Una delegación de autoridades y representantes comunitarios de la localidad de El Durazno, se trasladó desde Combarbalá a Santiago para sostener una reunión con el Director Nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, acordada mediante Ley de Lobby. Aprovecharon el viaje para dirigirse al Instituto Nacional de Derechos Humanos y entregar una carta dando cuenta de la vulneración de derechos que está protagonizando el gobierno en su territorio.
Acompañados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), los dirigentes manifestaron en ambas instancias la improcedencia de construir un embalse sobre su pueblo, no solo porque los estudios de factibilidad son inconsistentes, sino que, y sobre todo, porque supone inundar el pueblo El Durazno, caracterizado por ser una reserva ecológica que ha sabido conservar flora y fauna en peligro de extinción, poseer un patrimonio arqueológico invaluable y escasamente reconocido, mantener las tradiciones campesinas, cuidar celosamente la tranquilidad que comparten cada verano con cientos de visitantes que en encuentran en las riberas del pueblo un lugar privilegiado para el descanso y la conexión con la naturaleza.
No obstante esto, el gobierno ha insistido en priorizar este embalse en beneficio de dos empresas agrícolas que operan en el territorio y que concentran el 83% de las acciones de agua del río. Tan escandalosa es la colusión en este caso, que empleados de las agrícolas han aparecido distribuyendo citaciones de reparticiones gubernamentales, o el gobierno ha internalizado como argumento de esta obra pública la pretensión de quintuplicar el área de cultivo de las empresas. De hecho, al entrar al edificio del MOP para asistir a la cita pactada con Reinaldo Fuentealba, se encontraron con el empresario José Miguel Bauzá, de una de las agrícolas comprometidas con el embalse que salía de una entrevista en la Dirección.
La delegación territorial fue recibida por funcionarios de la DOH, pero manifestaron con claridad que la audiencia no era con ellos y esperaron más de media hora hasta que se presentara el señor Fuentealba. En diálogo con la autoridad, exigieron explicación sobre el hostigamiento que estaban propiciando los funcionarios públicos en el territorio, la impresentable presión sicológica sobre los vecinos y sobre todo, lo absurdo de priorizar mediáticamente un embalse que no cuenta con las condiciones mínimas para llegar a buen término. El director manifestó no tener antecedentes de los asuntos mencionados y se comprometió a reunirse en un plazo máximo de tres semanas con la delegación para dar respuesta a las inquietudes planteadas.
En la misma línea, el INDH manifestó preocupación por la situación que está viviendo el territorio, comprometió un seguimiento activo del caso, y siguiendo la solicitud de la comunidad, dijo que evaluaría la posibilidad de realizar una misión de observación en terreno si persiste el apremio ilegítimo del gobierno sobre el territorio y su gente.
El Ciudadano
Foto: Río Cogotí
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