Durante la jornada de ayer, en medio del silencio y la floja cobertura de los medios tradicionales, los pescadores artesanales levantaron una amplia movilización a lo largo del país para exigir al gobierno la anulación de la Ley de Pesca, más conocida como Ley Longueira.
A través de marchas, cortes de ruta y barricadas que se replicaron desde el norte al sur de Chile, el gremio expresó su unidad y la decisión de poner fin a la normativa, a la que han catalogado como el emblema de la corrupción.
Los pescadores artesanales decidió retomar su protestas luego de que la FAO entregara un informe a Bachelet con el análisis sobre la polémica ley, que para ellos es totalmente insuficiente, como expresó el dirigente de a Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar), Hernán Cortés: «Esto es un saludo a la bandera, un maquillaje que le quieren hacer a esta ley corrupta para que internacionalmente nos vean mejor, pero ya todo el mundo sabe que en Chile hay corrupción y se llama Ley Longueira«.
En opinión de los trabajadores del mar, el informe entregado por la FAO no se refiere a temas claves de la ley, como los mecanismos de licitación, el impedimiento al acceso de las 5 millas marinas por parte de bancos industriales o la determinación equitativa de cuotas de captura.
Por ello, están decididos a radicalizar las protestas en el marco de un intrincado escenario político para la Nueva Mayoría, una coalición que durante las pasadas elecciones municipales pagó muy alto el costo de estos escándalos y cuya situación podría empeorar.
«La movilización de hoy tiene el objetivo de pedirle a la Presidenta que en este último período haga las gestiones necesarias para anular esta ley y que no sigan pagando los costos, porque los alcaldes costeros que dieron su apoyo a la ley, como aquí, en Coronel y en Arica, perdieron su alcaldía. Van a seguir pagando costos si no toman el sartén por el mango», enfatizó el dirigente pesquero.
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME DE LA FAO?
La FAO hizo entrega de un documento con alcances y reflexiones profundas sobre el recurso marino pesquero, con el objetivo de conocer, analizar y comprender si esta ley es apta para las futuras generaciones.
El organismo que pertenece a las Naciones Unidas especificó y elaboró estos alcances a partir de estándares internacionales, realizando duras críticas a la normativa chilena. En este sentido, este organismo internacional recientemente ha elaborado un código de conducta responsable pesquera con el objetivo de conservar los recursos marítimos.
La representante en Chile de la FAO Eve Crowley consignó en una entrevista con CNN algunas de las reflexiones sobre la situación actual de la pesca en Chile, refiriéndose a los derechos, la distribución las cuotas y las concesiones:
“El consumo debe ser prioridad nacional, esta ley no tiene referencia específica hacia los derechos a los pueblos indígenas, en este sentido a nivel internacional estos derechos son adquiridos y deben reconocerse. En relación a las cuotas y concesiones se deben respetar un modo de asignación por recién llegados, derechos históricos y las subastas, este es un gran problema porque en Chile existe una mala distribución e inequidad social al respecto”, señaló.
Por lo tanto, Crowley expresa que cambiar esta es una decisión de Estado e implica nuevos parámetros sobre pescadores artesanales e industriales: «Este país necesita un marco diferenciado entre el reconocimiento y la diferencia entre quienes son pescadores artesanales e industriales”.
PESCADORES SE EXPRESARON EN TODO CHILE
En Arica, los pescadores denuncian que Corpesca acapara cerca del 85% de la cuota de captura de anchoveta, invadiendo diariamente las 5 millas marinas establecidas de forma exclusiva para los trabajadores de las caletas del norte. Así, son más de 1.500 las familias afectadas por el monopolio que Corpesca y la gran industria poseen sobre los recursos de la región.
Guido Rojas, secretario del Sindicato de Pescadores de Arica, señaló que «el día de hoy nos movilizamos 300 personas por la anulación de la ley de pesca, nos reunimos los sindicatos de tripulantes artesanales, buzos mariscadores y de pescadores de altura».
El dirigente enfatizó que la razón principal para exigir la anulación de la ley es que «fue hecha en base a corrupción, debido a que esta ley fue en base a cohecho, por lo tanto fue una ley comprada, no es una ley que beneficie a los pescadores, nos está causando la muerte a nivel nacional».
La misma situación se extendió en diversas regiones del norte, con amplias protestas en regiones como Iquique -donde algunos trabajadores resultaron lesionados por el accionar de la policía-, Antofagasta, Coquimbo y San Antonio. En Valparaíso las protestas se radicalizaron desde muy temprano con barricadas en Caleta Portales. Al respecto, el vocero Eduardo Quiroz denunció que las pesca de arrastre ha traído numerosos problemas económicos para los trabajadores dedicados a este rubro. Según el dirigente, pueden pasar largos meses sin actividad por la inexistencia de recursos.
Como en otras protestas de pescadores ocurridas en la V Región, se registraron fuertes enfrentamientos con Fuerzas Especiales de Carabineros que obligaron a cerrar el metro por varios minutos. En tanto, Lebu, Coronel, Lota y el sector del Pilpilco y Horcones, frente a la Celulosa Arauco, fueron otros puntos de movilización amplia de los trabajadores, que contaban con autonomía a la hora de planificar sus métodos y horario de protesta durante la jornada.
MOVILIZACIONES CONTINÚAN HASTA QUE SE ANULE LA LEY
En Santiago, los trabajadores del Terminal Pesquero de Lo Espejo, que aseguran ser asediados con fiscalizaciones y multas como consecuencia de la cuestionada ley, también se manifestaron con barricadas. Además, marcharon desde Plaza de Armas hasta Alameda a eso de las 18 horas.
Durante la tarde, pese a que la protesta mantuvo una amplia convocatoria nacional, los dirigentes de la pesca se quejaron de la poca cobertura de los medios y algunos recordaron las palabras del senador Manuel José Ossandón, quien también señaló que «es evidente que la Ley de Pesca fue manoseada».
«Esta ley ha desprestigiado a la clase política chilena. Creo que la Presidenta debe tener coraje no más para poder decir ya, vamos a terminar con esta ley. Creo que debería hacerlo antes de que termine su período», enfatizó el dirigente de Chiloé, Sergio Mayorga.
Por su parte, el dirigente de Fenaspar, Hernán Cortés, enfatizó que seguirán movilizándose hasta que la ley sea anulada y para ello cuentan con el respaldo total del gremio a lo largo de Chile.
«Es una ley que hay que anular sí o sí, ya no es admitible ninguna excusa, el gobierno de Bachelet está pasando a ser cómplice de que esté funcionando en Chile una ley ilegal, que a todas luces fue creada mediante la corrupción», cerró.
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