aquella de la que no se ha querido hacer cargo, como es la ejercida por el Estado contra aquellas que pertenecen a su contraparte en los juicios que sostiene en el marco del conflicto chileno-mapuche.
Pero también es una intervención oportunista, pues no ha sido el gobierno, sino que las organizaciones sociales y parte de la ciudadanía, quienes han conseguido luego de años de trabajo poner el tema del femicidio y la violencia hacia las mujeres en la agenda, y porque, además, se realiza a solo días de una elección municipal en la que probablemente se alcance una de las más bajas participaciones de la historia.
Un oportunismo del gobierno que también ha podido observarse en el lamentable manejo político que ha tenido con el proyecto de despenalización del aborto en tres causales, demorando la suma urgencia para su tramitación, retrasando permanentemente su aprobación. Un escenario que hace pensar que al ser esta una de las iniciativas que cuenta con más adhesión dentro de la ciudadanía, está siendo empujada hacia el final del gobierno de la mandataria, con el objetivo de mermar en parte la baja aprobación con la que cuenta.
Las acciones performáticas del Ejecutivo en el contexto de la movilización por #NiUnaMenos han significado igualmente que sus críticos hayan traído a colación otros episodios de indiferencia de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría frente a casos de violencia hacia la mujer mapuche. Entre ellos, por ejemplo, la indiferencia de Bachelet ante los 112 días que pasó en huelga de hambre la activista por la causa mapuche, Patricia Troncoso, durante el primer período de la mandataria.
Los otros oportunistas
Pero el gobierno no fue el único oportunista que quiso sacar créditos políticos de la genuina marcha #NiUnaMenos. El diputado de Evópoli, Felipe Kast, opositor a la despenalización del aborto en las tres causales, se fue a meter a la movilización de este miércoles, la que tuvo que abandonar rápidamente, luego de que los y las asistentes lo encararan y expulsaran con el histórico grito de «Y…¡fuera!» como música de fondo.
Otro político de derecha que olvidó el rol que históricamente ha cumplido ese sector para entorpecer el avance en el reconocimiento de los derechos vulnerados de las mujeres, fue el presidente de la UDI, Hernán Larraín. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Twitter.
Adherimos a campaña contra femicidio y desigualdades que afectan a la mujer, seguiremos legislando para ello. Solidarizamos con #NiUnaMenos pic.twitter.com/l6Yd0miHsh
— Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) 19 de octubre de 2016
Y uno que de verdad perdió la brújula e intentó igualmente aprovecharse de la masiva sintonía ciudadana con la demanda de #NiUnaMenos, fue el ex ministro del Interior, el DC Jorge Burgos, quien en su cuenta de Twitter colgó una fotografía suya junto al siguiente texto: “Mi solidaridad con las mujeres víctimas de violencia de género”.
Como era de esperar, a Burgos se le realizó un ejercicio de ayudamemoria y rápidamente se le recordó su lamentable intervención como subsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos frente al asesinato de 14 mujeres durante los años 1998 y 2001 en la localidad de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. Entonces, Burgos descartó que los crímenes fueran cometidos por una sola persona, que posteriormente resultó ser Julio Pérez Silva, adhiriendo a la tesis de que las jóvenes habían desaparecido tras abandonar el hogar y motivadas básicamente por “situaciones de violencia intrafamiliar, promiscuidad y extrema pobreza”.
Daniel Labbé Yáñez