La firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana así como su refrendación en las urnas eran inevitables. Al menos así parecían serlo para una buena parte de los medios y las redes sociales hasta la tarde del 2 de Octubre de 2016. Un poco antes de esa fecha, durante mis visitas entre 2013 y 2015 a distintos Centros de Atención de Víctimas del conflicto armado (Unidades de Atención y Orientación, Centros Dignificar, Centros Regionales), fui testigo de la forma en que la cotidianidad de habitantes de ciudades como Bogotá, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Medellín, Cali y Pasto con frecuencia era bombardeada por campañas informativas y eventos organizados por entidades estatales y privadas. Dentro de las movilizaciones mediáticas, resultaban particularmente notables las emblemáticas marchas con el poderoso eslogan “Todos unidos por las Víctimas” que se han realizado a lo largo del país cada 9 de Abril, celebrado desde 2012 como el Día Nacional de las Víctimas del conflicto armado. La congregación de distintos sectores del país se ha concentrado en acaudalados ríos de personas vistiendo camisetas blancas, actores gubernamentales y representantes de partidos políticos que vociferan narrativas en favor de los derechos de las víctimas, de su reconocimiento y reparación en tanto requisitos para la paz.
Marcha nacional por las Víctimas en la Plaza de Bolívar de Bogotá (09/04/2012) Fuente: Diario El Universal (08-04-2013)
Estas narrativas de paz que nos convocan a millones de colombianos han sido inevitablemente atravesadas por el lenguaje estatal de las cifras. Particularmente, los 8.190.451 de personas registradas oficialmente como víctimas del conflicto armado en Colombia en los últimos 4 años, se han convertido en caracteres centrales en el lenguaje del llamado post-conflicto. Otras cifras que se han sumado a dichas narrativas de paz y postconflicto incluyen: 1.642.394 víctimas directas de desaparición forzada, 290.349 reclamantes registrados por sentencias de jueces, y mas de 590.000 personas que han recibido medidas de reparación (índice de reparación hasta Abril de 2016). En este punto nos podemos preguntar por la relación de los anteriores eventos con los ESCT (estudios sociales de la ciencia y la tecnología o STS en inglés). Es convicción de quien escribe, que el papel de quienes buscamos problematizar el conocimiento experto y la tecnología como objetos políticos y sociales es crucial en escenarios como el denominado posconflicto en Colombia y la política de restitución de derechos que lo sustenta. Tal convicción ha orientado en el pasado preguntas como: ¿En qué consiste registrar víctimas? ¿Qué tecnologías materializan la existencia y la reparación de víctimas para el Estado colombiano? ¿De qué forma dichas tecnologías permiten convocatorias masivas en torno a las víctimas y narrativas de “post-conflicto”? y ¿Cuales son las secuencias técnicas e infraestructuras que transforman plantillas de declaración en cifras oficiales?
Aunque el abordaje de las anteriores preguntas excede el propósito de este artículo, distintos trabajos en localidades latinoamericanas ofrecen valiosas rutas para ahondar en dichos cuestionamientos. En este sentido, he podido pensar especialmente con los estudios de Kregg Hetherington sobre la burocracia en Paraguay, Olga Restrepo y Malcolm Ashmore acerca de los sistemas notariales y la cédula en Colombia, y Pablo Jaramillo en torno a las tecnologías estatales de reparación en comunidades Wayuu en Colombia. Los anteriores trabajos cuestionan el papel del conocimiento experto, la producción documental y las intervenciones del estado desde el abordaje de su propia materialidad. Lo anterior junto con algunas de las categorías propuestas por Geoffrey Bowker y Susan Leigh Star, Steve Brown y Dimitris Papadopoulos sobre prácticas de cuantificación, infraestructuras de anclaje y tecnociencia alternativa, me han permitido sugerir una relectura desde los ESCT de los procedimientos de restitución de derechos en Colombia y, mas recientemente, de los mecanismos de refrendación de los acuerdos de la Habana.
Igualmente, trabajos sobre latinoamérica como los desarrollados por Lindsay Smith acerca del papel de la genética como herramienta para la justicia social, Eden Medina en torno del uso de técnicas forenses de ADN en la identificación post-mortem de víctimas de la dictadura chilena, Laura Tejero sobre el registro estatal de víctimas de la dictadura en Perú, son algunos de los trabajos que ilustran una relectura ESCT de la restitución de derechos. De forma semejante desde su innovador proyecto, el equipo interdisciplinar liderado por Oriana Bernasconi en la Universidad Alberto Hurtado busca establecer una genealogía sociotécnica de los dispositivos de denuncia durante la dictadura en Chile. En particular diálogo con el trabajo de Oriana, hemos podido convocar algunos espacios de discusión sobre las posibles revisionesde la restitución de derechos desde los ESCT. Una muestra reciente de estas discusiones tuvo lugar en la reciente reunión conjunta 4S/EASST en Barcelona el pasado Septiembre con un panel sobre derechos humanos y ESCT. Junto con este grupo creciente de investigadores creemos que la potencialidad de los abordajes ESCT en estas áreas es prometedora, llena de retos y preguntas para las distintas localidades en latinoamérica.
Desde una relectura ESCT del caso colombiano, las narrativas de posconflicto y los números que la conforman se originan en las prácticas de registro y cuantificación que empiezan en los centros de asistencia del país. En dichos centros resulta casi aprehensible como el diligenciamiento de los formatos traduce experiencias de dolor en códigos y narrativas estandarizadas. Una vez diligenciados, los formatos son evaluados por profesionales psicosociales a partir de su consistencia con bases de datos estatales. Esta consistencia entre la versión del conflicto armado narrada por los declarantes y la ofrecida por el Estado colombiano es el principal criterio técnico de inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV). Así, la evaluación de los formatos produce las cifras mencionadas anteriormente que articulan la reciente narrativa de restitución de derechos en Colombia. Cuando se trata de procedimientos administrativos de evaluación experta, el estatus de Víctima se convierte en un asunto sociotécnico y los declarantes son reconfigurados dentro de una nueva forma de orden ciudadano que condiciona su acceso a distintos beneficios y compensaciones. De esta forma, la actual cifra de 8.190.451, al igual que otras cifras, puede ser entendida como un arreglo heterogéneo conformado por bases de datos, formatos, diligenciadores, evaluadores y declarantes que define los límites del reconocimiento estatal. Aunque el registro no establece los límites del Estado Colombiano, si materializa las fronteras de su proyecto de restitución de derechos que controla el acceso a beneficios de quienes deben asumir formas innegociables de organización en sus vidas diarias.
La elaboración de números e indicadores atraviesa casi todos los escenarios de restitución de derechos en Colombia. Los Planes de Asistencia, Atencion y Reparación Integral (PAARI), la entrega de compensaciones, los proyectos productivos, las estrategias de atención psicosocial, el desminado y la restitución de tierras, entre otras. Más que ser vehículos de gobierno, los números circulan, producen y materializan la gobernanza. Estos números que articulan narrativas estatales de post-conflicto y paz, también transforman experiencias de dolor y los traducen en narrativas estandarizadas, cajas de cartón conteniendo miles de formatos, bases de datos, versiones oficiales de restitución de derechos, protocolos psicosociales diligenciados, mapas, índices de riesgo de victimización, entre otros objetos. Los números se convierten entonces en formas oligópticas de conocimiento, lo suficientemente precisas sobre la demografía de los declarantes, pero totalmente simplistas en relación con sus experiencias de dolor. El dolor y su alcance en la vida de quienes lo encarnan resultan desplazados e invisibilizados por el proyecto de restitución de derechos en Colombia.
En otro espacio de este mismo blog, Lina Pinto García nos invita a pensar en la ciencia que se ha hecho en tiempos de guerra antes de hablar de una ciencia para la paz. Una relectura de la restitución de derechos y las narrativas de paz puede consistir también en problematizar aquellos objetos técnicos y discursos expertos que precisamente hacen posible promover dichas narrativas. Esta invitación cimentada en los recursos de los ESCT pone su lente en la traducción sociotécnica del dolor generado por la violencia, la conformación de infraestructuras de gobernanza, la reconfiguración de los estados a partir de la restitución de derechos y los usos que representantes estatales hacen de las cifras oficiales como objetos de experticia. De la misma forma, esta relectura debería dar cuenta de los actantes/actores silenciados y despojados de agencia en tales ensamblados además de posicionar las formas técnico-materiales de reparación desarrolladas por actores que exceden los proyectos modernos de restitución. En el caso colombiano, he tenido el privilegio de acompañar algunas experiencias de arreglos sociotécnicos alternativos que resultan exitosamente en proyectos de desarrollo comunitario, museos ambulantes de memoria, estrategias colectivas de manejo del dolor, formas materiales y cotidianas de justicia y movimientos sociales que enfrentan el sistema burocrático de registro y reparación.
Resultados preconteo del plebiscito del 2 de Octubre de 2016. Fuente Registraduria Nacional del Estado Civil
De forma más reciente pero como parte de la misma relectura desde los ESCT podríamos preguntarnos: ¿Qué puede decirse entonces de los resultados del plebiscito por los acuerdos en Colombia? De manera semejante al de las cifras de restitución de derechos pero antagónica en su resultado político, el lenguaje de las cifras se convirtió también en un factor determinante en el plebiscito del pasado 2 de Octubre en la refrendación de los acuerdos de la Habana. El primer conteo de las 4:10 pm mostraba el SI como ganador de la contienda. Sin embargo, la tendencia cambió decisivamente a las 4:50 pm favoreciendo el NO con un 50.16%. Hacia las 9 pm, la campaña del SÍ perdio con un 49,78% (6.377.482 votos) contra un 50,21% (6.431.376 votos) del NO. ¿De qué manera 6.431.376 votos, un número inferior al de víctimas reconocidas, determinaron la refrendación de los acuerdos en un país con más de 48 millones de habitantes de los cuales 32.795.962 se encuentran habilitados para votar? Valdría la pena indagar por los mecanismos sociotécnicos de refrendación de los acuerdos, las tecnologías que materializan democracia, y quizás de forma más específica preguntar: ¿Cuáles son las secuencias técnicas e infraestructuras que transforman votos de papel en porcentajes de refrendación? Aunque la resolución de dichas preguntas requiere abordajes empíricos del despliegue y uso de los números, un aspecto resulta claro al menos a partir de las cifras de votos. Análisis preliminares fundados en el mismo lenguaje de las cifras hechos por los economistas Leonardo Fergusson y Carlos Molina, como parte de la iniciativa Miscelánea de la Paz, sugieren de forma general que el principal apoyo al NO provino de regiones donde ha habido menos reportes de desplazamiento forzado y se tienen más recursos económicos. Así como los objetos sociotécnicos del proyecto de restitución de derechos en Colombia desplazan e invisibilizan experiencias de dolor y versiones alternas del conflicto armado, los mecanismos democráticos de refrendación de los acuerdos también parecen desplazar e invisibilizar la voz de aquellos que apoyan los acuerdos a pesar de haber experimentado el dolor de primera mano. Quizás un abordaje de las tecnologías de participación democrática nos permita entender con mayor profundidad tales resultados y pensar en arreglos altenativos que visibilicen las voces de quienes encarnanel dolor causado por la violencia y el actual conflicto en Colombia.
Fredy Mora-Gámez
Ph University of Leicester
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