El oficialismo se mira el ombligo: comité político en La Moneda mientras el país exige fin a las AFP

Créditos foto: @Camilafigueroaaw

Para el mediodía quedó programado el comité político en el Palacio de La Moneda, que reúne a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría con los ministros de gobierno. La cita implica la reincorporación de la Democracia Cristiana a esta instancia, luego de su alejamiento producido después de los resultados de las elecciones municipales del pasado 23 de octubre. Sin embargo, el paro nacional contra las AFP convocado para esta jornada, parece resultar indiferente para el conglomerado oficialista.

La telenovela protagonizada por la Falange ha durado más de 10 días, buena parte de los medios de comunicación han dado cuerda al culebrón, mientras que el paro nacional productivo no aparece en boca de los dirigentes de la Nueva Mayoría, aun cuando la demanda por un cambio al sistema de pensiones es una de las que más convoca a la ciudadanía. Basta tomar nota de las multitudinarias marchas familiares del 24 de julio, 21 de agosto y 16 de octubre.

Para Patricio Medina, vocero CONFECH, organización que adhirió al paro nacional, los representantes del conglomerado oficialista “se reúnen sin propuestas concretas para solucionar el conflicto, sino como un manejo de conflicto, en términos de desviar la atención. El gobierno no tiene la intención, ni el piso político, para poder escuchar las demandas»

En conversación con El Ciudadano, Esteban Maturana, presidente de la CONFUSAM, una de las organizaciones integrantes de la Coordinadora No+AFP, plantea que “el gobierno pretende eludir el problema de fondo, que es el sistema previsional. El día de hoy se está expresando la rabia contenida, la impotencia ciudadana».

GOBIERNO CON LAS GAFAS DE LA CRIMINALIZACIÓN

El gobierno se pronunció durante esta mañana, sin embargo, lo ha hecho desde la perspectiva de la seguridad y la criminalización. En un punto de prensa, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, anunció la presentación de querellas por desórdenes públicos y la quema de dos buses del Transantiago.

“Vamos a presentar las querellas que corresponda, sobre todo en la quema de dos buses del Transantiago en la Región Metropolitana”, afirmó Aleuy, añadiendo que “todos los chilenos tienen derecho a manifestarse en lo que ellos consideran sus legitimas reivindicaciones, pero es inadecuado que eso genere problemas al resto de los ciudadanos del país”.

Esteban Maturana sostiene que desde el gobierno “pueden hacer todas las querellas que estimen pertinentes, pero la violencia no es parte de nuestra estrategia. Eso ocurre porque el gobierno no ha sido capaz de responder a las demandas ciudadanas, hizo un compromiso con la Coordinadora y no lo ha respondido».

En línea con el discurso de Aleuy, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló que “cuando uno convoca una paralización, tiene que tener conciencia de que estas son las cosas que pasan y tiene que hacerse cargo. Porque de lo que estamos hablando hoy no es del fondo de la protesta, no es del fondo de la propuesta, sino de la quema de micros, del bloqueo, de las barricadas, que generan perturbación en la vida cotidiana de los chilenos».

Concentración en Plaza de Armas de Santiago. Créditos @alexmolina

Patricio Medina compara la estrategia del gobierno empleada con el movimiento estudiantil, orientada a resaltar los hechos de violencia por sobre el debate sobre el modelo educacional, profundamente cuestionado a partir del 2011.

«Lamentablemente, el gobierno logró criminalizar la protesta del movimiento estudiantil durante este año. Estamos viendo que están haciendo lo mismo con la demanda de No+AFP, cuando el gobierno es el intransigente, porque no contestan las propuestas. Sin embargo, esta es una demanda mucho más ciudadana y masiva y es probable que el gobierno no logre su objetivo», explica.

Es evidente que el tratamiento del paro, por parte del gobierno, se centra en la represión y en el conteo de cortes de calle, pero adolece del evidente cariz político del cuestionamiento al sistema de capitalización individual, íntimamente vinculado con el modelo económico impuesto en dictadura. Pareciera que desde la administración bacheletista se contentan con la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece un reajuste extraordinario de 10% al monto de la Pensión Básica Solidaria, hecho ocurrido esta semana.