Con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional quedó el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, tras su formalización en el marco de la investigación penal por las eventuales irregularidades ocurridas en la licitación del litio mediante el llamado Contrato de Operaciones Especiales (CEOL), que se adjudicó SQM en 2012 y que ese mismo año se invalidó.
En la audiencia, realizada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Oriente imputó al ex subsecretario de Minería el delito de falsificación de instrumento público por el proceso de oferta pública que se realizó durante el gobierno de Piñera.
A la salida del tribunal, el fiscal de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo, afirmó que la acción legal llevada a cabo por el Ministerio Público se sustenta en que “las declaraciones que se realizan en el documento ( de la licitación) son falsas, la declaración que el comité encargado del tema se había reunido el 14 de septiembre y que la declaración que los oferentes, incluido SQM era falsa y por lo tanto, se configura el delito de falsificación de instrumento público”.
Por otra parte, el persecutor informó que las penas respecto del ilícito son bajas por lo que se “pidió medidas cautelares proporcionales” respecto del delito.
Consultado sobre los argumentos de la defensa Wagner, quien aseguró que el ex subsecretario no se encontraba en las reuniones previas, sino Jimena Bronfman, ex jefa de jurídica de Minería, en los días que se perpetró el presunto ilícito sostuvo que «evidentemente la responsabilidad recae contra quienes suscribieron el documento, por eso la formalización se realizó contra Wagner y Bronfman”, sostuvo.
Para el abogado defensor, Sergio Rodríguez, aquí «no hay delito alguno, no se ha cometido ninguna falsedad, la empresa como tal no tenía litigios (…) de hecho la Contraloría General de la República ha señalado que no hay claridad sobre la materia».